SERGIO ARMANDO VALLS HERNÁNDEZ* Por ambición, curas y braceros quieren más derechos electorales
* Pablo Gómez propone que religiosos sean votados en las urnas
* Mexicanos en EU quieren gobernar sin estar en el país
El pasado martes, el secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, afirmó que la mexicana "es una democracia tonta" porque los legisladores, gobernantes y funcionarios públicos no saben utilizar su capital político. Lo lamentable es que quienes la ostentan abusan de ella.
Para los constitucionalistas, la quintaesencia de la Constitución Política fue la conformación de un Estado laico. Los reformistas de 1917 eliminaron cualquier resquicio religioso entre las celebraciones populares en la carta magna que se promulgó el 5 de febrero, fecha en que el pueblo memora al primer santo mexicano, San Felipe de Jesús.
La Iglesia comenzó a violar la ley en 1986, en Chihuahua, cuando desde el púlpito, los curas incitaron al pueblo a no votar porque consideraban que la maquinaria priísta trabajaba un fraude electoral contra el candidato a gobernador panista, Francisco Barrio Terrazas.
Pero llegó Carlos Salinas. Modificó las leyes y permitió la libre intervención y opinión de los curas en asuntos de Estado, acabándose así la lucha juarista por restarle poder a la Iglesia católica, principalmente.
Fue peor cuando la ultraderecha, representada por el PAN, se adueñó de Los Pinos con Vicente Fox.
Ante la rapiña que cometen los gobernadores sexenio tras sexenio y la ambición desmedida del alto clero, los curas ahora exigen lo que han dado en llamar su legítima libertad a votar y ser votados. La primera ya la tienen y la segunda es imposible de cumplir porque el Derecho Canónico les prohíbe contender y ocupar cargos de elección popular.
Con el argumento de que si legalizar las bodas entre personas del mismo sexo es un gran paso para el respeto a las garantías individuales, el senador perredista Pablo Gómez propuso reformar el artículo 130 constitucional, con el objeto de "restablecer los derechos de asociación política y de libertad de los sacerdotes", con lo cual se consolidaría la "libertad de religiosa".
La ciudadanía se muestra desconcertada con la conducta de los legisladores porque, primero, se unen PRI y PRD para aprobar, el pasado 4 de febrero, una reforma a los artículos 40, 108 y 130 y elevar a rango constitucional el Estado laico. Veinte días después, la izquierda propone permitir a los curas ocupar cargos de elección.
Obviamente, la Conferencia del Episcopado Mexicano, el Colegio de Abogados Católicos y toda la grey religiosa manifestó su apoyo a Gómez Álvarez. Ahora se volvió común que la izquierda aparezca en actos públicos con curas. Lo hacen los políticos con tal de atraer reflectores de los medios de comunicación.
Otros que reclaman su legítimo derecho a formar un partido son los inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos.
Diversos grupos de braceros, principalmente de Arizona, California y Nueva York, aseguran contar con más de 200 mil afiliados, número suficiente para que el IFE les otorgue el registro como organismo político, vivan de los recursos públicos y puedan contender con candidatos en 2013.
El problema para los ilegales mexicanos en Estados Unidos es que deben organizar asambleas por lo menos en 200 de los 300 distritos que conforman el mapa electoral de la República. Obviamente, cumplir con ese requisito es imposible porque todos sus agremiados se encuentran allende el Río Bravo.
De los muy pocos aciertos que tuvo la administración foxista fue promover el voto de los mexicanos que, por circunstancias de pobreza, hambre y desempleo, se ven obligados a abandonar su patria y viven en el extranjero, principalmente en Estados Unidos.
Empero, una cosa es respetar el sufragio de los inmigrantes (que representan el segundo mayor ingreso de recursos económicos, sólo superado por el petróleo) y otra muy distinta que pretendan legislar o gobernar a larga distancia.
Existen casos de compatriotas que probaron fortuna en la Unión Americana, se enriquecieron, regresaron a México y contendieron por un cargo de elección popular, como ocurrió en 2001 en Jerez, Zacatecas, donde se enfrentaron en las urnas los llamados "reyes del tomate y de la lechuga", Andrés Bermúdez y Salvador Espinosa, respectivamente.
En el fondo, no es que a los curas o a los braceros les interese gobernar el país. Lo que quieren es legitimar su presencia en México para cometer toda clase de abusos y arbitrariedades. La impunidad que garantizan los cargos de elección es el móvil.
* Pablo Gómez propone que religiosos sean votados en las urnas
* Mexicanos en EU quieren gobernar sin estar en el país
El pasado martes, el secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, afirmó que la mexicana "es una democracia tonta" porque los legisladores, gobernantes y funcionarios públicos no saben utilizar su capital político. Lo lamentable es que quienes la ostentan abusan de ella.
Para los constitucionalistas, la quintaesencia de la Constitución Política fue la conformación de un Estado laico. Los reformistas de 1917 eliminaron cualquier resquicio religioso entre las celebraciones populares en la carta magna que se promulgó el 5 de febrero, fecha en que el pueblo memora al primer santo mexicano, San Felipe de Jesús.
La Iglesia comenzó a violar la ley en 1986, en Chihuahua, cuando desde el púlpito, los curas incitaron al pueblo a no votar porque consideraban que la maquinaria priísta trabajaba un fraude electoral contra el candidato a gobernador panista, Francisco Barrio Terrazas.
Pero llegó Carlos Salinas. Modificó las leyes y permitió la libre intervención y opinión de los curas en asuntos de Estado, acabándose así la lucha juarista por restarle poder a la Iglesia católica, principalmente.
Fue peor cuando la ultraderecha, representada por el PAN, se adueñó de Los Pinos con Vicente Fox.
Ante la rapiña que cometen los gobernadores sexenio tras sexenio y la ambición desmedida del alto clero, los curas ahora exigen lo que han dado en llamar su legítima libertad a votar y ser votados. La primera ya la tienen y la segunda es imposible de cumplir porque el Derecho Canónico les prohíbe contender y ocupar cargos de elección popular.
Con el argumento de que si legalizar las bodas entre personas del mismo sexo es un gran paso para el respeto a las garantías individuales, el senador perredista Pablo Gómez propuso reformar el artículo 130 constitucional, con el objeto de "restablecer los derechos de asociación política y de libertad de los sacerdotes", con lo cual se consolidaría la "libertad de religiosa".
La ciudadanía se muestra desconcertada con la conducta de los legisladores porque, primero, se unen PRI y PRD para aprobar, el pasado 4 de febrero, una reforma a los artículos 40, 108 y 130 y elevar a rango constitucional el Estado laico. Veinte días después, la izquierda propone permitir a los curas ocupar cargos de elección.
Obviamente, la Conferencia del Episcopado Mexicano, el Colegio de Abogados Católicos y toda la grey religiosa manifestó su apoyo a Gómez Álvarez. Ahora se volvió común que la izquierda aparezca en actos públicos con curas. Lo hacen los políticos con tal de atraer reflectores de los medios de comunicación.
Otros que reclaman su legítimo derecho a formar un partido son los inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos.
Diversos grupos de braceros, principalmente de Arizona, California y Nueva York, aseguran contar con más de 200 mil afiliados, número suficiente para que el IFE les otorgue el registro como organismo político, vivan de los recursos públicos y puedan contender con candidatos en 2013.
El problema para los ilegales mexicanos en Estados Unidos es que deben organizar asambleas por lo menos en 200 de los 300 distritos que conforman el mapa electoral de la República. Obviamente, cumplir con ese requisito es imposible porque todos sus agremiados se encuentran allende el Río Bravo.
De los muy pocos aciertos que tuvo la administración foxista fue promover el voto de los mexicanos que, por circunstancias de pobreza, hambre y desempleo, se ven obligados a abandonar su patria y viven en el extranjero, principalmente en Estados Unidos.
Empero, una cosa es respetar el sufragio de los inmigrantes (que representan el segundo mayor ingreso de recursos económicos, sólo superado por el petróleo) y otra muy distinta que pretendan legislar o gobernar a larga distancia.
Existen casos de compatriotas que probaron fortuna en la Unión Americana, se enriquecieron, regresaron a México y contendieron por un cargo de elección popular, como ocurrió en 2001 en Jerez, Zacatecas, donde se enfrentaron en las urnas los llamados "reyes del tomate y de la lechuga", Andrés Bermúdez y Salvador Espinosa, respectivamente.
En el fondo, no es que a los curas o a los braceros les interese gobernar el país. Lo que quieren es legitimar su presencia en México para cometer toda clase de abusos y arbitrariedades. La impunidad que garantizan los cargos de elección es el móvil.
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