JORGE ALCOCER VILLANUEVALa reforma constitucional electoral (2007) otorgó a las entidades federativas plazo de un año para realizar los ajustes a sus constituciones y leyes respectivas; los estados que en aquel momento habían iniciado proceso local, lo deberían hacer a su término. Por tanto, hoy en día la totalidad de las entidades federativas han cumplido con el mandato constitucional.
Lo aprobado por los congresos locales muestra una notable heterogeneidad de normas y plazos en aspectos como el financiamiento a los partidos y sus campañas; las atribuciones de los institutos electorales locales en materia de TV y radio; los plazos de duración de precampañas y campañas, así como las reglas a que deben ajustarse aspirantes, precandidatos y candidatos. En no pocos asuntos, lo que en un estado se permite, en el vecino está prohibido. Es evidente que hemos retrocedido en el camino de igualar normas, instituciones, procedimientos y plazos en materia electoral, provocando un laberinto que dificulta a grado extremo la aplicación de la reforma constitucional en el ámbito local.
A lo anterior se suma el asalto que han sufrido por igual institutos y tribunales electorales locales, respecto de los que el ajuste legal sirvió de coartada para la renovación anticipada de consejeros y magistrados, con el único objetivo de colocar en esos cargos a personas vinculadas a los intereses del gobernador en turno, o de los dirigentes locales de los partidos políticos. En los casos en que la SCJN o el TEPJF impidieron tal propósito, el pago de generosas indemnizaciones o nuevas reformas legales, dieron la vuelta a las sentencias para consumar el reparto de cargos, que ahora no solo comprenden los de mando superior, sino que incluyen prácticamente todas las plazas permanentes en las instituciones locales.
En 14 estados con proceso electoral en este año la jornada electoral tendrá lugar el primer domingo de julio (la excepción es Yucatán), debiendo concluir las campañas tres días antes; sin embargo, en los demás plazos priva la diferencia. El inicio del proceso electoral tiene fecha distinta; las precampañas en cada estado son una torre de Babel en lo que hace a duración y fechas de inicio y término, así como en las reglas para partidos, aspirantes y precandidatos. Igual ocurre con los plazos para registro de candidatos y con la duración de las campañas. En algunos estados las precampañas concluyen este mes, en otros se prolongarán hasta mayo, lo que ha provocado situaciones insólitas en la apertura de tiempos para los partidos políticos en TV y radio.
Por ejemplo, en Hidalgo las precampañas concluirán hasta el 26 de abril, sin que los partidos hayan registrado hasta hoy precandidatos, pero la pauta de TV y radio para este fin concluyó la segunda semana de este mes. En Veracruz iniciaron la tercera semana de febrero, pero el acceso a TV y radio dará comienzo esta semana, cuando las precampañas están por llegar a su término legal. Son numerosos los casos de aspirantes que realizan proselitismo abierto sin que hayan sido registrados como precandidatos por un partido o coalición. En pocas palabras, los plazos legales corren por un lado; el acceso a TV y radio, así como los actos de precampaña, por otro.
Frente a tales hechos, cobra relevancia la iniciativa del PAN en el Senado, que propone, entre otras medidas, convertir al IFE en la autoridad responsable de organizar y desarrollar los procesos locales, contando al efecto con un Cofipe de ámbito general. Para lo anterior se propone abrogar las 32 leyes locales y suprimir los institutos y tribunales estatales y del DF. Propuesta similar hizo en 2007 el PRD, pero la reforma se detuvo en establecer la posibilidad de que el IFE, mediante convenio, asuma responsabilidades de ámbito local, lo que no ha ocurrido hasta hoy.
Con las reformas electorales acontece lo que en la fábula de Penélope: lo que de día se teje en el ámbito federal, por la noche se deshace en los ámbitos locales. La disgregación del poder político ha provocado la balcanización del sistema electoral; es necesario volver a discutir un cambio de fondo que permita armonizar lo que de suyo no requiere de mayores diferencias.
Lo aprobado por los congresos locales muestra una notable heterogeneidad de normas y plazos en aspectos como el financiamiento a los partidos y sus campañas; las atribuciones de los institutos electorales locales en materia de TV y radio; los plazos de duración de precampañas y campañas, así como las reglas a que deben ajustarse aspirantes, precandidatos y candidatos. En no pocos asuntos, lo que en un estado se permite, en el vecino está prohibido. Es evidente que hemos retrocedido en el camino de igualar normas, instituciones, procedimientos y plazos en materia electoral, provocando un laberinto que dificulta a grado extremo la aplicación de la reforma constitucional en el ámbito local.
A lo anterior se suma el asalto que han sufrido por igual institutos y tribunales electorales locales, respecto de los que el ajuste legal sirvió de coartada para la renovación anticipada de consejeros y magistrados, con el único objetivo de colocar en esos cargos a personas vinculadas a los intereses del gobernador en turno, o de los dirigentes locales de los partidos políticos. En los casos en que la SCJN o el TEPJF impidieron tal propósito, el pago de generosas indemnizaciones o nuevas reformas legales, dieron la vuelta a las sentencias para consumar el reparto de cargos, que ahora no solo comprenden los de mando superior, sino que incluyen prácticamente todas las plazas permanentes en las instituciones locales.
En 14 estados con proceso electoral en este año la jornada electoral tendrá lugar el primer domingo de julio (la excepción es Yucatán), debiendo concluir las campañas tres días antes; sin embargo, en los demás plazos priva la diferencia. El inicio del proceso electoral tiene fecha distinta; las precampañas en cada estado son una torre de Babel en lo que hace a duración y fechas de inicio y término, así como en las reglas para partidos, aspirantes y precandidatos. Igual ocurre con los plazos para registro de candidatos y con la duración de las campañas. En algunos estados las precampañas concluyen este mes, en otros se prolongarán hasta mayo, lo que ha provocado situaciones insólitas en la apertura de tiempos para los partidos políticos en TV y radio.
Por ejemplo, en Hidalgo las precampañas concluirán hasta el 26 de abril, sin que los partidos hayan registrado hasta hoy precandidatos, pero la pauta de TV y radio para este fin concluyó la segunda semana de este mes. En Veracruz iniciaron la tercera semana de febrero, pero el acceso a TV y radio dará comienzo esta semana, cuando las precampañas están por llegar a su término legal. Son numerosos los casos de aspirantes que realizan proselitismo abierto sin que hayan sido registrados como precandidatos por un partido o coalición. En pocas palabras, los plazos legales corren por un lado; el acceso a TV y radio, así como los actos de precampaña, por otro.
Frente a tales hechos, cobra relevancia la iniciativa del PAN en el Senado, que propone, entre otras medidas, convertir al IFE en la autoridad responsable de organizar y desarrollar los procesos locales, contando al efecto con un Cofipe de ámbito general. Para lo anterior se propone abrogar las 32 leyes locales y suprimir los institutos y tribunales estatales y del DF. Propuesta similar hizo en 2007 el PRD, pero la reforma se detuvo en establecer la posibilidad de que el IFE, mediante convenio, asuma responsabilidades de ámbito local, lo que no ha ocurrido hasta hoy.
Con las reformas electorales acontece lo que en la fábula de Penélope: lo que de día se teje en el ámbito federal, por la noche se deshace en los ámbitos locales. La disgregación del poder político ha provocado la balcanización del sistema electoral; es necesario volver a discutir un cambio de fondo que permita armonizar lo que de suyo no requiere de mayores diferencias.
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