EL ABC DE LA JUSTICIA

RAÚL CARRANCÁ Y RIVAS

El párrafo segundo del artículo 97 de la Constitución, que faculta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para nombrar alguno o algunos Magistrados de Circuito "únicamente para que averigüen algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual", no es letra muerta en el sentido, como lo ha difundido un periódico, de que por no tener su resolución carácter coercitivo es en cambio una atribución meramente simbólica. Sería absurdo que la Carta Magna le confiriera a la Corte una facultad de consecuencias nulas. El hecho es que la comisión designada de magistrados de Circuito ha determinado que las autoridades incurrieron en omisiones que se sumaron a factores de riesgo no atendidos, "que desencadenaron el incendio y sus trágicas consecuencias", a saber, 49 niños fallecidos y 75 lesionados. ¿De qué autoridades se trata? Entre otros de Juan Francisco Molinar Horcasitas, hoy Secretario de Comunicaciones y Transportes y a la sazón Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, de Eduardo Bours Castelo, en la época Gobernador del Estado de Sonora, y de Javier Gándara Magaña que era y es Alcalde de la ciudad capital de Hermosillo, donde acaecieron los trágicos sucesos. Algo muy grave es que en el informe de la comisión respectiva se concluye que en "el sistema de guarderías infantiles que opera el Instituto Mexicano del Seguro Social existe un desorden generalizado tanto en la operación como en la supervisión", y que "el IMSS carece de facultades para subcontratar servicios de guardería con particulares (lo cual se hizo), aunque lo ha venido realizando desde hace años por falta de recursos para hacerlo por cuenta propia". La pregunta es si la carencia de recursos justifica aquella realización. ¡Evidentemente, no! De donde la comisión deduce la responsabilidad de los entonces Director General del IMSS y Gobernador, igual que la del Alcalde. Es algo, repito, muy grave, porque además se pudo comprobar que sólo 14 de las 1.480 guarderías indebidamente subcontratadas cumplen con los requisitos para su funcionamiento.
Ahora bien, el incendio de la guardería infantil ABC tuvo lugar el 5 de junio de 2009. O sea, han transcurrido más de ocho meses y si bien es cierto que no se puede paliar con nada el terrible dolor de los padres de los niños fallecidos sería criminal encubrir, disimular o, lo que es peor, cohonestar, la responsabilidad de los directamente involucrados en la tragedia que conmovió y sigue conmoviendo a México. ¿O qué el transcurso del tiempo nulifica las acciones humanas contrarias a derecho y hasta delictivas? ¡Imposible! La Suprema Corte de Justicia ha hablado muy claro. No hay que olvidar que los del caso son presuntos delitos de la competencia federal y que el artículo 123 del Código Federal de Procedimientos Penales prescribe que si el Ministerio Público tiene conocimiento de la probable existencia de un delito que se persiga de oficio, debe impedir en general que se dificulte la averiguación, obviamente para consignar ante un juez. Lo que pasa es que en la especie la averiguación la ha llevado a cabo nada menos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siendo que lo procedente es que el Ministerio Público cite primero a los indiciados que se han señalado para que rindan su declaración y que con posterioridad, repito, consigne ante la autoridad judicial. Lo deseable y exigible es que a ninguno de los servidores públicos a los que me he referido se le vaya a ocurrir solicitar equivocadamente la inmunidad o irresponsabilidad del mal llamado fuero, que en el supuesto de ser invocable sólo lo sería, como lo acaba de resolver la Corte en una impecable interpretación del artículo 61 de la Constitución, tratándose de diputados y senadores por las opiniones manifestadas en el desempeño de sus cargos.
En suma, justicia tardía no es justicia y si ya padecemos en México la ineficacia del principio de impartirla de manera pronta y expedita, consagrado en el párrafo segundo del artículo 17 constitucional, nos negamos a padecer igualmente el terrible mal de la inmunidad e impunidad. ¡El ABC de la justicia es que respondan ante ella todos, absolutamente todos los presuntos responsables de la comisión de delitos!