ANA LAURA MAGALONI KERPELEl martes pasado, Reforma publicó a ocho columnas el caso de José Humberto Márquez Compeán, un joven de 26 años que fue detenido, junto con otro compañero, el domingo 21 de marzo, en el municipio de Santa Catarina en Nuevo León. Se les acusaba del delito de narcomenudeo. Cuando eran trasladados a la delegación de la PGR en Escobedo, varios sicarios intentaron liberarlos. Se produjo un enfrentamiento que dejó dos heridos y un muerto. Márquez Compeán quedó ileso. A las 15:15 horas se le puede observar en una fotografía en donde se está subiendo a un helicóptero de la Marina. Es la última vez que se le vio con vida. Al día siguiente aparece en una fotografía el cadáver de un hombre con la misma vestimenta, que fue encontrado en el municipio de San Nicolás. ¿Cómo pasó de su carácter de detenido al de asesinado estando bajo la custodia de las autoridades? ¿Es éste un caso completamente aislado o representa un patrón del tipo de cosas que están sucediendo en la denominada "guerra contra el crimen organizado"?
No existe evidencia que apunte a la generalización de este caso. Lo único que sí se puede sostener con datos del INEGI es que esta "guerra" no ha aumentado en forma significativa el número de asuntos consignados por la PGR con respecto a los de años anteriores. Para explicarlo en forma simple, las consignaciones se refieren a los casos en donde el MP construye una acusación, con pruebas, testimonios y argumentos, para solicitar a un juez que dé inicio a un juicio penal en contra de un presunto responsable. Como todos sabemos, el juicio es el único mecanismo que existe para que un delincuente sea sentenciado a prisión. En este sentido, el número de consignaciones por parte de la PGR es un primer indicador sobre la capacidad del gobierno federal para aplicar la ley a los delincuentes.
La información del INEGI sobre procesos penales federales indica que, del 2006 a 2008 (los datos sólo llegan hasta este año), el número total de asuntos consignados por la PGR sólo se elevó 9.7% entre un año y otro. Sobra decir que en 2006 la agenda del gobierno federal se centró en la elección presidencial y en el conflicto postelectoral. En cambio, 2008 fue un año en donde dicha agenda fue predominantemente la de seguridad. El número total de consignaciones no refleja estas diferencias.
El punto medular se encuentra cuando se analiza con más detalle el tipo de casos que consignó la PGR en cada año. Así, por ejemplo, mientras que en 2006 la PGR consignó 51 casos de homicidio, en 2008 consignó 62. Un homicidio es un delito federal (y no local) cuando se comete contra un servidor público federal, o bien, cuando tiene relación con otros delitos federales como es el caso del narcotráfico. Por tanto, a pesar de las miles de ejecuciones y las decenas de policías federales y soldados asesinados en 2008, no formó parte de la estrategia de seguridad, ni de la reconstrucción de la autoridad del Estado, perseguir eficazmente a los que los cometieron.
Por lo que respecta a los delitos relacionados con narcotráfico, en 2006 hubo 16,290 consignaciones en este rubro y en 2008, 17,360. Es decir, hubo un ligero aumento de 6% entre un año y otro. ¿Cómo explicar esta cifra? Por el delito de lesiones -uno esperaría que esta "guerra" hubiese dejado a muchos lesionados- prácticamente la cifra de consignaciones permanece idéntica: en 2006 hubo 29 casos y en 2008 hubo 31.
Finalmente, en el caso de delitos del crimen organizado distintos al narcotráfico el número de consignaciones es desolador: en 2008, la PGR sólo consignó ocho casos de secuestro y uno de trata de personas. Cabe destacar, además, que en ese año no existió ninguna consignación por el delito de tortura.
Así, todo parece indicar que los operativos y detenciones que llevan a cabo todos los días el Ejército y la Policía Federal en distintas entidades del país no están traduciéndose en procesos judiciales a través de los cuales sea posible encarcelar a los responsables de la violencia que se vive en muchas partes del país. Si a estas personas no se les está procesando y encarcelando, ¿dónde están?, ¿en qué consiste la "guerra" contra el crimen? ¿Cuáles son los objetivos que se ha propuesto el Estado mexicano en esta materia?
Por lo menos una cosa está clara: la estrategia del gobierno federal para enfrentar al crimen organizado se centra en el uso de la fuerza y no en la aplicación de la ley. Quizá ello explica el calificativo de "guerra". Cabría preguntase entonces qué exactamente es lo que entiende la administración federal cuando habla del "restablecimiento de la autoridad del Estado mexicano frente al crimen" como objetivo central de sus políticas de seguridad. En una democracia, a diferencia de un régimen dictatorial, la principal fuente de autoridad del Estado proviene de su capacidad para hacer efectiva la ley de acuerdo a los procedimientos establecidos con ese fin. El uso de la fuerza, por sí solo, no puede generar esa autoridad. Los procesos judiciales, con todo lo que llevan aparejado (pruebas, los argumentos jurídicos, escrutinio público), son los vehículos que tiene el Estado para legitimar el uso mismo de la fuerza, para diferenciar a un policía de un delincuente y para mostrar a la ciudadanía de qué está hecha su autoridad. ¿Qué consecuencias cabe esperar que tenga en el país el hecho de que nada de ello forme parte central de la agenda de seguridad pública de la actual administración?
No existe evidencia que apunte a la generalización de este caso. Lo único que sí se puede sostener con datos del INEGI es que esta "guerra" no ha aumentado en forma significativa el número de asuntos consignados por la PGR con respecto a los de años anteriores. Para explicarlo en forma simple, las consignaciones se refieren a los casos en donde el MP construye una acusación, con pruebas, testimonios y argumentos, para solicitar a un juez que dé inicio a un juicio penal en contra de un presunto responsable. Como todos sabemos, el juicio es el único mecanismo que existe para que un delincuente sea sentenciado a prisión. En este sentido, el número de consignaciones por parte de la PGR es un primer indicador sobre la capacidad del gobierno federal para aplicar la ley a los delincuentes.
La información del INEGI sobre procesos penales federales indica que, del 2006 a 2008 (los datos sólo llegan hasta este año), el número total de asuntos consignados por la PGR sólo se elevó 9.7% entre un año y otro. Sobra decir que en 2006 la agenda del gobierno federal se centró en la elección presidencial y en el conflicto postelectoral. En cambio, 2008 fue un año en donde dicha agenda fue predominantemente la de seguridad. El número total de consignaciones no refleja estas diferencias.
El punto medular se encuentra cuando se analiza con más detalle el tipo de casos que consignó la PGR en cada año. Así, por ejemplo, mientras que en 2006 la PGR consignó 51 casos de homicidio, en 2008 consignó 62. Un homicidio es un delito federal (y no local) cuando se comete contra un servidor público federal, o bien, cuando tiene relación con otros delitos federales como es el caso del narcotráfico. Por tanto, a pesar de las miles de ejecuciones y las decenas de policías federales y soldados asesinados en 2008, no formó parte de la estrategia de seguridad, ni de la reconstrucción de la autoridad del Estado, perseguir eficazmente a los que los cometieron.
Por lo que respecta a los delitos relacionados con narcotráfico, en 2006 hubo 16,290 consignaciones en este rubro y en 2008, 17,360. Es decir, hubo un ligero aumento de 6% entre un año y otro. ¿Cómo explicar esta cifra? Por el delito de lesiones -uno esperaría que esta "guerra" hubiese dejado a muchos lesionados- prácticamente la cifra de consignaciones permanece idéntica: en 2006 hubo 29 casos y en 2008 hubo 31.
Finalmente, en el caso de delitos del crimen organizado distintos al narcotráfico el número de consignaciones es desolador: en 2008, la PGR sólo consignó ocho casos de secuestro y uno de trata de personas. Cabe destacar, además, que en ese año no existió ninguna consignación por el delito de tortura.
Así, todo parece indicar que los operativos y detenciones que llevan a cabo todos los días el Ejército y la Policía Federal en distintas entidades del país no están traduciéndose en procesos judiciales a través de los cuales sea posible encarcelar a los responsables de la violencia que se vive en muchas partes del país. Si a estas personas no se les está procesando y encarcelando, ¿dónde están?, ¿en qué consiste la "guerra" contra el crimen? ¿Cuáles son los objetivos que se ha propuesto el Estado mexicano en esta materia?
Por lo menos una cosa está clara: la estrategia del gobierno federal para enfrentar al crimen organizado se centra en el uso de la fuerza y no en la aplicación de la ley. Quizá ello explica el calificativo de "guerra". Cabría preguntase entonces qué exactamente es lo que entiende la administración federal cuando habla del "restablecimiento de la autoridad del Estado mexicano frente al crimen" como objetivo central de sus políticas de seguridad. En una democracia, a diferencia de un régimen dictatorial, la principal fuente de autoridad del Estado proviene de su capacidad para hacer efectiva la ley de acuerdo a los procedimientos establecidos con ese fin. El uso de la fuerza, por sí solo, no puede generar esa autoridad. Los procesos judiciales, con todo lo que llevan aparejado (pruebas, los argumentos jurídicos, escrutinio público), son los vehículos que tiene el Estado para legitimar el uso mismo de la fuerza, para diferenciar a un policía de un delincuente y para mostrar a la ciudadanía de qué está hecha su autoridad. ¿Qué consecuencias cabe esperar que tenga en el país el hecho de que nada de ello forme parte central de la agenda de seguridad pública de la actual administración?
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