JOSÉ ÁNGEL TRINIDAD ZALDÍVARParece un hecho que pronto se enviará una propuesta al Congreso para que las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) sean revisadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) o “alguna autoridad similar”. ¿Qué se proponen con esta iniciativa? Al parecer, la intención es limitar las “fuertes” decisiones de los comisionados del IFAI y su “loco” afán por transparentar todo.
La idea de esta propuesta es, entonces, que los funcionarios obligados por el IFAI a entregar información a los ciudadanos puedan protegerse, corriendo a esconderse en las faldas del TFJFA, librándose así de su responsabilidad para entregar la información. Qué paradójico. Parece ser que a nuestros administradores públicos les incómoda entregar información a su verdadera dueña: la sociedad en su conjunto.
Si se lleva a cabo una modificación de esta naturaleza, el ciclo exitoso de la transparencia estará por cerrarse. Los embates en su contra la tienen exhausta. A diferencia de otros países donde a las experiencias exitosas se les cuida, se les procura y se les fortalece, en México no son bienvenidas. Simulamos que así es, pero en verdad no. Todavía no cumple una década el nuevo modelo de transparencia cuando ya lo van a echar abajo, a derrumbarlo, peor aún, a esconderlo bajo el manto que cubre gran parte de nuestro quehacer público: la simulación. Simularemos que somos un país transparente. Cómo no, dirán los políticos, si tenemos una excelente ley, emulada por varios países por cierto, y un instituto, el IFAI, modelo e inspiración en otras partes del mundo, que atiende los reclamos de la sociedad. Estos políticos olvidarán mencionar que quizá gracias a la iniciativa en ciernes, el IFAI y la transparencia pasarán a formar parte del enorme cementerio de proyectos fallidos, de políticas públicas frustradas, y de enredos burocráticos sin fin. ¿Por qué? Porque una resolución hecha a modo provocará que cada vez que el IFAI obligue a alguna institución a entregar información, ésta pueda solicitar una revisión ante el tribunal dejando al ciudadano solicitante indefenso y envuelto en una maraña legal.
La propuesta que se pretende impulsar no sólo es ilegal a todas luces, sino inconstitucional y contraria a los principios de un verdadero régimen democrático. Quienes hoy abogan por el “control de la legalidad” de las resoluciones del IFAI, olvidan que ayer exigían un órgano con absoluta independencia, un órgano ciudadano alejado del poder político. En efecto, en la exposición de motivos que en 2001 envió el propio Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión, se estableció que “se prevé la existencia de un órgano con autonomía de decisión [por lo que se optó] por crear un órgano alejado de las decisiones políticas de la administración centralizada”. De igual forma en el Decreto de Creación del Instituto se dispuso que “la naturaleza jurídica del IFAI es aquella que le permita ejercer con toda plenitud la autonomía indispensable para asegurar su independencia en relación con otros órganos o dependencias de la propia administración pública”. Olvidan también que cualquier ciudadano que se vea afectado por una resolución del IFAI puede acudir al Poder Judicial de la Federación a reclamar sus derechos. Ahí está su control de la legalidad. Olvidan además que el artículo Art. 73 XXIX-H de la Constitución establece que el TFJFA está para dirimir controversias entre la Administración Pública y los particulares, y no entre órganos de la propia Administración Pública. Finalmente, y quizá lo más importante, es que contravendrían el espíritu del legislador permanente que hace apenas un par de años reformó el artículo sexto de la Constitución para obligar a que las resoluciones en materia de transparencia fueran expeditas y formuladas por órganos especializados, condiciones que no cumple el TFJFA.
Imponer la vigilancia de TFJFA al IFAI plantea una situación preocupante porque implica que volvemos al Estado omnicomprensivo, absoluto, que define hasta dónde puede o debe participar la sociedad. Parecería que el gobierno no quiere escrutinio riguroso, sino comparsa complaciente. Quieren organismos a modo. Mientras varios países sueñan con leyes e institutos de avanzada, como el nuestro, para garantizar el flujo de la información, en nuestro país decidimos echarnos varios pasos atrás para volver a la retaguardia y al oscurantismo que protege al gobierno sobre los intereses de la ciudadanía. Si esta la iniciativa avanza, démosle sepultura a la transparencia, olvidémonos de ella.
La idea de esta propuesta es, entonces, que los funcionarios obligados por el IFAI a entregar información a los ciudadanos puedan protegerse, corriendo a esconderse en las faldas del TFJFA, librándose así de su responsabilidad para entregar la información. Qué paradójico. Parece ser que a nuestros administradores públicos les incómoda entregar información a su verdadera dueña: la sociedad en su conjunto.
Si se lleva a cabo una modificación de esta naturaleza, el ciclo exitoso de la transparencia estará por cerrarse. Los embates en su contra la tienen exhausta. A diferencia de otros países donde a las experiencias exitosas se les cuida, se les procura y se les fortalece, en México no son bienvenidas. Simulamos que así es, pero en verdad no. Todavía no cumple una década el nuevo modelo de transparencia cuando ya lo van a echar abajo, a derrumbarlo, peor aún, a esconderlo bajo el manto que cubre gran parte de nuestro quehacer público: la simulación. Simularemos que somos un país transparente. Cómo no, dirán los políticos, si tenemos una excelente ley, emulada por varios países por cierto, y un instituto, el IFAI, modelo e inspiración en otras partes del mundo, que atiende los reclamos de la sociedad. Estos políticos olvidarán mencionar que quizá gracias a la iniciativa en ciernes, el IFAI y la transparencia pasarán a formar parte del enorme cementerio de proyectos fallidos, de políticas públicas frustradas, y de enredos burocráticos sin fin. ¿Por qué? Porque una resolución hecha a modo provocará que cada vez que el IFAI obligue a alguna institución a entregar información, ésta pueda solicitar una revisión ante el tribunal dejando al ciudadano solicitante indefenso y envuelto en una maraña legal.
La propuesta que se pretende impulsar no sólo es ilegal a todas luces, sino inconstitucional y contraria a los principios de un verdadero régimen democrático. Quienes hoy abogan por el “control de la legalidad” de las resoluciones del IFAI, olvidan que ayer exigían un órgano con absoluta independencia, un órgano ciudadano alejado del poder político. En efecto, en la exposición de motivos que en 2001 envió el propio Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión, se estableció que “se prevé la existencia de un órgano con autonomía de decisión [por lo que se optó] por crear un órgano alejado de las decisiones políticas de la administración centralizada”. De igual forma en el Decreto de Creación del Instituto se dispuso que “la naturaleza jurídica del IFAI es aquella que le permita ejercer con toda plenitud la autonomía indispensable para asegurar su independencia en relación con otros órganos o dependencias de la propia administración pública”. Olvidan también que cualquier ciudadano que se vea afectado por una resolución del IFAI puede acudir al Poder Judicial de la Federación a reclamar sus derechos. Ahí está su control de la legalidad. Olvidan además que el artículo Art. 73 XXIX-H de la Constitución establece que el TFJFA está para dirimir controversias entre la Administración Pública y los particulares, y no entre órganos de la propia Administración Pública. Finalmente, y quizá lo más importante, es que contravendrían el espíritu del legislador permanente que hace apenas un par de años reformó el artículo sexto de la Constitución para obligar a que las resoluciones en materia de transparencia fueran expeditas y formuladas por órganos especializados, condiciones que no cumple el TFJFA.
Imponer la vigilancia de TFJFA al IFAI plantea una situación preocupante porque implica que volvemos al Estado omnicomprensivo, absoluto, que define hasta dónde puede o debe participar la sociedad. Parecería que el gobierno no quiere escrutinio riguroso, sino comparsa complaciente. Quieren organismos a modo. Mientras varios países sueñan con leyes e institutos de avanzada, como el nuestro, para garantizar el flujo de la información, en nuestro país decidimos echarnos varios pasos atrás para volver a la retaguardia y al oscurantismo que protege al gobierno sobre los intereses de la ciudadanía. Si esta la iniciativa avanza, démosle sepultura a la transparencia, olvidémonos de ella.
No hay comentarios:
Publicar un comentario