GOBERNADORES VIOLAN LA CONSTITUCIÓN

JESÚS CANTÚ

En los últimos 10 días la narcoviolencia y el caos se apoderaron de Nuevo León; la delincuencia organizada lo mismo bloqueó importantes avenidas que enfrentó a militares en concurridos espacios urbanos, con la lamentable pérdida de vidas inocentes.
La población civil sufrió directamente las consecuencias: en dos enfrentamientos suscitados el pasado fin de semana, se reconoce oficialmente el fallecimiento de tres víctimas inocentes, los dos estudiantes fallecidos en el enfrentamiento frente al Tecnológico de Monterrey, Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo; y en la persecución de unos secuestradores, la madre de familia, Sandra de la Garza; los sicarios además, en su huida, embistieron un vehículo y provocaron la muerte de una inocente más, Carmen Gómez Loera; también hay que considerar los daños y molestias que provocaron los bloqueos de 31 arterias o cruceros importantes del área metropolitana de Monterrey, para lo que los delincuentes utilizaron, al menos, 60 vehículos robados a particulares.
Mientras la población paga con daños en sus bienes y vidas las consecuencias del desbordamiento de la inseguridad, también descubre que todo esto lo hacen con la colaboración de diversas autoridades: así en el enfrentamiento entre delincuentes y militares frente al Tecnológico de Monterrey, policías estatales y municipales ayudaron a huir a los delincuentes; lo mismo pasó en algunos de los 31 bloqueos viales; su participación es tan común, que ya los bautizaron como los "polizetas".
Sin embargo, la colaboración no se queda en esos niveles, se extiende a directores y hasta alcaldes: en San Pedro Garza García, los marinos detienen a Alberto Mendoza, "El Chico Malo", capo del grupo de los Beltrán Leyva, y el Alcalde de dicho municipio, Mauricio Fernández Garza, reconoce que era uno de sus informantes, uno de los integrantes de su "grupo rudo"; unos días antes, la misma Marina, había ingresado al Palacio Municipal de Monterrey, para detener en su oficina al Director del departamento de Alcoholes, Rogelio Ángel González Heredia, por presunta vinculación con "Los Zetas", y poco después se conoce que dicho funcionario había reprobado el llamado examen de confianza, pero aun así había sido designado por el mismo alcalde Fernando Larrazábal; también capturaron al director de la Policía Municipal de Villaldama, José Rodríguez, y al subdirector operativo de Tránsito de San Nicolás de los Garza, Jorge Medina Rodríguez.
Por otra parte, esta misma población afectada por la inseguridad, se entera que la Policía Municipal de Santa Catarina detiene a dos presuntos narcomenudistas, que un comando armado pretende rescatarlos durante su traslado para consignarlos ante las autoridades competentes y, tras eso, la Marina se encarga de transportarlos en un helicóptero; pero un día después uno de los presuntos delincuentes aparece asesinado en un municipio aledaño y el otro, que había resultado herido en el enfrentamiento, desaparece; reaparece y vuelve a desaparecer, sin que hoy se conozca su paradero.
En un mismo evento se conjugan violación de derechos humanos y negligencia policial, pues todo indica que el primero fue ejecutado por alguna de las fuerzas de seguridad, Marina, Policía Municipal o Policía Estatal, y el segundo, logró huir del Hospital Universitario, sin que hoy se sepa dónde se encuentra. El director de la Policía Municipal de ese municipio, que también se encontraba desaparecido, se presentó ante la Marina y se manifestó dispuesto a declarar, pero pedía la protección de dicha instancia.
Todo esto sin considerar hechos que ya se convirtieron en parte del paisaje urbano cotidiano: el enfrentamiento de 40 sicarios contra militares en un concurrido restaurante de la carretera Monterrey-Reynosa, donde afortunadamente oficialmente no se conoce la pérdida de vidas inocentes; la decapitación del director de la policía de Agualeguas, Heriberto Omar Cerda Cadena y el asesinato de su hermano, Jesús Eloy; otro enfrentamiento entre militares y sicarios en Cerralvo, entre otros.
Y frente a todo esto la respuesta del Gobierno estatal más allá de exclusivamente mediática es además violatoria de la Constitución mexicana. El Gobierno estatal primero promovió la firma de un desplegado de apoyo por parte de organizaciones intermedias locales; después, el lunes, el Gobernador publicó un desplegado en los periódicos locales, anunciando el cese de los 85 policías, no consignación ni arraigo, únicamente cese, y convocando a una concentración para el domingo 28 de marzo para "exigir que cesen las agresiones contra un pueblo ejemplar", como sí él no fuera autoridad responsable.
El domingo se realizó la concentración, con la participación, de acuerdo a los cálculos oficiales, de 18 mil personas, sin embargo, los extraoficiales son bastante más conservadores, únicamente 8 mil. Y, lo que sí es una realidad es que muchos de los asistentes lo hicieron obligados, con la amenaza de sufrir repercusiones en sus empleos, principalmente burócratas y agremiados de las centrales afiliadas al PRI, como la CROC que fue una de las que más participantes llevaron.
El mismo lunes, que publicó el desplegado, inició una campaña en las televisoras locales y nacionales con promocionales, en los que él dirige personalmente un mensaje a la teleaudiencia, en flagrante violación al Artículo 134 de la Constitución que prohíbe expresamente incluir en la propaganda oficial incluir "nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen la promoción personalizada de cualquier servidor público" y en este caso incluye nombre, imagen y voz.
El combate a la inseguridad y la delincuencia organizada requieren una estrategia integral y coordinada, que vaya mucho más allá de lo estrictamente policiaco y/o militar, para nada sirven las acciones mediáticas y mucho menos los desplegados, promocionales y concentraciones humanas.
Y tampoco puede ser pretexto para violar impunemente la Constitución, como hizo en esta ocasión el Gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, que aprovechando la ausencia de una ley reglamentaria del Artículo 134 de la Constitución y la ausencia de una reforma a la Ley estatal de responsabilidades de los servidores públicos, inunda las televisoras locales y hasta nacionales con promocionales en los que él aparece personalmente.
Aunque no con el pretexto de combatir la inseguridad, los promocionales de los gobernadores en los cortes de los noticieros de televisión nacional son hoy cotidianos. Todos los días aparece alguno de los gobernadores difundiendo su acción de gobierno en espacios contratados expresamente para ello; los gobernadores, que protestaron guardar y hacer guardar la Constitución, son los primeros que la violan diariamente, con lo que contribuyen directamente a esa cultura de falta de respeto a la ley, que está en la base de la inseguridad que hoy rige la vida nacional.
Son los primeros obligados a respetarla y hoy son los primeros que la violan impunemente en televisión nacional.
La inseguridad no puede combatirse con acciones violatorias de la Constitución y mucho menos si éstas son tan cínicas y ostensibles, pues a lo único que contribuyen es a seguir promoviendo una cultura de la ilegalidad, precisamente desde la autoridad.