JAVIER CORRAL JURADONo se ha puesto en duda ni el mandamiento legal ni la conveniencia política de que México cuente con un Registro Nacional de Población debidamente integrado, y con una cédula que fehacientemente identifique a los ciudadanos. Diversos actores políticos y sociales comparten la idea de que el instrumento es necesario, y entre los beneficios que puede generar está la seguridad nacional. Tan es así que el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad para 2011 lo marcó como uno de sus compromisos primordiales: modernización de procesos a través de la conformación de datos que dé lugar al Servicio Nacional de Identificación Personal.
Por eso la Cámara de los Diputados resolvió asignarle los recursos necesarios para cumplir con las etapas del proyecto planteadas para el año que entra, y dejó pendiente la expedición del documento plástico.
Las preocupaciones están en otro sentido y son muy atendibles; dejarlas a la deriva puede ocasionar que un proyecto relevante como éste sucumba por el cuestionamiento y la desconfianza nata del peculiar desarrollo político que hemos tenido en nuestro país.
Se advierte que la cédula de identidad ciudadana pueda entrar en colisión con la credencial de elector y, lo que es más grave, que desanime la inscripción de los ciudadanos en el padrón electoral; luego se señalan las insuficiencias legales que existen en materia de protección de datos personales y la preocupación porque una base de datos que contará con los principales elementos biométricos de todos los ciudadanos se administre por la Segob.
En la mayoría de los países que cuentan con esta identificación única son los ministerios del Interior los que la conforman y operan. Se hace pertinente que, sin crear más instancias burocráticas, se pueda determinar dentro de la administración pública federal una entidad más “neutral”. El INEGI puede ser el espacio idóneo. Lo podría ser el mismo IFE, y hacia allá debiéramos enfocar la mirada.
Esto implica un nuevo arreglo constitucional y legal pues, como bien lo ha señalado Jorge Alcocer, el transitorio segundo de la reforma constitucional electoral del 4 de abril de 1990, vigente a nuestros días, establece: “En tanto no se establezca el servicio del Registro Nacional Ciudadano, los ciudadanos deberán inscribirse en los padrones electorales”.
Mientras esa reforma constitucional y legal se produce —no hay la menor duda de que debemos llevarla a cabo—, la coordinación entre el IFE, el IFAI y la Segob se hace indispensable. En medio del proceso para expedir la cédula de identidad están valores democráticos muy caros: la confiabilidad del instrumento fundamental de nuestros procesos electorales y la debida salvaguarda de la información personal.
Debe convenirse entre el IFE y la Segob la expedición de una cédula de identidad ciudadana que sea a la vez credencial para votar, sustentada jurídicamente en la Ley General de Población (LGP), y bajo estrictas reglas de confidencialidad a partir de criterios acordados con el IFAI.
La actualización del padrón electoral iniciará el 15 de enero próximo y no conviene la indefinición de esta cooperación interinstitucional que, por un lado, evitará duplicidades, conflictos de competencia y una elevada inversión en la operación de programas respectivos.
Despejar sombras en la expedición de la cédula permitirá que los ciudadanos participen en ella. Se podrá apreciar con más claridad que los sistemas tendientes a la identificación de las y los mexicanos reportarían beneficios tales como: agilización de trámites, impedir la duplicación de requisitos, facilitar la recaudación fiscal de los tres órdenes de gobierno, políticas públicas y programas sociales más eficientes; identificación expedita de personas que otorgue seguridad a sus patrimonios, la protección de los mexicanos en el exterior y, de manera muy especial, la identificación de niños y menores.
Que el IFE expida la cédula es también reconocer esa función, pues la credencial para votar con fotografía goza de amplia aceptación y confianza para la identificación en la realización de diferentes trámites, además del ejercicio del sufragio. La experiencia del IFE es de singular relevancia y confiabilidad. De hecho, la credencial para votar con fotografía ha tomado el carácter de un instrumento equiparable a una cédula de identidad. Sería un enorme despropósito no convenir y conciliar la tarea.
Por eso la Cámara de los Diputados resolvió asignarle los recursos necesarios para cumplir con las etapas del proyecto planteadas para el año que entra, y dejó pendiente la expedición del documento plástico.
Las preocupaciones están en otro sentido y son muy atendibles; dejarlas a la deriva puede ocasionar que un proyecto relevante como éste sucumba por el cuestionamiento y la desconfianza nata del peculiar desarrollo político que hemos tenido en nuestro país.
Se advierte que la cédula de identidad ciudadana pueda entrar en colisión con la credencial de elector y, lo que es más grave, que desanime la inscripción de los ciudadanos en el padrón electoral; luego se señalan las insuficiencias legales que existen en materia de protección de datos personales y la preocupación porque una base de datos que contará con los principales elementos biométricos de todos los ciudadanos se administre por la Segob.
En la mayoría de los países que cuentan con esta identificación única son los ministerios del Interior los que la conforman y operan. Se hace pertinente que, sin crear más instancias burocráticas, se pueda determinar dentro de la administración pública federal una entidad más “neutral”. El INEGI puede ser el espacio idóneo. Lo podría ser el mismo IFE, y hacia allá debiéramos enfocar la mirada.
Esto implica un nuevo arreglo constitucional y legal pues, como bien lo ha señalado Jorge Alcocer, el transitorio segundo de la reforma constitucional electoral del 4 de abril de 1990, vigente a nuestros días, establece: “En tanto no se establezca el servicio del Registro Nacional Ciudadano, los ciudadanos deberán inscribirse en los padrones electorales”.
Mientras esa reforma constitucional y legal se produce —no hay la menor duda de que debemos llevarla a cabo—, la coordinación entre el IFE, el IFAI y la Segob se hace indispensable. En medio del proceso para expedir la cédula de identidad están valores democráticos muy caros: la confiabilidad del instrumento fundamental de nuestros procesos electorales y la debida salvaguarda de la información personal.
Debe convenirse entre el IFE y la Segob la expedición de una cédula de identidad ciudadana que sea a la vez credencial para votar, sustentada jurídicamente en la Ley General de Población (LGP), y bajo estrictas reglas de confidencialidad a partir de criterios acordados con el IFAI.
La actualización del padrón electoral iniciará el 15 de enero próximo y no conviene la indefinición de esta cooperación interinstitucional que, por un lado, evitará duplicidades, conflictos de competencia y una elevada inversión en la operación de programas respectivos.
Despejar sombras en la expedición de la cédula permitirá que los ciudadanos participen en ella. Se podrá apreciar con más claridad que los sistemas tendientes a la identificación de las y los mexicanos reportarían beneficios tales como: agilización de trámites, impedir la duplicación de requisitos, facilitar la recaudación fiscal de los tres órdenes de gobierno, políticas públicas y programas sociales más eficientes; identificación expedita de personas que otorgue seguridad a sus patrimonios, la protección de los mexicanos en el exterior y, de manera muy especial, la identificación de niños y menores.
Que el IFE expida la cédula es también reconocer esa función, pues la credencial para votar con fotografía goza de amplia aceptación y confianza para la identificación en la realización de diferentes trámites, además del ejercicio del sufragio. La experiencia del IFE es de singular relevancia y confiabilidad. De hecho, la credencial para votar con fotografía ha tomado el carácter de un instrumento equiparable a una cédula de identidad. Sería un enorme despropósito no convenir y conciliar la tarea.
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