miércoles, 28 de abril de 2010

ESTAMPITAS ELECTORALES

JORGE ALCOCER VILLANUEVA

El candidato del PRI para alcalde de Ahucatlán, Puebla, Juan Luis Pérez Pastrana, aparece en su propaganda con sombrero, nada tendría de raro para quien aspira a encabezar un ayuntamiento predominantemente rural, sólo que el frente de su sombrero ostenta una llamativa "Z" y una placa que dice "EL CARTEL". La secretaria general del PRI poblano justifica el hecho diciendo que la "Z" es una muestra de apoyo al candidato a gobernador, de apellido materno "Zavala" y que "la placa es la marca del sombrero". Mientras las autoridades electorales discuten qué hacer, los niños se ríen del chiste. El año pasado los partidos se comprometieron a blindar sus campañas electorales para protegerse de la influencia de los cárteles de la droga; hoy, un candidato del PRI decide vincular su imagen al cártel de los Z.En Quintana Roo la ley electoral local impide a los precandidatos únicos realizar actos de precampaña; para burlarla, tanto el PRI como el PRD registraron sendos precandidatos de paja a fin de permitir que Roberto Borge y Gregorio Sánchez, candidatos a gobernador por sus respectivos partidos, realizaran actos anticipados de campaña. Sólo que al PRD se le cayó el teatrito pues el patiño decidió declinar y dejó colgado de la brocha a Greg, al que la Sala Superior del TEPJF ordenó, el pasado viernes, retirar la costosa propaganda con la que saturó camiones de pasajeros y espectaculares en todo el estado. Habrá que ver la nueva argucia del extraño candidato perredista, principal sospechoso de ser el autor intelectual de los centros de espionaje localizados por el Ejército en Cancún, y además condenado por un juzgado federal a pagar la deuda que por varios millones de dólares contrajo con un empresario privado para financiar la parte final de su anterior campaña, cuando ganó la alcaldía de Benito Juárez, violando el tope de gasto y ocultando a la autoridad electoral ese ingreso.A pedido de Andrés Manuel López Obrador, la dirección ejecutiva nacional del PT decidió retirarse de las coaliciones electorales en las que formen parte el PRI o el PAN, por considerar "que ambos partidos integran el bloque conservador y representan los mismos intereses de la oligarquía en el poder", dijo el coordinador de los diputados petistas en San Lázaro. La excepción es Oaxaca, en donde mantendrán su participación en la coalición, de la que forman parte el PRD y el PAN, que postula al senador Gabino Cué como candidato a gobernador. La decisión petista abre un compás de incertidumbre en Hidalgo, Sinaloa y Quintana Roo, no tanto por la fuerza electoral de ese partido, sino por la posibilidad de que decida postular candidatos propios que, en condiciones de cerrada competencia, pueden inclinar la balanza a favor del PRI al arrebatar pocos pero valiosos votos a las coaliciones opositoras.En Hidalgo la candidata aliancista, Xóchitl Gálvez, tiene como principales adversarios las divisiones al interior del PRD y las imprudentes declaraciones de Vicente Fox, pretexto para la fuga petista y para una ingeniosa campaña ("Ahí viene Fox, Martita y sus hijitos") cuyo defecto legal es ser anónima.En Puebla, Rafael Moreno Valle, candidato a gobernador de la coalición integrada por PAN, PRD, PNA y Convergencia, denuncia que el candidato del PT, marginal en todas las encuestas, despliega una capacidad propagandística que supera con mucho los recursos de que públicamente dispone. La pregunta inevitable es ¿quién paga esa propaganda?El diario El Universal consignó en su primera plana (19/04/10, nota de la reportera María de la Luz González) que en Tepito están a la venta bases de datos personales protegidas por ley, entre ellas la del padrón electoral. En el IFE, su presidente y el director ejecutivo del Registro Federal de Electores (RFE) reaccionaron casi de inmediato afirmando que los datos que los ciudadanos les aportan están debidamente protegidos y salvaguardados. Días después, sin informar de los resultados de sus investigaciones, el IFE presentó una demanda ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la PGR, "contra quien resulte responsable", por uso ilegal del padrón electoral. ¿Cuál versión es la buena?

PROPAGANDA NARCO

JOHN MILL ACKERMAN ROSE

En su esfuerzo por “hablar bien de México”, el presidente Felipe Calderón llegó incluso al extremo de promover la imagen internacional de los narcotraficantes mexicanos. El vienes 16, en su discurso en un foro internacional del sector turístico, señaló: “Más de 90% de esos (22 mil) homicidios y ejecuciones, según lo hemos venido catalogando, obedecen precisamente a la lucha de unos cárteles contra otros”.
Antes, a principios de febrero, Calderón ya había manejado datos similares en una entrevista con The Washington Post y la revista Newsweek. En aquella ocasión declaró: “Probablemente 90% de esa gente (asesinada) estuvo vinculada al crimen organizado de una u otra manera”.
De acuerdo con Calderón, la industria del crimen organizado contaría con un sistema de inteligencia e investigación que supera a los peritos más adiestrados del FBI. Los narcos solamente matan a los culpables y casi siempre dan en el blanco correcto. Por lo tanto, los inversionistas extranjeros no tienen nada de que preocuparse: nuestros criminales son personas razonables y sensibles que saben elegir a quien matar.
Desde este punto de vista, los cárteles de la droga le estarían ahorrando el trabajo al gobierno mexicano. En lugar de tomar la larga y complicada ruta de profesionalizar los ministerios públicos y fortalecer los poderes judiciales del país, resulta mucho más eficiente dejar la cancha abierta para que los grupos rivales se maten entre sí. Ello generaría una suerte de “limpieza social” sin que el gobierno tenga que responsabilizarse directamente por los asesinatos de los supuestos delincuentes.
El problema con este errado enfoque es que dota a las organizaciones criminales de un poder político e institucional que de otra manera sería casi imposible de conseguir. Al matar, los narcotraficantes no solamente ejercitan el poder de su armamento, sino que también se erigen en jueces de la culpabilidad de sus víctimas. La batalla entre los cárteles se convierte entonces en una especie de “guerra justa” a la manera de aquellas que refiriera Barack Obama en su discurso de aceptación del Premio Nobel de la Paz. Ahora, nada más faltaría que a instancias del gobierno mexicano El Chapo Guzmán también reciba el Premio Nobel, para colocar junto al reconocimiento internacional que ya ha recibido de la revista Forbes.
Otro problema con esta estrategia es que eventualmente alguno de los grupos criminales terminará ganando la batalla. Por ejemplo, de acuerdo con recientes informes de inteligencia de Estados Unidos, el cártel de Sinaloa ha sido exitoso en sus esfuerzos por arrancar la plaza de Ciudad Juárez a sus rivales de cártel de Juárez. Si esta información es correcta, la violencia disminuirá en los próximos meses, no por la acción de la justicia o el imperio de la ley, sino simplemente por la eliminación del rival más débil.
Llama la atención, entonces, que Genaro García Luna y sus policías federales huya decidido retomar el control de Juárez precisamente en el momento en que empieza a emerger un ganador claro en la batalla por este territorio. La sospecha es que el secretario de Seguridad Pública y el gobierno federal únicamente buscan lucrar políticamente con una eventual reducción en los niveles de violencia en Chihuahua, de cara a las elecciones del próximo 4 de julio en esa entidad.
Un aparente y cortoplacista “éxito” en Ciudad Juárez también serviría para fortalecer dentro del gabinete la mano de García Luna ante los duros cuestionamientos que ha recibido por parte de la sociedad. Sin embargo, en los hechos una eventual pacificación de la ciudad podría ser un indicador no del debilitamiento del narcotráfico, sino precisamente de lo contrario.
Al suponer que 90% de los caídos son meros delincuentes, Calderón también recupera una típica posición de la derecha mexicana de echar la culpa a las víctimas del delito. Del mismo modo en que los feminicidios de Ciudad Juárez y las violaciones de mujeres en todo el país supuestamente se deben a la forma de vestir de las víctimas, hoy los jóvenes asesinados también son responsables directos de sus propias muertes por encontrarse entre los 7 millones de ninis que no estudian ni trabajan.
La facilidad con que Calderón echa por la borda el principio de presunción de inocencia también habla de su falta de compromiso con los elementos más básicos de los derechos humanos y el debido proceso. De acuerdo con el presidente, lo que importa no es encontrar culpables en un juicio profesional e independiente, sino demostrar su hombría por medio de la imposición de la “mano dura”, tal y como lo hacen los mismos narcotraficantes.
No podemos olvidar la brutal actitud demostrada por las autoridades durante el asesinato y posterior exhibición del cuerpo de Arturo Beltrán Leyva en diciembre pasado. Este tipo de acciones revela la línea sumamente endeble que diferencia las pautas de actuación del gobierno y el modus operandi de los delincuentes.
En lugar de perder el tiempo con acusaciones estériles en contra de don Julio Scherer por hacer supuesta propaganda a los narcotraficantes, el gobierno federal tendría que empezar por su propia casa. Con sus reprobables declaraciones, Calderón se ha convertido en el promotor principal, no de México como destino turístico, sino de los narcos mexicanos. Si no modifica radicalmente su discurso y la práctica gubernamental en la lucha contra el crimen organizado, pronto ya no será necesario emprender un largo y peligroso viaje hasta las montañas para conocer los puntos de vista de los cabecillas del narcotráfico. Bastará con encender el televisor y sintonizar cualquier noticiario para verlos pasear tranquilamente.

ACCIONES COLECTIVAS: REFORMA ENGAÑABOBOS

ALEJANDRO MARAZO LAJOUS

Las acciones colectivas abren la posibilidad a que un grupo de personas, con un interés común, exijan conjuntamente el respeto de sus derechos ante un tribunal. Si existiesen acciones colectivas en México, los afectados podrían juntar recursos, conseguir un buen abogado y presentar una sola demanda a nombre de todos. La importancia de legislar la materia no puede exagerarse: permitiría a las personas unirse para defenderse de prestadores de servicios negligentes y empresas inescrupulosas. Hoy, la justicia es un lujo que sólo algunos ciudadanos pueden pagar. También las acciones colectivas proporcionan, a los más pobres, la posibilidad de acceder a la justicia.
Pero hoy, las acciones colectivas avanzan poco, mal y por los derroteros equivocados. Está en proceso de ratificación una reforma en la materia que ha sido avalada por ambas cámaras y está ahora sujeta a consideración de los congresos locales. Muchos la han festejado, creyendo que representa un avance sustantivo en la materia. Pero lo cierto es que la reforma es innecesaria, limitante y violatoria del federalismo.
¿Por qué innecesaria? Porque nuestros órganos legislativos siempre han podido establecer las acciones colectivas en sus ámbitos de competencia. Las acciones colectivas son una alternativa procesal para poder exigir derechos que se derivan de las normas establecidas en cualquier materia sustantiva. Ningún legislador necesita una autorización para establecer los procedimientos que permitan a los ciudadanos exigir a un juez que se cumpla con las leyes que emite. La facultad de legislar una materia implica necesariamente la facultad para establecer las vías procesales para hacer cumplir la ley en esa materia. Por ejemplo, materia civil incluye la parte que los abogados llamamos “sustantiva” (plasmada en el Código Civil), como la parte que llamamos “adjetiva” (plasmada en el Código de Procedimientos Civiles).
Además, la reforma es limitante y vulnera nuestro federalismo. Dice que “el Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. (…) Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos…”. Interpretada literalmente, es tanto como establecer que los estados regularán el matrimonio, pero sólo el Congreso federal establecerá el procedimiento para divorciarse y sólo los jueces federales podrán tramitarlo. La redacción de la reforma induce una interpretación que sustraería del ámbito de competencia local la posibilidad de establecer las acciones colectivas. Para evitar confusiones, los redactores de la reforma debieron haber precisado que el Congreso regulará las acciones colectivas “en su ámbito de competencia”. Pero esa omisión se torna sospechosa cuando vemos que la reforma especifica que los jueces federales conocerían de las acciones colectivas “exclusivamente”.
Una infinidad de materias corresponden a las entidades federativas, no al Congreso federal. Una interpretación de la reforma acorde con el federalismo limitaría su impacto a las materias de competencia federal, dejando así a cada nivel de gobierno su competencia intacta. Tanto la redacción actual, como la historia que le precede, hacen pensar que la reforma está diseñada precisamente para obstaculizar el que las entidades federativas establezcan acciones colectivas, facilitando al empresariado la tarea de cabildeo, que podrá así concentrar sus baterías en el Congreso Federal a fin de conseguir una ley reglamentaria débil, pusilánime. La federalización de las acciones colectivas es una respuesta directa a la ALDF, que hace un año buscó ponerse a la vanguardia del tema. La semana del pánico de la influenza la reforma estaba agendada para ser votada, pero la ALDF cerró temprano su periodo de sesiones. Oportunamente, esa misma semana en la Cámara de Diputados se presentó y aprobó —vía express, por supuesto— el primer esfuerzo por federalizar las acciones colectivas.
La reforma sometida hoy a consideración del constituyente permanente no aporta, jurídicamente, nada; pero eso sí: amenaza con ser un quiebre del sistema federal. Está hoy en manos de las legislaturas estatales enmendar el entuerto. Los congresos locales deben rechazar la redacción presente de la reforma exigiendo que se precise que el Congreso federal legislará ésta vía procesal sólo “en su ámbito de competencia” y que se elimine la palabra “exclusivamente”, que reserva a los jueces federales la jurisdicción. Además, las entidades federativas deben conceder, ellas mismas, a sus ciudadanos el acceso a la justicia que las acciones colectivas representan. Las entidades federativas no pueden permitirse el lujo de avalar la reforma tal cual, pues representa un precedente que separa la competencia sustantiva de la procesal: para efectos prácticos, abrirían la puerta para que la Federación les sustrajera cualquier materia en el futuro y dejara en manos de jueces federales la aplicación de las leyes locales. Si la reforma se aprueba y alguien pretende cuestionar la competencia de los congresos locales para establecer acciones colectivas, tendrán también que defender sus facultades constitucionales invocando uno de los principios torales de nuestro régimen constitucional: el federalismo. Si no lo hacen, algún día llorarán lo que no habrán defendido hoy.

PRETENDEN ELIMINAR LA CLÁUSULA CALVO

CARLOS ARELLANO GARCÍA

En el proyecto de decreto que presentaron algunos senadores para reformar la fracción I del artículo 27 de la Constitución, además de pronunciarse en contra de la conservación de la zona prohibida en fronteras y costas, se señala que la "Cláusula Calvo", inmersa en la fracción I del artículo 27 constitucional, debe desaparecer. Expresan que no se perjudica la soberanía y que las causas que la justificaron han dejado de tener vigencia. Aseveran que la actual restricción únicamente impone la necesidad de mayores trámites, que se hace más onerosa e incierta la inversión y que se eliminan los incentivos que pudieran tener los inversionistas extranjeros para traer recursos a nuestro país.Los autores de la iniciativa no se han percatado de lo grave que resultaría para el país eliminar la denominada Cláusula Calvo. Sobre ese particular, es pertinente reproducir lo que actualmente dispone la fracción I del artículo 27 constitucional respecto a ella: "Sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen el derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas. El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones Exteriores en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y de no invocar, por lo mismo, la protección de sus gobiernos por lo que se refiere a aquellos, bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder, en beneficio de la nación, los bienes que hubieren adquirido en virtud de lo mismo".La Cláusula Calvo entraña la renuncia voluntaria de un extranjero a recurrir a la protección diplomática del país de su nacionalidad, a través del gobierno de su país, respecto del dominio que se adquiera sobre tierras o aguas y, también, respecto del derecho derivado de concesiones de explotación de minas o aguas. El extranjero renuncia al recurso a la vía diplomática y el objetivo es evitar que los extranjeros se encuentren en situación de privilegio respecto de los nacionales, lo que redunda en intervencionismo del exterior.La Cláusula Calvo ha sido rechazada por los países poderosos en los foros internacionales y también doctrinarios extranjeros han argumentado en contra de ella, pero es innegable que, si bien es cierto la Cláusula Calvo, tal y como está concebida en nuestra Constitución, es discutible, no podemos dejar de considerar que el origen de esta cláusula deriva de la necesidad que tienen los países débiles de combatir los negativos excesos de protección diplomática en favor de extranjeros, lo que redunda en asegurar a los extranjeros situaciones de privilegio. Es innegable que se han producido excesos y abusos de la protección diplomática a favor de extranjeros, y esa es la razón por la que está justificada la sobrevivencia de la Cláusula Calvo.Es verdad que los argumentos que se han esgrimido contra la Cláusula Calvo tienen elementos de apoyo que pueden estimarse atendibles y que para conservar la efectividad de la cláusula se requiere una mejor adaptación, de fondo y de forma, a efecto de que se superen las objeciones que respecto de ella han surgido, y eso es enteramente posible. Se argumenta su conservación, tal y como está diseñada en el artículo 27 constitucional, pero esa postura no es susceptible de ser apoyada, porque las argumentaciones contrarias tienen mucho peso y es necesaria la efectividad real de la Cláusula Calvo mediante la superación de sus deficiencias, lo que es enteramente factible; de esa manera, la cláusula, con una nueva estructura, cumplirá sus elevados cometidos.La Cláusula Calvo debe conservarse en la fracción I del artículo 27 de la Constitución; por supuesto, con características superadas que le permitan el buen éxito en sus objetivos que son enteramente sanos, pues se puede resguardar al país de exceso de protección diplomática y de protección a extranjeros, para convertirlos en nuestro país en seres privilegiados por encima de los mexicanos.

NACEN, LA REFORMA Y BENEDICTO XVIEN LA MISMA ALEMANIA

HERMILIO LÓPEZ BASSOLS

La Historia, ineludible, ineluctable, aleccionadora, formativa, ilustradora, contundente y sabia, ha sido el instrumento del hombre para que a su estudio, explique los problemas del presente. Es por ello que nunca es más cierto que hoy, el aforismo latino "la Historia es la maestra de la vida".Estamos a fines del siglo XV, los altos dignatarios tienen la convicción de que son invulnerables, pese al hecho de que nadie discutía que la avaricia de los eclesiásticos, su corrupción y su ignorancia habían llegado hasta más allá de lo increíble. Era inevitable una reforma de la iglesia. Antes, recordamos, la monarquía pontificia había pretendido poner fin a los desórdenes del Gran Cisma y los concilios en ese siglo y en el siguiente fracasaron totalmente en sus intentos de reforma, poniendo a la iglesia al borde de la desunión y muy probablemente de la debacle. Volvamos los ojos a los humanistas que hacia 1450 describían la vida de los clérigos, las órdenes religiosas y aún la curia romana. Alejandro VI, Borgia, al ser coronado en Roma, para adularle se levantó un Arco del Triunfo en el que se leía: "La Roma de los Césares fue grande, esta de los Papas lo es más; aquellos eran emperadores, estos son dioses".Eran entonces omnipotentes con derecho sobre los reyes, bajo bulas y excomuniones. Él mismo se convirtió en árbitro del mundo en el reparto de las tierras descubiertas entre castellanos y portugueses y trazó la Bula Alejandrina, partiendo nuestro continente en dos (No olvidemos que también el diferendo entre Argentina y Chile por el canal de Beagle lo resolvió otro pontífice en el siglo pasado). Coincidimos en que si ese poder papal hubiese sido legítimamente obtenido y ejercitado por hombres piadosos, la protesta que originó la reforma se hubiera reducido a una reacción de carácter político como la que había motivado el conflicto entre el pontificado y el imperio en tiempos de Gregorio VII. Pero era bien sabido que algunos papas habían logrado la elección distribuyendo dinero al Colegio Cardenalicio y también que muchos de los cardenales habían comprado su cargo. Alejando VI en 1500 nombró 12 cardenales que pagaron 120 mil ducados por los capelos. Los altos cargos de la curia se vendían igualmente al mejor postor. Estos puestos obtenidos por dinero eran considerados inamovibles y se podían traspasar a otros. En esa jauja, un Médicis, León X, decía, "Gocemos del pontificado, ya que Dios nos lo ha concedido".La corrupción romana se contagiaba a toda la cristiandad y la curia daba en encomienda obispados y abadías, inclusive a los parientes, como fue el caso de Sixto IV. Se argumenta entonces que ante estas condiciones la reforma era inevitable sin necesidad del cisma luterano. Todos lamentaban los abusos del clero de la época y proponían como remedio un concilio. Pero el concilio se celebró en la ciudad italiana de Trento bajo la presencia del emperador Carlos V, cuando ya las ideas protestantes habían cundido por Europa desde Escocia y Suecia hasta lo que hoy es Suiza y Checoslovaquia, pero nunca traspasando los Pirineos.La Iglesia actuó con ingenuidad y soberbia, creía que abrigando a los que la criticaban se resolverían los pavorosos escándalos. Primero, acercó a Erasmo de Rótterdam, luego intentó hacerlo con el propio Lutero y ya le fue difícil hacerlo con Calvino, Zuinglio y Knox.La Europa de fines del siglo XV supo de un alud de tratados cortos, la mayor parte en latín, que presentaban a La Iglesia como una organización de gente maleante. Erasmo desencadenó la tempestad y el papa lo invitó a ayudarle en su reforma de la iglesia. Él rehusó el capelo y continuó con su trabajo doctrinal. Martín Lutero no sólo rechazó la invitación del papa sino le dijo que no había leído su carta. Uno y otro fueron el Voltaire y el Rousseau de la reforma. La venta de las indulgencias fue para pagar las asombrosas obras en el Vaticano, como la Basílica de San Pedro y también para sostenimiento de las cortes de los pontífices. Luego comenzó la lucha ideológica, el exceso de indulgencias fue la gota de agua que hizo desbordar el vaso, ya repleto de rencor, contra Roma y el pontificado.A mayor abundamiento leer: Historia Universal, Tomo 13, Editorial Salvat, 2005.He citado un hecho y un texto conocido, corresponde al lector hacer un trazo comparativo directo con los hechos del presente.

"...INCHE INDIA..."

EMILIO ÁLVAREZ ICAZA LONGORIA

…le espetó el agente federal cuando la detuvo y agregó colérico “nunca antes se han atrevido a contradecirme… y menos, que una pinche india como tú me levante la voz”. Ya en las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR), le dijeron a las tres indígenas detenidas, en tono de amenaza, “no descansaremos hasta verlas en la cárcel… con 50 años de condena, así van a aprender y seguro no lo volverán a hacer ustedes ni ningún otro indio”.
Tanto a Alberta como a Teresa, indígenas otomíes, recluidas en el Centro Preventivo de Ejecución de Sanciones Penales Femenil en San José el Alto Querétaro, y condenadas a 21 años de prisión, no les queda duda, es una venganza por haberse atrevido a defender sus derechos, por pedirle a los agentes de la extinta AFI que se identificaran, por exigir que enseñaran un documento oficial que acreditara su labor, toda vez que ni uniforme portaban el día del operativo.
Me entrevisté con ellas, junto con otros profesores de la Universidad Autónoma de Querétaro, el pasado sábado 24 de abril en el reclusorio, ahí las conocí personalmente. No se sale del asombro al constar su estatura física ¡1.55 y 1.48 metros! Ante lo increíble de la denuncia y luego de la condena judicial cabe abrir la puerta a la más cruda propuesta: si estos hechos fueran ciertos habría que proponer al secretario García Luna la integración de, al menos, tres comandos integrados exclusivamente por mujeres otomíes: sí tres de ellas, sin mostrar fiereza alguna, “secuestraron a seis afis”, ¡lo que no harán 150!
Como ha quedado demostrado en el caso de Jacinta Francisco Marcial y en el propio seguimiento jurídico realizado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en los casos de Alberta y Teresa las irregularidades, inconsistencias e ilegalidades del proceso son más que evidentes y alarmantes. La pregunta sobre la seriedad y responsabilidad con la que el juez Rodolfo Pedraza desempeñó su función es cada vez más difícil de responder. Igualmente resulta difícil entender la labor del magistrado Eduardo López.
Nadie regresará a estas mujeres los casi cuatro años vividos en reclusión, así como los muchos daños a sus familiares durante todo este tiempo. Lo que sí puede hacer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es regresarles a ellas, y de paso a toda la sociedad, algo de confianza y esperanza en las instituciones de justicia de este país.
Este caso no sólo es emblemático por ellas, sino porque puede sentar un poderoso precedente de no repetición para evitar que las mujeres indígenas vivan éstas y otras arbitrariedades. El padre de Alberta sintetizó, en una sola pregunta dirigida al agente que detuvo a su hija lo que muchos nos interrogamos con respecto al Estado mexicano: “¿por qué si te tratamos bien, tú nos tratas así?”
En este caso, también, la SCJN tiene la oportunidad de mandar un poderoso mensaje de que la administración de venganza no puede substituir a la justicia, no, al menos, en un Estado democrático de derecho.

HACIA UNA IDENTIDAD CONFIABLE Y SEGURA

RODRIGO MORALES MANZANARES

Las inconsistencias del Renaut, junto con las recientemente documentadas posibilidades de comercialización ilegal de todo tipo de bases de datos, subrayan la urgencia de emprender un debate integral en torno a la clase de registros que debemos tener. La conveniencia de contar con un registro confiable de personas está fuera de duda. Son evidentes los beneficios que habría en términos de un mejor diseño de las políticas públicas, si tuviéramos un sistema registral que nos reportara con oportunidad y solvencia cuántos somos y dónde estamos los mexicanos. Acaso no es tan evidente o tangible la conveniencia que para el ciudadano sería poseer una identidad segura e intransferible.
En ese sentido, insisto, parece urgente enderezar un debate en torno a cuáles debieran ser los nuevos contornos jurídicos e institucionales de un registro que garantice el derecho a la identidad. Legislativamente hay que hacerse cargo de un marco que precise los alcances y las garantías de los datos personales que el ciudadano aporta a las instituciones. Escándalos como el de la venta de múltiples bases de datos son inadmisibles y reiteran la necesidad de tener una regulación adecuada. Más allá de que se puedan fincar responsabilidades a los servidores públicos que incurrieron en actos ilícitos, es necesaria una revisión integral del marco legal en que se actúa, así como de la operatividad de los sistemas de seguridad de las muchas bases de datos que hoy se pueden adquirir en el mercado negro. Tampoco debiera estar a debate la actualización o confiabilidad de las bases disponibles; lo inaceptable es la existencia misma de las fugas de información. Algo tenemos que hacer.
Pero una vez garantizada en la norma la inviolabilidad de los datos personales que cada uno de nosotros aporta cotidianamente en diversos momentos, parece necesario reflexionar sobre qué tipo de institución debería encargarse de velar por la integralidad y la confiabilidad del registro de datos personales. Nuestra historia institucional parece señalarnos que las agencias que dependen directamente del Poder Ejecutivo no gozan de la misma confianza que aquellas instituciones que disfrutan de algún grado de autonomía. Por ejemplo, para dotar de mayor credibilidad a las mediciones que sobre el desarrollo de la economía se realizan, el Legislativo impulsó la autonomía del INEGI (2006); con el fin de legitimar las evaluaciones de las políticas sociales, se avanzó con la creación del Coneval (2004); en fin, parece que la fórmula de generar espacios institucionales con algún grado de autonomía en su integración y funcionamiento es una buena manera para garantizar credibilidad también en sus resultados.
En el tema registral, sin embargo, parecemos empeñados en recorrer el camino inverso. Ya se ha escrito que la pretensión de crear una cédula de identidad ciudadana independiente del padrón electoral repercutirá en un detrimento en la calidad del instrumento para los comicios, sin garantías a la vista de que la nueva cédula contará con mecanismos de verificación y actualización que la hagan confiable.
Son evidentes los riesgos de seguir operando los diversos registros mediante una regulación que ha dejado de incorporar las necesarias garantías de protección de los datos personales.
Ojalá tomemos las lecciones pertinentes para aprender cómo no se deben hacer las cosas y pronto pasemos al debate de cómo recomponer la ruta para llegar al deseado registro que nos garantice nuestro acceso al derecho a la identidad, al tiempo que nos proteja de cualquier abuso.

lunes, 26 de abril de 2010

PROPORCIONALIDAD, GOBERNABILIDAD Y MAYORÍAS

ARNALDO CÓRDOVA

Esos conceptos forman la base de la democracia. No son los únicos, ni mucho menos, pero son esenciales. Todo depende, desde luego, de cómo se les interprete. La proporcionalidad pareciera tener su contrario en la uninominalidad; no es así, pues en muchos sistemas electorales, incluido el nuestro, se complementan. Son diferentes, pero no necesariamente contrarias. Se vuelven contrarios cuando el uno excluye al otro. La gobernabilidad debe ser democrática; pero se puede plantear una gobernabilidad que tienda al autoritarismo. De hecho, las mayorías pueden servir para hacerla democrática o autoritaria, depende, a su vez, de cómo se entiendan las mayorías, si son omniabarcantes o excluyentes.
Lo que los derechistas de hoy en México nos plantean es una embestida en contra del sentido democrático de esos conceptos. Sobre la proporcionalidad, José Córdoba Montoya (que muchos consideraron el cerebro del salinismo) se largó con un artículo que tituló “Contra el proporcionalismo” (Reforma, 11/4/2010) en el que lo ataca en tres frentes: es muy reciente, sólo una minoría de países lo aceptan y no sirve para formar mayorías sólidas, al propiciar el dominio de minorías insignificantes. Que sea muy reciente depende de qué se entienda por “reciente”. Él dice que nos viene de después de la Segunda Guerra Mundial.
Para su información: ya en 1858 el irlandés Thomas Hare planteó un sistema de proporcionalidad que, para muchos, es el que mejor la retrata. En 1902, un austriaco, Geyerhahn, propuso el sistema que luego adoptó la República Federal Alemana, mitad proporcional y mitad uninominal y que llegó a inspirar nuestra reforma política en 1977 (se le llamó “sistema alemán”). Su libro se tituló, ni más ni menos, El problema de la representación proporcional (Das Problem der verhälttnismässigen Vertretung). Eso por no decirle que la proporcional se da en la Tercera República Francesa, a partir de 1872, en la República de Weimar (1919) y también en las monarquías alemana, española e italiana. Como bien dice mi querido Chema Pérez Gay: “La ignorancia es una virtud, siempre y cuando se la practique con moderación”.
Córdoba dice que 93 países adoptan el principio de mayoría y sólo 73 el de proporcionalidad, dándose otros 23 que adoptan la fórmula de Geyerhahn. En 1982, siendo diputados de la LII Legislatura, mi ya recordado amigo José Luis Lamadrid Sauza y yo echamos cuentas sobre la representación de nuestra Cámara (300 uninominales y 100 proporcionales) y sacamos la conclusión de que en un sistema mixto la dominante no es la uninominal, sino la proporcional, porque en todos los casos corrige sus excesos. Concluimos que nuestra Cámara tenía los diputados exactos que correspondían a las votaciones que cada partido había obtenido. Hay en el mundo, así, 96 países que tienen la proporcional y 93 que tienen la uninominal. Lo de ser “mixtos” no hace una especie aparte.
La gobernabilidad no tiene que ver sólo, como lo postulan Córdoba y los derechistas mexicanos, con mayorías confiables; también debe tenerlo con una buena capacidad de negociación desde el gobierno y las diferentes fuerzas políticas. No tiene remedio, como decía Rousseau, las determinaciones políticas se toman por mayoría. Eso depende, empero, de que detrás de ellas se dé una negociación y un consenso entre los partidos y el gobierno o de que se logre la mayoría a base de excluir a los indeseables. Es un hecho, sin embargo, que nadie en el campo de la derecha habla de negociación. Ésta, para ellos, no puede darse de ningún modo y no es de eso de lo que hablan. Hablan de resolverlo todo en las urnas.
Jesús Silva Herzog Márquez lo ha argumentado con atingencia: ¿por qué se cree que dándole al presidente una mayoría se asegurará que haga las reformas que se necesitan? “Despreciando el componente deliberativo [negociador] de la democracia, subrayan el imperativo de un supuesto mandato electoral. Eliminamos obstáculos a la Presidencia porque los votos le han dado la orden de impulsar cierto proyecto”. Recordando a Dahl, concluye, terminantemente: “Los votos no instruyen al gobierno, sólo lo integran” (Reforma, 19/4/2010).
No estoy de acuerdo en darle al presidente “poderes legislativos”, si queremos preservar el principio de la división de poderes (el Ejecutivo sólo debe legislar a través de su actividad reglamentaria, para poder aplicar las leyes, pero la elaboración de éstas, aunque no nos guste, queda reservada al Legislativo, como lo manda la Constitución), también coincido con María Amparo Casar: si no se logran las mayorías en las urnas, “la salida es construirlas a través de la política que es…liderazgo, negociación y suma de voluntades” (Reforma, 20/4/2010).
La derecha, empero, no quiere saber nada de negociaciones ni de suma de voluntades. Córdoba concluye su artículo señalando que el tope del 8 por ciento para impedir la sobrerrepresentación sólo fuerza gobiernos divididos y despoja al partido más grande de su eventual derecho a gobernar. La esencia del principio de mayoría es, dice, “darle el derecho de legislar al partido que obtiene la mayoría absoluta de diputados de mayoría”. Es un misterio, porque esa “esencia” persiste en la letra de las leyes electorales. No enfrenta el hecho de que resulta inicuo que se dé una mayoría absoluta de representantes a un partido que no la ha obtenido con sus votos en las urnas. Tampoco veremos más a un partido ganando mayorías absolutas como para que se le reduzca su representatividad y no quede sobrerrepresentado, como está establecido.
Para ese genio de las tenebras, el principio de proporcionalidad sólo debería servir para redondear la mayoría del partido que haya obtenido “la mayoría absoluta de escaños”. Aquí cambia la jugada, pero no advierte que un partido que ha obtenido la mayoría absoluta no necesita ya de la proporcional. Se indigna, además, que eso se califique de “obsequio”. Quisiera saber de qué otra manera se le podría llamar. Su conclusión es que “el presidencialismo no funciona eficazmente con el principio de representación proporcional”. El “proporcionalismo” sólo sirve, hoy, para mantener la “sobrerrepresentación de las minorías”. Poco le faltó para decir que padecemos la dictadura de las minorías.
Los derechistas son prepotentes por antonomasia. Todas las relaciones políticas les parecen relaciones de fuerza. Basta ser más poderoso que el tonto que tienen al lado para que todo vaya de acuerdo con sus deseos. Un presidente fuerte, para ellos, será el que no tenga que pedirle permiso a nadie para gobernar, que pueda imponer su voluntad sin tener que dar algo a cambio a quien sea. Cualquier atadura que implique una negociación les enferma. No han acabado de entender que las negociaciones son arduas, pero posibles. Sólo basta que en ellas no se excluya a nadie y la derecha no sabe más que excluir a sus contendientes.
A Pepe Woldenberg con cariño solidario.

EL PT, ¿HACIA DÓNDE?, ¿Y HACIA DÓNDE LÓPEZ OBRADOR?

MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA

Salvo en Oaxaca, por ahora al menos, el Partido del Trabajo abandonó las alianzas políticas no sólo con el PAN, sino aun con sus partidos fraternos, el PRD y Convergencia, en unión de los cuales constituyó la coalición electoral federal “Por el bien de todos”, mantuvo después de la calificación de las elecciones presidenciales el Frente Amplio Progresista y ahora mismo está unido con esas agrupaciones reputadas como de izquierda, en el Diálogo por la Reconstrucción de México, una nueva alianza impulsada hasta esta hora con éxito por el candidato presidencial del Partido del Centro, Manuel Camacho.
Los pasos recientes del PT en la ruta hacia la actuación conjunta en varias entidades se han caracterizado por su versatilidad. Ora aseguran sus líderes y voceros que están prestos para la unión, aun con Acción Nacional, ora se desdice y separa de las coaliciones que ciertamente pueden existir sin ese partido, con fuerza menguada en la mayor parte de las entidades pero que eventualmente quedan expuestas a riesgos que no enfrentarían si el PT se mantuviera fiel al compromiso que parecía haber ya acordado.
La ruptura de la coalición obedece a intereses particulares que imperan en el PT. El caso paradigmático de esa actuación sesgada y contraria al interés general de la izquierda ha ocurrido en Zacatecas. En disputa con la gobernadora Amalia García, el senador Ricardo Monreal, que se adueñó del PT en esa entidad, ha presentado la candidatura de su propio hermano, para hacer ostensible que el monrealismo es una corriente política acaso breve pero eso sí bien fondeada. El asunto sería peor de haber prevalecido la intención de Monreal de aliarse con el PRI, el partido al que por cierto pertenecieron él mismo y su familia. En su participación a solas, Monreal puede hacer que ese partido, antaño el suyo, prospere por encima del PRD, lo que significaría para el PRI la recuperación de una entidad gobernada dos veces consecutivas por el partido del sol azteca.
Sin que esa particularidad se aplicara a otros estados donde habrá elecciones este año, el PT no vaciló en aliarse con el PAN y el PRD. Todos los partidos de la oposición formal eligieron esa vía como la única que los conduciría a la victoria y por lo tanto al desplazamiento del PRI, que es un valor superior a otras cuestiones que surcan a las alianzas. En consecuencia, y aunque el razonamiento no se aplique mecánicamente, es de temerse que las entidades donde no hay coalición completa del DIA y el PAN padecerán seis años más de gobierno priista. En la mayor parte de los casos, este año y el próximo, no aliarse, o romper una coalición formalizada, favorece al régimen priista, en las elecciones estatales y en la presidencial.
La ruta para arribar a ese deplorable resultado puede estar empedrada y sucia por lodo y otras materias putrefactas y malolientes. Ese es el caso, tal vez, del estado de Hidalgo. Allí ha contendido contra Xóchitl Gálvez, una aspirante sin mácula, el senador perredista José Guadarrama. Por lo menos tres veces antes pretendió ser candidato al gobierno, cualquiera que sea el partido que lo apoyare. El PRI, en que militó toda su vida con notorios frutos materiales, lo rechazó en 1998; en ese momento pretendió ser postulado por el PRD, pero este partido ya tenía candidato. En 2004, alejado del priismo pero no de sus métodos y sus prácticas, consiguió que Nueva Izquierda, la corriente perredista predominante, lo impulsara. No alcanzó la votación que le permitiera derrotar al candidato tricolor, Miguel Ángel Osorio Chong. Sin embargo, de adversarios pasaron a ser cómplices en su intento de impedir la candidatura de Xóchitl Gálvez.
Cuando Guadarrama se percató de que la coalición no lo haría su candidato, pues ni siquiera contaba con asentimiento en su propio partido, renunció a la lucha interna, denunciando que se organizaba ilegalmente el triunfo de la excomisionada para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Pero no se fue de la batalla política. Ha estado en espera de que el PT lo acoja, no para llegar por fin a la gubernatura, algo imposible con sólo el apoyo de ese partido, sino para estorbar el camino de Xóchitl Gálvez e impedir que gobierne a sus paisanos.
Si se llega a ese extremo, la retirada del PT adquirirá una dimensión mayor que el solo alejamiento de la coalición. Significará en los hechos una estrategia para apoyar al PRI, con pretextos vanos como el esgrimido por el PRD y el PAN para pactar la aprobación del programa fiscal dañino a la población y que ha estado en vigor desde hace cuatro meses, en el curso de los cuales el PT ha estado presente en los intentos de aliarse con partidos de oposición, como él, en entidades gobernadas con autoritarismo priista propio de décadas, que ya hartaron a los ciudadanos.
Las decisiones electorales del PT son tomadas en consulta con Andrés Manuel López Obrador, que se sostiene en ese partido con mayor afán que en los otros que lo han apoyado. López Obrador recorre una ruta sinuosa en que por un lado rechaza su participación en campañas electorales porque el suyo es, dice, un movimiento social y por otro lado, sin sustento suficiente, alienta al PT para desligarse de coaliciones de las que sólo pueden derivarse beneficios para la población.
Cuando López Obrador busque convertir el innegable apoyo social que ha conquistado (y del que la elección delegacional de Iztapalapa, el año pasado, fue breve pero contundente ejemplo) se encontrará con desconcertados militantes de los partidos que lo han seguido, que no sabrán si votar o no, y con qué rumbo, y con un PT en el que no necesariamente podrá confiar.

LA MURALLA CONSTITUCIONAL

PORFIRIO MUÑOZ LEDO

El respeto sacramental que el antiguo régimen inculcó respecto de la Constitución no era sino la coartada de su legitimidad histórica, ya que la modificaba sin recato ni pausa a conveniencia de los gobernantes en turno. Esa doble moral hizo de nuestra Carta Magna la más flexible del planeta y, a partir del ciclo neoliberal, escondió cambios drásticos de rumbo opuestos a su espíritu original.
En su 50 aniversario (1967) publiqué un ensayo que daba cuenta de las 180 reformas introducidas hasta entonces. Descubrí que los cambios habían caminado mayoritariamente en tres sentidos: el reforzamiento del Ejecutivo, la centralización del poder político y los ajustes obligados por técnica jurídica deficiente, como aquellos que fijaban el número de diputados en relación al de habitantes y eran constantemente rebasados por el crecimiento demográfico.
Desde entonces germiné el proyecto de una nueva Constitución, o al menos de una revisión integral de la vigente, que resolviera las contradicciones acumuladas, adoptara una nueva sistemática y la compactara en normas de carácter general. Desterrar del texto supremo la prolijidad y el detallismo, equilibrar potestades públicas con obligaciones correlativas y otorgarle una arquitectura coherente: un marco jurídico para la modernidad.
Así surgió la idea de una IV República mexicana —heredera de las de 1824, 1857 y 1917. Ese ha sido el combate central de mi vida pública. La propuesta ha sido diferida una y otra vez porque sobre las exigencias de la razón política ha prevalecido el tradicionalismo y la pequeñez, la ignorancia del derecho comparado y la incapacidad de la clase dirigente para imaginar una profunda reforma del Estado.
Nuestra errática transición ha tenido como causa y efecto la ausencia de un nuevo proyecto nacional y de un andamiaje institucional consecuente. En vez de reordenar el conjunto del orden legal se ha desatado una fiebre de improvisaciones sucesivas. En el paroxismo de la “parchomanía” estamos arribando a medio millar de reformas constitucionales y hemos dilapidado la oportunidad histórica del bicentenario.
Cuando abogué por la revocación del mandato presidencial algunos pensaron que se trataba de una revancha política o hasta de una inquina personal. No se entendió la necesidad de formar un gobierno interino de mayoría —conforme a las previsiones constitucionales— responsable de enderezar el rumbo y convocar en este aniversario a la reformulación general de nuestros propósitos colectivos y a su concreción en una Carta fundamental renovada.
El inmediatismo y la rapiña han vedado la construcción de un acuerdo nacional de mirada larga que a todos comprometa, cuando menos por una generación. En la más aberrante de las inercias sexenalistas pareciera que el 2012 marca la tierra prometida —o temida— de los políticos. Todo se acomoda desde perspectivas contrastantes a la emergencia de un nuevo sol, aunque todos los índices apunten a un ocaso de las esperanzas nacionales.
La Constitución se ha convertido en muralla a la que se practican orificios y añadidos sin orden ni concierto, pero que nadie tiene la voluntad de reconstruir. El tumulto de iniciativas que inunda al Congreso refleja posicionamientos electorales y estertores gubernamentales más que genuina disposición al cambio. Una reforma al capítulo de derechos humanos —con notables concesiones y faltantes— que no frena las exigencias militaristas. Dos proyectos de ley en materia de radio y televisión carentes de fundamento constitucional que prolongan añejas disputas de poder al margen de la sociedad. Una ley de tratados internacionales que elude la definición de una política exterior de Estado.
La cacareada reforma política naufraga en los intentos por conceder al Ejecutivo mayorías artificiales o liquidar el pluralismo representativo. Los extravíos se multiplican: es menester encuentro de un método que vincule ambas cámaras en una comisión constitucional responsable de elaborar —a la vera de las confrontaciones— un plan integrado de transformación, como lo propusimos en el 2000.

DE PERCEPCIONES Y NORMALIDADES: DEL PASMO A LA INDIGNACION

ROLANDO CORDERA CAMPOS

El Presidente y su gobierno nos invitan a entrar al callejón de las percepciones, para en el tránsito encontrar la varita de virtud que nos saque del atolladero en que ya estábamos antes de que les diera por la espeleología. Pero no se trata de un ejercicio en solitario, inspirado ahora por los vientos del trópico acapulqueño y el júbilo financiero.
El gobierno federal, en efecto, no va solo en su desbocada carrera. Este jueves, el gobierno de Nuevo León convocó a los regiomontanos a una extraña levitación para lidiar con su insomnio; como dijo el secretario general de Gobierno: “la recomendación es seguir con la vida normal”.
No hubo de esperar mucho el gobernador para enterarse, entre baile y baile, lo que la normalidad significa para sus paisanos: “Definitivamente la seguridad se está colapsando” (Juan E. Sandoval, presidente de la Canaco, Monterrey); “Está totalmente desbordado el tema de la inseguridad, la sociedad está aterrorizada” (Gilberto Marcos, presidente de la Federación de Colonias Metropolitanas); “Los hechos son contundentes. El estado está a la deriva en materia de seguridad” (José Mario Garza, director general de Coparmex; Reforma, 23/04/10, p. 7).
Cambiar esta imagen de México, desgranada sufridamente por los regios, no será posible sin antes empezar a cambiar la imagen que del país y de ellos mismos tienen los que nos gobiernan y los que hace cuatro años los impusieron sin considerar mínimamente las implicaciones y consecuencias, directas e indirectas, mediatas e inmediatas, de sus ilegales y arbitrarias acciones.
Para imponer un resultado electoral sumamente apretado, sin tomarse la molestia de esclarecerlo a satisfacción de los contendientes y de muchos más que generaron dudas razonables sobre lo que había ocurrido, los arquitectos de la confabulación hubieron de contar con hipótesis sobre lo que haría la parte afectada desde el conjunto de sus ramificaciones y conexiones con el resto del cuerpo social; también, deben haber hecho supuestos varios sobre lo que ellos, sus coaligados y exégetas oficiosos o bajo contrato, podrían hacer para encontrar cuanto antes una solución de continuidad a un nudo que el presidente de entonces había vuelto ciego desde 2005, cuando quiso dar solución final y por adelantado a una sucesión presidencial que su propia necedad había ya complicado en extremo.
“Este pueblo aguanta lo que le manden” –se habrán dicho los conjurados–, y si no –habrían agregado–, con prontas muestras de fuerza y capacidad de decisión podrá recordársele dónde está su lugar, del que no debió haber osado moverse. Y nosotros –se habrán dicho los mandamases de una coalición en curso que se sentía y saboreaba como al fin ganadora, después de tanto escarceo– estaremos siempre listos para inducir y edulcorar, convocar y amenazar a quienes intuyen, y si no lo hacen pronto descubrirán que el país puede ser lo libre y plural que quiera pero nunca genuinamente democrático, en el sentido de por lo menos abrir la posibilidad creíble de que un gobierno distinto, digamos popular, es no sólo necesario sino factible.
Los grupos del poder no le concedieron a la sociedad la mínima opción por el riesgo y el cambio de signo en la política y la conducción del Estado. Pensaron por ella y decidieron en consecuencia, arrimando pronto al remedio el nada inocuo palito de la orden ejecutiva al Ejército nacional de pasar a las armas para hacer la guerra. Y ahí empezó a arder, primero a fuego lento y ahora a fuego graneado, nuestra Troya deshilachada y maltratada por tanta mudanza inconsulta y apresurada en busca del Grial del mercado libre y la globalización bien portada.
La población politizada y convencida de la imposición no cejó y, si vive asustada como manda el vademécum de la contención de multitudes, no lo ha mostrado ni ha entrado en estampida; su dirigencia puede seguir presumiendo su vocación pacífica, aunque su verbo pueda parecer a muchos estentóreo. El resto, que debe ser la mayoría social y tal vez política, porque ahí se dan cita las más diversas adherencias políticas e ideológicas, vive el temor como cotidianidad y no parece tener más horizonte que la incertidumbre feroz, incandescente, de la violencia que se desparrama y ahoga las conjeturas de todos, del que la ha sufrido y del que sabe que al rato le puede tocar.
La sociedad atemorizada es a la vez sociedad airada que de vez en vez se torna iracunda pero contenida, no en las sierras o los llanos ardientes de Rulfo sino en las calles, los barrios, las residencias y los colegios de las ciudades, donde el milagro globalizador parecía haber empezado a tomar cuerpo. Y sin embargo de todo esto, la elite del poder se empeña en creerse sus propias leyendas inspiradas en la peor politología de los modernos, las series o los suplementos de sociales o financieros por ella misma financiados, y no tiene más respuesta ante el remolino que nos alevanta que apelar a la imagen, la percepción y, pronto vendrá, la brujería y el ensalmo.
No hay comunicación entre la cúpula desnuda de legitimidad y las diferentes parcelas donde se tejen la sociedad nacional real y la posible. Arriba, pierden la cabeza y su control sobre los pies; abajo, se cocina más de una prueba de Dios en las que debemos esperar (y aspirar) prive la sensatez del que sabe que la violencia es mala consejera y peor compañera.
Pero el reto es mayúsculo y no podrá encararse con patéticos llamados a confundir la normalidad con la tontería, ante una sociedad que del pasmo pasará a la indignación, tal vez sin más aviso

viernes, 23 de abril de 2010

TRABAJADORAS DOMÉSTICAS

JOSÉ WOLDENBERG

Hay realidades oprobiosas a las cuales por la fuerza de la rutina nos acostumbramos. Como si la capacidad de indignación se encontrara dormida a fuerza de toparse con situaciones que parecen eternas e inamovibles. Las sociedades se adaptan a todo. No es cierto que los imperativos éticos las conmuevan. Se mira hacia otro lado y se conjura lo que puede resultar "incómodo".
Es el caso del trabajo doméstico, expresión elocuente de las desigualdades que modulan nuestra coexistencia y que construye ciudadanos de diferentes categorías: unos capaces de apropiarse y ejercer todos sus derechos y otros segregados de los mismos. En México y América Latina suman legiones las mujeres empleadas en los hogares que reciben muy bajas remuneraciones, carecen por completo de derechos y su trabajo, en no pocas ocasiones, acarrea abusos y franca discriminación. Es una realidad conocida por todos, pero aceptada -pasivamente- por casi todos.
1.78 millones de mujeres se dedican al trabajo del hogar y sólo 2 mil hombres hacen lo mismo. "El 96 por ciento de las empleadas del hogar no tienen acceso a servicios de salud... y casi el 80 por ciento carece de prestaciones laborales". En América Latina y el Caribe son 12 millones las que laboran en casas ajenas y representan el 14 por ciento de las mujeres ocupadas. Es decir, por si usted lee esto en Varsovia, no se trata de un asunto marginal. Y en nuestro país, 1.3 millones de hogares tienen empleadas domésticas, se trata del 5.1 por ciento de los hogares. Trabajan aproximadamente 50 horas a la semana y el 86.7 por ciento de ellas gana menos de dos salarios mínimos. En 2003 el 11.4 por ciento era hablante de una lengua indígena. La inmensa mayoría son de "entrada por salida", pero el 11.8 por ciento labora de planta, vive en los hogares donde trabaja. Toda esa información está contenida en el informe que el 26 de marzo presentó el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).
Se trata de una realidad conocida, implantada, cotidiana que, no obstante, parece emitir un sedante que nubla la capacidad de observar la profunda indefensión laboral en la que literalmente transcurre la vida de cientos de miles de mujeres en nuestro país. Por ello resulta importante que el Conapred aborde el tema y haga un más que pertinente llamado de atención.
Se sabe: en la mayoría de los casos no existe contrato escrito alguno, de tal suerte que la discrecionalidad por parte de los empleadores marca las relaciones entre las partes. Se sabe: se trata de un empleo aislado y aislante, "invisible", que multiplica la desprotección. Se sabe: muchas de las empleadas domésticas son menores de edad. Se sabe: suelen tener baja o muy baja escolaridad. Se sabe: muy pocas tienen una cobertura de salud. Se sabe: los humores de los patrones suelen ser cambiantes y quienes lo resienten son "sus" trabajadoras.
La relación entre empleadas y empleadoras suele estar marcada por la asimetría. Y en no pocos casos por la franca discriminación. Los círculos de prepotencia e indefensión, de abuso y resignación pueden ilustrarse todos los días. Y en ese ambiente los presuntos derechos de las trabajadoras simplemente son letra muerta. A pesar de un capítulo especial en la Ley Federal del Trabajo, derechos elementales como la jornada máxima, los días de descanso obligatorio o la prohibición del trabajo para los niños no se cumplen, para no hablar del acceso al Seguro Social o al Infonavit.
La dispersión en la que laboran, su falta de organización, las carencias en la legislación del trabajo, la inexistencia real -no formal- de autoridades en la materia tienden a reforzar su indefensión, su vulnerabilidad. Son una de las franjas de trabajadoras más desprotegidas.
Y a los obstáculos "naturales" que existen para su organización hay que agregar la escasa visibilidad pública que tiene el problema. Los medios masivos de comunicación (casi) no atienden el asunto, imagino porque se le piensa como algo connatural a sociedades como las nuestras. Y en las tomas de posición políticas muy pocos hacen alusión al tema. Ni siquiera en las campañas electorales, cuando los candidatos requieren de los votos de sus conciudadanos y entonces prometen "el oro y el moro", aparece la situación de las trabajadoras domésticas.
Quizá habría que empezar por insistir -como lo hace el Conapred- en la reivindicación de contratos que reglamenten el trabajo asalariado en los hogares que deberían contener temas como los del periodo de prueba, el salario, la jornada laboral, las vacaciones, los días de descanso, el seguro social, el aguinaldo, las indemnizaciones. Se trataría de construir un marco para la existencia de relaciones menos asimétricas y más justas.


Porque si la democracia es la forma de gobierno que teóricamente mejor garantiza el ejercicio de los derechos, aquí encontramos una más de las debilidades de la nuestra.

SALUD: LOS DETERMINANTES SON SOCIALES

CIRO MURAYAMA RENDÓN

La discusión sobre la calidad de la salud de la población en México —que ha avanzado en la agenda pública y política por la crisis de la influenza, el avance del sobrepeso y la obesidad como pandemias de nuestros jóvenes, así como por la pertinente revisión del diseño y operación del Seguro Popular—, no puede darse como si fuera un tema encriptado sólo para análisis médicos, sino que es necesario asumir que los rezagos tienen un alto componente económico y social. Si la pobreza y la desigualdad se mantienen o si perdura la baja calidad del empleo, la salud del grueso de los mexicanos seguirá siendo frágil. El hecho de que la salud esté marcada por dónde se nace, se crece, se reside, se trabaja y se envejece, no es exclusivo de México. Ello ocurre también en países desarrollados y con sólidos sistemas nacionales de salud pública. En Inglaterra, se publicó este año un importante estudio, dirigido por Michael Marmot, de la University College de Londres, que consiste en una revisión estratégica de las iniquidades en salud, cuyo título podría traducirse como Una sociedad más justa, vidas más saludables (Fair Society, Healty Lives). En él se demuestra, por ejemplo, que la gente que habita en los barrios pobres muere, en promedio, siete años más temprano que aquellos en zonas de altos ingresos. Asimismo, la expectativa en el Reino Unido de tener una existencia libre de padecimientos que impliquen alguna discapacidad es 17 años menor entre la gente que vive en zonas pobres frente a la que vive en áreas de alto ingreso. Los pobres no sólo mueren antes sino que pasan más tiempo con algún tipo de padecimiento severo. El estudio citado expresa que estas iniquidades implican la pérdida de entre 1.3 y 2.5 millones de años de vida de quienes fallecen prematuramente, así como 2.8 millones de años de vida en discapacidad o enfermedad. Esas diferencias se manifiestan si se considera no sólo el lugar de residencia de los individuos, sino su escolaridad, su ocupación o las condiciones de su vivienda. Así, los ocupados como gerentes con formación profesional en el noreste de Inglaterra tienen una tasa de mortalidad dos veces y medio menor que la de los trabajadores con escasa calificación en labores monótonas residentes en la misma región. De igual forma, el nivel educativo genera fuertes efectos en la salud: las personas con educación universitaria tienen una propensión a sufrir padecimientos de la mitad de la de quienes no acudieron a la escuela. Las repercusiones de las diferencias en el nivel de ingresos sobre la salud se pueden ver, en el estudio coordinado por Michel Marmot, de la siguiente forma: la incidencia de obesidad en niños ingleses de 10 y 11 años es prácticamente del doble para los que pertenecen al quintil de menores ingresos frente al quintil de mayor renta. La evidencia de los determinantes sociales en la salud es tan robusta que los autores concluyen que, además de poner el énfasis en los buenos o malos hábitos de los individuos en materia de salud o incluso en el muy importante asunto del acceso a los servicios, es clave atender y modificar el contexto social de las personas para que su salud mejore. Ampliar la esperanza de una vida sana en la que la persona sea capaz de tomar las decisiones sobre su destino sin que la enfermedad física o mental le limiten para que los individuos sean, en efecto, libres. Entre las recomendaciones del estudio sobresale que la política pública sea universal, y no focalizada hacia los más desfavorecidos, pues ello sería insuficiente. Se argumenta, además, que la universalización debe contar con escalas e intensidades proporcionales a los niveles de desventaja que se desean combatir, por lo que se propone un “universalismo proporcional”. La idea de que la desigualdad en salud proviene dJustificar a ambos ladose las desigualdades de ingreso, educación, empleo y zona de residencia, da lugar a la concepción de una política de salud genuinamente de Estado, transversal, que trasciende —aunque por supuesto implica— la atención de la salud y el acceso a la misma, y que se plantea como meta una sociedad más justa. Es, sin duda, un planteamiento ambicioso, pero ¿qué barreras mentales nos impiden avanzar hacia una discusión sobre la salud de la población en estos términos para México?

LA VULNERABILIDAD DEL ESTADO... Y LA NUESTRA

MIGUEL CARBONELL SÁNCHEZ

Un relevante trabajo periodístico de María de la Luz González (EL UNIVERSAL, 19 de abril de 2010) acaba de hacer evidentes los enormes agujeros de seguridad que ponen en riesgo nuestros datos personales. La nota de González advierte de la venta de bases de datos por parte de comerciantes en Tepito, a un precio de 12 mil dólares. Se trata de las bases de datos del padrón electoral, pero también las que contienen el registro vehicular, los números de todas las casetas de teléfono, los registros de los integrantes de la policía (incluyendo foto, número de placa y lugar de adscripción), los datos del transporte público concesionado (taxis, camiones), la lista de las órdenes de aprehensión libradas por los jueces y cuya ejecución corre a cargo de la policía, etcétera. La periodista escribe que se trata de tres memorias externas de 160 gigabytes cada una. Es decir, se trata de una mina de oro que muy bien puede ser explotada con diversas finalidades por grupos de la criminalidad organizada. Las preguntas que saltan de inmediato son muchas. Apunto algunas de las más evidentes. ¿Qué autoridades son las encargadas de resguardar esos datos? ¿Qué protocolos de seguridad se siguen para su efectiva custodia? ¿Cómo es posible que se haya sacado una copia sin que nadie se haya enterado? ¿Quiénes, dentro de cada dependencia encargada, son los responsables directos de su almacenamiento y quiénes deberían enfrentar consecuencias jurídicas por su descuido? ¿Cómo es que la información no solamente se puede reproducir una vez, sino muchas? ¿No hay candados informáticos que lo eviten? ¿Por qué los órganos de inteligencia del Estado mexicano no pudieron prever un punto de tan alta vulnerabilidad y anticiparse a su posible infiltración por funcionarios corruptos o grupos de la delincuencia organizada? ¿Cómo es que una periodista puede encontrar los contactos para llegar hasta los poseedores de esa importantísima información y el Estado mexicano no? ¿Por qué no se legisla antes de integrar bases de datos tan sensibles, sino una vez que ya se han filtrado a no sabemos cuántas personas, muchas de ellas involucradas seguramente en actividades ilícitas? ¿No se tendrían que haber tomado medidas con anticipación? ¿Qué funcionarios deberían presentar de inmediato su renuncia por no haber supervisado adecuadamente a sus empleados, encargados de custodiar en forma directa la información de millones de ciudadanos y cuya ineptitud nos pone en un riesgo grave a todos los que vivimos en México? El magnífico reportaje de María de la Luz González cita un ejemplo patético de un grupo de policías que “se cooperan” para juntar los 12 mil dólares y comprar una base de datos, a fin de poder hacer mejor (sic) su trabajo, ya que con ella no tienen que solicitarle nada al IFE y pueden encontrar con velocidad a las personas que deben detener. Esto significa que el cometer ilegalidades se ha convertido en una manera de “mejorar” el desempeño policiaco. Ahora bien, dado el constante “trasvase” que existe entre los cuerpos policiacos y el crimen organizado, la posesión de las bases de datos en manos de la policía puede resultar la vía más corta para que se hagan con ellas grupos mafiosos de todo tipo. Costaría creerlo, si no estuviéramos en México. La noticia, para colmo, aparece unos días después del levantamiento de una nueva base de datos (el registro de usuarios de telefonía celular, conocido como Renaut), que generó una enorme polémica y no poco rechazo por parte de la población, al grado de que miles de ciudadanos se tomaron la molestia de investigar la CURP del presidente Calderón o de Carlos Slim para registrar sus teléfonos a sus nombres. No estamos ante un escándalo menor, de esos que se olvidan en una semana. Estamos ante una amenaza grave de nuestra intimidad personal, de nuestra integridad física y de la seguridad de millones de personas. No podemos dejarlo pasar así como así.

FARSA EN LOS MEDIOS

MANUEL BARTLETT DÍAZ

La CIRT, Cámara de la Radiodifusión, instrumento de Televisa, lanzó un desplegado descalificando una iniciativa de “Ley Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales, del PAN con el PRD”. Desplegado mendaz, usual en la defensa de sus privilegios. Denuncia la inminente aprobación al vapor de ese texto al que imputan, que anula la seguridad de la industria, la libertad de expresión; controla contenidos, censura opiniones diversas, contraviene el estado de derecho. Sorprendentes acusaciones de la empresa que con su dominio asfixiante anula la libertad de expresión, controla contenidos a su conveniencia, censura y desaparece a cualquiera que no comparta sus posiciones, vende imágenes o las destruye, viola el estado de derecho con argucias, manipula. Su ataque a la iniciativa la ensalza, la aprobación que teme, más bien que amenaza, se antoja milagrosa. El juego parece una repetición de anteriores ejercicios. Dejar correr, fingir debates, frenar a última hora, así ocurrió en anterior Legislatura con el proyecto de Ley de Radiodifusión construido en el Senado. Años de esfuerzo, foros plurales para concluir en nada, por la acción de coordinadores y legisladores al servicio de las televisoras. Nuevos esfuerzos en la actual Legislatura produjeron la siguiente trama. Primer acto: Beltrones presenta iniciativa “priísta”, con dos elementos definitorios, la reinstauración del refrendo automático de concesiones y entrega de “combos”, o sea concesiones de FM a quienes tienen AM. Impúdicas concesiones desechadas por inconstitucionales junto con la ley Televisa, por la Suprema Corte. Segundo acto: el presidente de la Comisión de Radiodifusión del Senado, senador Sotelo, perredista, presenta “iniciativa parcial” que contiene, hermanado a Beltrones, refrendo automático y combos, favorecedores de los monopolios, endulzada con temas de carácter social. Tercer acto: el PAN con perredistas presentan la iniciativa que abomina Televisa. Se programa un debate entre el diputado Corral, promotor de la iniciativa llamada “integral” y Sotelo de la “parcial” campechaneada, lance que termina en una transmutación de Sotelo, quien abandona a Beltrones, arrepentido de refrendos automáticos y combos se une a la iniciativa del PAN. Esta iniciativa —integral— que Televisa llama “legislación perniciosa” es relevante: deroga las Leyes de Radiodifusión y Telecomunicaciones; crea un órgano regulador que sustituye a la Cofetel, cooptada por Televisa; crea consejos consultivos ciudadanos; impone transparencia en concesiones; introduce reglas de competencia contra el duopolio; asegura a los medios públicos y a la radio comunitaria e indígena; rompe el monopolio obligando a contratar producción independiente; regula la publicidad, contabilizando hasta los infomerciales y otros disfraces ilegales; protege a los consumidores; defiende a los usuarios, abandonados al capricho de la empresa; incrementa sanciones a las televisoras, hoy ínfimas. Nada nuevo, propuestas necesarias reiteradamente frustradas por el contubernio de poder y televisoras. Es evidente que la debilidad del gobierno lo hace crecientemente dependiente de la imagen virtual de gobernante al mando que maquilan las televisoras; que las cúpulas partidistas dependen de la “simpatía” en las pantallas y que todos estos actores están unidos en sus compromisos plutocráticos. La iniciativa “integral” avanzó, generó esperanzas, apoyo social, era el momento, parecía. Pero ya aparecieron los coordinadores Beltrones y Navarrete, ecos serviles de Televisa, afirmando que no se legislará al vapor, se recibirá —por enésima vez— a la CIRT, atentos a sus reclamos —tanto airados como falsos—, mientras se termina el periodo, una burla más. Pero la batalla debe continuar sin ingenuidades, diría Sabina, sin la reforma a los medios la democracia es una farsa.

NUEVA LEY DE MEDIOS

CARMEN ARISTEGUI
Muchos nombres se han sumado, desde la sociedad, para impulsar la aprobación de la iniciativa conocida como Ley Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales, principalmente la Asociación Mexicana de Derecho a la Información y otras organizaciones en un Frente Nacional por una Nueva Ley de Medios. Se creó, incluso, un sitio con los correos electrónicos de senadores y diputados para que los ciudadanos les envíen mensajes sobre el tema. Se ha desatado, vía twitter y facebook, un intenso y saludable debate sobre el asunto (nuevaleydemedios.amedi.org.mx). La iniciativa se presentó, en ambas Cámaras, el 8 de abril, en respuesta a la que fue aprobada en la Comisión de Radio y Televisión que preside el senador Carlos Sotelo. Reforma publicó que esta última había salido de un programa Word con la huella de la empresa Televisa. Sotelo dio una explicación que convenció a unos pero no a otros. No era difícil que el fantasma de la Ley Televisa apareciera en San Lázaro, máxime cuando hoy opera, desde ahí, incluso una llamada telebancada. Como haya sido, las dos iniciativas colocan de nuevo a la sociedad mexicana frente a un debate en donde van de por medio poderosos intereses por un lado y, por otro, la posibilidad de establecer un marco legal moderno que desate, en serio, la fuerza transformadora de la competencia, la diversidad y la convergencia en un sector dominado por los grandes corporativos que se han instalado en el país como los verdaderos factores de decisión. Es una moneda en el aire. Para algunos -como diría Sabina-, una ingenuidad. Para otros, un momento crucial en donde podría verse una expresión luminosa del Congreso mexicano que podría dar un paso trascendente a favor de una nueva realidad para los medios y las telecomunicaciones, que se tradujera en una real apuesta por la viabilidad democrática. Falta poco para saberlo. Sólo un tramo de días, quizás de horas, para saber a qué altura quiere quedar la actual legislatura.
La historia ya la conocemos: un desplegado barato de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión en donde se intenta -una vez más- espantar con el petate del muerto por supuestos ataques a la libertad de expresión. ¿Quién, por cierto, redacta esos desplegados que contra lo que sí atentan es contra la propia inteligencia de los miembros de esa organización? Desde hace tiempo ha quedado claro que dentro de esa cámara hay intereses diferenciados y que la dominancia de la televisión se ha llevado al baile -en expresiones como ésta- a los radiodifusores. No debería de extrañar que, un día de éstos, se reagruparan para defender cada quien y a su modo sus respectivos intereses. Ya en otras ocasiones, los industriales de la radio han acompañado a los de la televisión, sin obtener nada a cambio pero, compartiendo desgaste y descrédito como en el lamentable capítulo de la Ley Televisa o, incluso, el "decretazo" de Vicente Fox. ¿No es suficiente saber que en aquel sexenio se refrendaron, con premios incluidos, las concesiones de la televisión por 20 años y a la radio se le dejó, nuevamente, en la indefensión? ¿Cuántos desplegados más estarán dispuestos a firmar? El debate de hoy incluye la posibilidad de establecer criterios legales que permitan refrendar el conjunto de concesiones que siguen operando en la radio en un lamentable limbo jurídico y las que están próximas a vencer. Se ha incorporado a la discusión la idea de un transitorio constitucional que, por única ocasión, refrende esas concesiones y, a partir de ello, establecer las nuevas reglas del juego que vayan en consonancia con lo que la Suprema Corte ya determinó.
La iniciativa de ley integral que ha concitado apoyos múltiples refleja, sin duda, las principales definiciones en las que, desde hace años, coinciden los principales especialistas y estudiosos del país. Es una iniciativa casi impecable. Adolece, sin embargo, de una grave falla con tintes de regresión que debe ser replanteada: la desaparición de la actual Cofetel -que por otras razones no estaría mal que así fuera- para dejar en el área de competencia de la SCT y el Ejecutivo la regulación y otorgamiento de concesiones. No plantea, como tanto se había insistido, la creación de un órgano con autonomía constitucional que garantice la eliminación de la discrecionalidad y el uso político de premio y castigo desde la propia autoridad. El garrote y la zanahoria, pues. Por cierto, el senador Beltrones ha detectado esa falla y la critica. Buen tiempo para tomarle la palabra.

¿HASTA CUÁNDO?

RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS

"¿Hasta cuándo abusarás, Catilina, de la paciencia nuestra? ¿Hasta cuándo este furor tuyo nos eludirá? ¿Cuándo finalmente será frenada esta audacia?" Palabras iniciales de la primera Catilinaria de Cicerón y que hoy, a mi juicio, se le podrían dedicar al gobierno. ¡Ya basta! "¡Si no pueden que renuncien!", es el grito de Alejandro Martí. Las reclamaciones, los alaridos de angustia, de dolor, de desesperación, son cosa de todos los días, igual que el inicuo derramamiento de sangre. Pero la respuesta de los que gobiernan se puede resumir en las siguientes palabras del Secretario de Gobernación: "La violencia es un fenómeno dinámico y seguirá siendo un fenómeno dinámico por algún tiempo, tenemos que estar listos todo el tiempo, todavía no podemos desterrar la violencia de este país". Afirmación dicha unas horas después de la tragedia de hace ocho días, en plena mañana, en la avenida costera Miguel Alemán del puerto de Acapulco, donde perdieron la vida varios civiles y entre ellos una niña de apenas ocho años de edad. En Cuernavaca, la Ciudad de la Eterna Primavera, que para muchos es tradicionalmente una ciudad serena, tranquila, de reposo emocional e intelectual, ya hubo en un puente vehicular cuerpos colgados y acribillados, decapitados, lo mismo que balaceras y muertos en la guerra (¡sí, guerra!) contra el narcotráfico y entre narcotraficantes; y el pasado fin de semana se divulgó en internet que se tomaran precauciones porque iban a ser días sangrientos. La consecuencia fue que el viernes y el sábado por la noche la ciudad estuvo medio vacía. ¡Para qué enumerar la lista tétrica del desastre que vive el país! Hay acuerdos, pactos, convenios, con el objeto de juzgar aquí o allá, en México o en los Estados Unidos, los crímenes que suceden en la zona fronteriza y que son causados por los traficantes de drogas mexicanos. ¿En qué proporción, en qué número, cómo, de qué manera? ¿Qué hay entonces con los principios de territorialidad, de defensa, de personalidad y de espacialidad de la ley penal consagrados en los artículos 1º, 5º y 20 del Código Penal Federal ("leges non obligant extra territorium")? "La condena sufrida en el extranjero se tendrá en cuenta si proviniere de un delito que tenga este carácter en este Código o leyes especiales", se lee en el artículo 20 del Código Penal Federal. ¿Se ha cuidado o se cuidará la vigencia de tal principio? Pero... "la violencia es un fenómeno dinámico, tenemos que estar listos todo el tiempo, todavía no podemos desterrar la violencia de este país". Véase por donde se vea la anterior declaración es de impotencia. Menudo consuelo para los familiares de las víctimas inocentes, que desde luego no viajan en aviones oficiales, ni en automóviles blindados, ni con escoltas de seguridad (ni tampoco aquellas viajaron así). ¿Listos todo el tiempo? Mejor me quedo en mi casa y no salgo de ella. ¿Es posible? Por cierto, escolta es, según el Diccionario, "persona o conjunto de personas que protegen a determinadas personalidades, en previsión de posibles atentados". Claro, uno no es una "personalidad", o sea, una persona de relieve, que destaca en una actividad o en un ambiente social; o si lo es no es una estrella de cine, de televisión o alguien parecido que paga una escolta u otra clase de protección personal. Uno es el pueblo agotado y afligido, indefenso. ¿Pueblo soberano? Pero... "tenemos que estar listos todo el tiempo". Suena a ironía por no decir que a ofensa, ya que es casi, casi, un "defiéndase como usted pueda".
Ahora bien, por supuesto que el gobierno no es el responsable directo de lo que pasa ni hay una relación de causalidad eficiente entre él y las víctimas inocentes de esta tragedia, aunque de lo que es responsable es de una mala política, de una mala estrategia en la especie. Se reconoce que han transcurrido lustros y más lustros de ineptitud, torvas complicidades, corruptelas, descaros e indiferencias cuya crónica llenaría anaqueles enteros. Algo vital se ha destruido. Es fácil destruir y muy difícil construir. Roma no se hizo en un día. Sin embargo hay que comenzar a construir de verdad. Ello no resolverá el problema ni amenguará el impacto terrible de la violencia. Será un primer paso, un ladrillo en la construcción; y si hay en la sociedad mexicana instinto de sobrevivencia la obra no se detendrá. No se detendrá si el pueblo exige que se siga adelante. Por eso es de excepcional importancia que se cambie de política y de estrategia. Consterna ver que la esperada y anhelada solución para detener o controlar esta espantosa ola de violencia depende de autoridades confundidas, equivocadas, incapaces de iniciar acciones que vayan frenando la matanza. O que de plano nos digan lo que Churchill al Reino Unido en la última conflagración mundial: "Nada puedo ofrecer más que lágrimas, sudor y sangre". ¿Y el pueblo soberano? Inerme, abrumado, aterrorizado, porque ir al trabajo, salir a la calle o vacacionar implica un riesgo. Incluso de Washington han llegado noticias en el sentido de que en altos círculos de poder se pide la intervención del Pentágono habida cuenta de la incapacidad de México (léase de su gobierno). Incapacidad basada a mi juicio en la continuidad de una estrategia equivocada. Se anuncian cambios pero han sido pocos, insignificantes. Se persiste en una Política Criminal que va perdiendo espacio confrontada con la realidad. Y hoy se admite que "la violencia es un fenómeno dinámico", que "tenemos que estar listos todo el tiempo" y que "todavía no podemos desterrar la violencia". ¿Hasta cuándo? No se sabe y no vemos que la batalla (¡sí, batalla!) se vaya ganando o que las fuerzas del gobierno se emparejen con las del enemigo. Los equivocados no perciben que la paciencia del pueblo tiene un límite, los políticos ambiciosos aprueban -a veces condicionadamente- las medidas que han fracasado. Los acuerdos, las transacciones, proliferan en medio del baño de sangre. ¡Que inflen el globo hasta que reviente! ¿Eso querrán? "¿Hasta cuándo, Catilina, hasta cuándo?" No se trata de criticar por criticar sino de ejercer el derecho, el sagrado derecho, de opinar en defensa propia. Es lo menos que debemos hacer y cualquier politólogo de mediano alcance entendería que el contraste entre el gobernante y el gobernado presenta en los días que corren claro obscuros dramáticos. En efecto, es como si nos dejaran solos, aislados, indefensos. Los mandatarios no responden a los intereses del mandante.
¿Hasta cuándo, Catilina?

LOS MOTIVOS PARA ELIMINAR LAS ZONES PROHIBIDAS NO SON ATENDIBLES

CARLOS ARELLANO GARCÍA

A mayor abundamiento, para apoyar el desechamiento de la iniciativa de algunos senadores, para eliminar del artículo 27 constitucional las zonas prohibidas fronterizas y costeras, es pertinente que argumentemos en contra de los motivos que se expresan. No pretendemos exhaustividad.
Así, en primer término, acerca de que la razón de ser de las zonas prohibidas, sostienen, sólo es histórica, y que ha dejado de tener un valor práctico real. No debe olvidarse que la Historia es una gran maestra y que, como señalaba José Ortega y Gasset: "Un pueblo que no acata las decisiones de la Historia, deberá volver a vivir las amarguras de épocas pretéritas."
Se expresa en la iniciativa, respecto de las playas, que el espíritu de la prohibición fue eminentemente de naturaleza militar, para la defensa estratégica de las costas, para no facilitar el desembarco de fuerzas enemigas en sus litorales, y que esa motivación, hoy en día, resulta obsoleta. Esto no es sostenible, en el mundo existe la ley universal del cambio, todo se transforma, y, hoy en día, la prohibición respecto de zonas costeras no tiene una motivación militar, tiene motivos económicos pues, los extranjeros, a través de la propiedad privada, se apoderarían de extensísimas posesiones costeras, y con la característica de "propiedad privada" estarían vedadas a los mexicanos las zonas territoriales adquiridas por los extranjeros, con la simple argumentación de que se trataría de "propiedad privada", y también estaría vedada la porción territorial correspondiente para autoridades y funcionarios que no pueden ocupar, ni penetrar, propiedades privadas.
En la iniciativa se expresa, respecto de costas, que la Nación mexicana ejerce derechos en aguas de mares interiores, mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva, plataforma continental e insular, pero, no se expresa que los mexicanos no pueden llegar a esas zonas marinas porque, como obstáculo impeditivo, están las propiedades privadas de los extranjeros, que son impenetrables para gobernantes y gobernados mexicanos.
En la iniciativa, se argumenta que la prohibición constitucional tuvo la intención de proteger la soberanía y el territorio nacional, y que no lleva la finalidad de limitar el derecho de propiedad. Esta intención sobrevive, debe protegerse la soberanía y el territorio nacional a través de las zonas prohibidas, costera y fronteriza. La intención no fue, ni es, limitar la propiedad a extranjeros pero, si éste es un medio de afectación al país, debe conservarse esa limitación a los extranjeros, pues de no ser así, se perjudicaría el país.
No es sostenible que la defensa de fronteras y playas está confiada a las instituciones armadas del país, por tierra, mar y aire. Esto es factible únicamente en caso de agresiones del exterior pero, esa no es razón para dejar a nuestro país a la deriva en situación de indefensión. La principal defensa de nuestro país en todo lo que le pertenece, es eminentemente jurídica, y quieren dejar a nuestro país en situación de abandono jurídico, lo que daría lugar a situaciones muy peligrosas que afectarían su integridad territorial y su control frente al exterior.
Es verdad que nuestro país tiene, constitucionalmente, el derecho de imponer a la propiedad privada las medidas que dicte el interés público, y puede hacerlo respecto de nacionales, sin ninguna consecuencia, en cambio, respecto de extranjeros, pudiera ser que surgiera la oposición a esas medidas, y esto estaría respaldado por la protección que pueden ejercer los Estados a los cuales pertenecen los extranjeros.
Se pretende apoyar la iniciativa de eliminación de zonas prohibidas, con el argumento de que habría inversiones extranjeras y fuentes de divisas. Sobre ese particular, debe señalarse que, las inversiones extranjeras ya se pueden dar con el sistema actual de fideicomisos, que permiten a extranjeros ejercer en esas zonas prohibidas, costeras y fronterizas, el derecho de uso y el de usufructo, y no el de dominio directo, dado que eso es afectativo de lo nacional. Además, sabido es que las inversiones extranjeras no son la panacea, pues los inversionistas extranjeros no son damas de la caridad, y sacan muchas divisas del país.
Los extranjeros, personas físicas o morales, a través del sistema de fideicomisos, ya pueden realizar inversiones en aras de un desarrollo industrial y turístico, no hay para qué poner en peligro la soberanía nacional y el territorio patrio.

LICITACIONES: MANDATOS DE LA CORTE

JESÚS CANTÚ

Todo indica que nuevamente será imposible reformar el marco normativo de la radio y la televisión en el país. El líder de la mayoría priista, Manlio Fabio Beltrones, tiene comprometido su voto con los concesionarios y, en consecuencia, su iniciativa protege sus privilegios; mientras que legisladores del PAN y del PRD, de acuerdo con lo anunciado el miércoles 14, buscan impulsar una legislación moderna que responda a las nuevas realidades. Sin embargo, si estas dos posiciones se consolidan, lo más probable es que no se logren los votos requeridos para aprobar la legislación en ambas cámaras. En el caso de la iniciativa de Beltrones, que ya logró la aprobación de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, es muy probable que ni siquiera llegue al pleno, pues todavía requiere de la aprobación del dictamen en dos comisiones del Senado, lo que no está garantizado; pero aun cuando lo consiguiera, no lograría los votos necesarios en el Pleno. En cambio, por lo que toca a la iniciativa presentada simultáneamente en el Senado y la Cámara de Diputados por los legisladores panistas, el problema se encuentra en esta última, donde seguramente la mayoría PRI-PVEM votaría en contra, y sin su apoyo no pasa. Así, los grupos nuevamente se neutralizarán. Son muchos los puntos en discusión, pero uno que ha acaparado la atención es la renovación de las concesiones de radio y televisión una vez que termina su vigencia. Este fue precisamente el motivo de la iniciativa presentada por Beltrones, en compañía de otros cuatro senadores priistas, el 2 de diciembre de 2008. La razón es que los concesionarios pretenden, tal como señalaron los ministros al resolver la acción de inconstitucionalidad 26/2006, con motivo de la aprobación de la llamada Ley Televisa, que se les conceda “de facto la propiedad sobre el espectro radioeléctrico”. En aquella ocasión establecieron en el artículo 16 de la Ley Federal de Radio y Televisión: “El refrendo de las concesiones, salvo en el caso de renuncia, no estará sujeto al procedimiento del artículo 17 de esta ley”. Ahora intentan burlar la determinación de la Suprema Corte con la figura de la prórroga, que para efectos prácticos significa restablecer la práctica que la Corte descartó. En su exposición de motivos, los cinco senadores priistas señalan que los ministros dejaron “ver que su preocupación se encontraba, más que en que el refrendo no se sometería a licitación, en que éste sería automático; en que para el otorgamiento del mismo no se contemplaba requisito alguno; y en que se generaba la posibilidad de que el Estado no recibiera contribución económica a cambio”. Y por lo tanto, señalan, “no todo proceso de refrendo debe someterse a licitación pública, sino que para ser constitucional debe estar sujeto a diversas condiciones impuestas por la autoridad competente”. A partir de este razonamiento incluyen un procedimiento de revisión administrativo que permite a la autoridad “imponer nuevas condiciones” y “evaluar el desempeño del concesionario”, además de reconocer al Estado el derecho a recibir una contraprestación económica por la renovación. Señalan igualmente que este procedimiento es acorde con el contenido en la Ley de Telecomunicaciones. Sin embargo, ni los senadores priistas ni Carlos Sotelo –perredista presidente de la Comisión de RTC, que defiende también la constitucionalidad de dichas disposiciones– reparan en que la sentencia de la Suprema Corte señala con todas sus letras, en la página 534: “Sin embargo, para que el refrendo de una concesión y la preferencia que se otorgue a su titular resulten apegados a la Ley Suprema, es menester que el titular de la concesión, al término de la misma, compita nuevamente, en igualdad de circunstancias, con otros interesados…”. Y en la siguiente página precisa: “Así, la preferencia para el concesionario con motivo del refrendo sólo implica que se le prefiera cuando se presente un equilibrio total o una igualdad absoluta entre varios interesados en cuanto a su idoneidad y al cumplimiento de los requisitos exigidos para el otorgamiento de la concesión…”. Todavía más adelante, en la página 550, apunta: “La radio y la televisión son medios masivos de comunicación que tienen importancia trascendental en la vida diaria de los individuos, por lo que el Estado, al regular el uso del bien público utilizado en esa actividad, debe garantizar la igualdad de oportunidades para su acceso y propiciar un pluralismo que asegure a la sociedad el respeto del derecho a la información y la libre manifestación de las ideas”. Así, aunque textualmente no dice que todo procedimiento de renovación tiene que someterse a una licitación, realmente no deja alternativas y, desde luego, descarta cualquier procedimiento administrativo cerrado que no permita la igualdad de oportunidades a otros interesados. Y esta igualdad de oportunidades no existe en la iniciativa de Beltrones. En contrapartida, la iniciativa presentada por el líder de la fracción panista en el Senado, Gustavo Madero, señala en su artículo 36 que todas las concesiones de frecuencias o bandas de frecuencias para uso comercial se otorgarán mediante licitación pública; y en el 42, que “un año antes de que inicie la última quinta parte del periodo de vigencia de la concesión para uso comercial, el instituto deberá licitar las frecuencias o bandas de frecuencias objeto de la misma”. En este caso, el otorgamiento y la renovación corren la misma suerte, y simplemente la propuesta señala en el mismo artículo que, en “caso de igualdad absoluta de condiciones (…) el concesionario, por una sola vez, tendrá derecho de preferencia sobre terceros…”. Las diferencias son evidentes: La iniciativa encabezada por Beltrones pretende otorgar de facto la propiedad del espectro a los actuales concesionarios; y la propuesta blanquiazul, brindar igualdad de oportunidades a todos los interesados.

EL TEMA NUCLEAR EN LA AGENDA INTERNACIONAL

OLGA PELLICER

Las armas nucleares son un peligro para la humanidad. Esta aseveración es inobjetable; sin embargo, no conmueve, no produce alarma, no acelera los pasos para evitar la proliferación de las mismas. No ha sido sino hasta últimas fechas que el tema ha recuperado importancia ante la opinión pública y los medios de comunicación internacionales. Los motivos para la atención hacia el peligro nuclear en la agenda internacional son varios: la firma del acuerdo entre Rusia y Estados Unidos para reducir sus cabezas nucleares y establecer un sistema de verificación que aliente la confianza mutua y propicie, eventualmente, mayores reducciones; la Cumbre celebrada en Washington para advertir sobre el peligro del terrorismo nuclear y tomar medidas para combatirlo; la ofensiva diplomática para intensificar las sanciones a Irán y detener, quizá, su avance hacia la fabricación de la bomba nuclear; finalmente, aunque no de menor importancia, la cercanía de la Conferencia de revisión del Tratado de No Proliferación, el documento más importante para evitar la proliferación nuclear. Las acciones protagonizadas principalmente por Estados Unidos y Rusia han sido vistas con optimismo moderado. El número de cabezas nucleares eliminadas en ambos países es pequeño, comparado con el de las que permanecen activas; no se han modificado las doctrinas de defensa que otorgan importancia al armamento nuclear para la seguridad nacional; no ha cambiado la posición de países como Francia, Reino Unido o China, que saben bien cuánto importan sus arsenales nucleares, por pequeños que sean, para mantenerlos en la “élite del poder”. Es discutible si se avanza, o no, hacia el mundo sin armas nucleares que prometió Obama hace poco más de un año en Praga. Y sin embargo, no se puede negar que lo ocurrido en las últimas semanas, aunque sea muy limitado, va en la buena dirección. Es bueno pavimentar el camino para el entendimiento entre Estados Unidos y Rusia en materia nuclear; es bueno ampliar el consenso para tratar el caso de Irán en el Consejo de Seguridad; es bueno ayudar a que se tome conciencia de la posibilidad de que materiales nucleares caigan en manos de terroristas; es bueno, en fin, que el mundo recupere la preocupación por el peligro de las armas nucleares, aun si dicha preocupación no corresponde a la profundidad de las acciones que se realizan. Todo ello es necesario, entre otras cosas, por el interés renovado en el uso pacífico de la energía nuclear. Durante los años de la Guerra Fría, México fue un actor importante en materia de desarme, no proliferación y uso pacífico de la energía nuclear. En aquella época se inició, negoció y llevó a feliz término la negociación para el Tratado de Tlatelolco. Se convocó a una reunión de seis jefes de Estado o de gobierno, provenientes de todos los continentes, para alentar la reanudación de pláticas sobre desarme que se habían suspendido entre Estados Unidos y la entonces Unión Soviética. México era un país muy reconocido en todas las actividades que se efectuaban en la Conferencia del Desarme o en la Asamblea General de la ONU para mantener viva la causa del desarme. En otro orden de cosas, puso en marcha la central nuclear de Laguna Verde, para la generación, por ahora, de 4% de la electricidad que se consume en el país. Luego, todo lo nuclear fue cayendo en el olvido. Una serie de circunstancias internas y externas motivaron que se debilitaran los foros ocupados del desarme y fuese imposible detener la proliferación nuclear, como lo evidenciaron los casos de la India, Pakistán y, aun si no lo declara, Israel. Por otra parte, los terrores producidos por accidentes nucleares colocaron en segundo término la energía nuclear como fuente de electricidad. Para México ni los peligros de las armas nucleares ni la utilización pacífica del átomo volvieron a cobrar importancia. No fue así en el resto del mundo. Desde comienzos del siglo XXI la energía nuclear fue recuperando importancia para cuestiones de seguridad o producción de energía. En el primer caso, porque el temor al terrorismo nuclear, después de los acontecimientos del 11 de septiembre, llevó a buscar mecanismos de control sobre toda instalación que tuviese materiales que pudieran ser utilizados para producir una bomba nuclear. En el segundo caso, porque la búsqueda de energías alternativas que no produzcan gases de efecto invernadero se colocó en el corazón de las políticas energéticas en la mayoría de los países. México se ha quedado al margen de esos desarrollos. Se necesitó la reciente Cumbre convocada por Obama para que decidiese, al fin, realizar la sustitución del combustible nuclear utilizado en el Instituto de Investigaciones Nucleares, una demanda que no se había atendido desde hace casi 10 años. Otro tanto sucede con el Protocolo Adicional de Salvaguardias del OIEA, el cual da a esa organización mayores facultades para monitorear importaciones, exportaciones y utilización de materiales nucleares. Es cierto que, siendo secretario de Energía, Felipe Calderón lo firmó en 2004, pero no se ha ratificado, a pesar de múltiples presiones ejercidas por el OIEA. Todavía no se ratifica al momento de escribir estas líneas, pero seguramente oiremos muy pronto que ya entró en vigor. De algo sirve, por lo visto, el llamado que se hace desde los más altos niveles de Washington. Los compromisos aceptados recientemente en Washington para la seguridad de las instalaciones nucleares fueron inevitables; México no se puede quedar fuera de esas corrientes internacionales. Pero se requiere algo más que decisiones forzadas; se requiere una política que coloque a México al nivel de los países que tienen el uso y la seguridad de la energía nuclear al centro de sus planes de desarrollo a largo plazo. ¿Será posible dentro del ánimo que domina la política nacional?