JESÚS CANTÚEn los últimos años han sido recurrentes los presidentes latinoamericanos que modifican la Carta Magna por la vía del Congreso o de un referendo para prolongar sus mandatos
Hoy que en México se discute una reforma política que pretende precisamente replantear los equilibrios entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, bien vale la pena revisar al decisión que tomó el viernes la Corte Constitucional de Colombia, que frenó de tajo las aspiraciones reeleccionistas de Álvaro Uribe, que apelaba a que la voluntad popular mayoritaria, por la vía de un referendo, le abriera la puerta para un tercer mandato presidencial. La Corte aprobó la ponencia del Magistrado Humberto Sierra Porto, por siete votos a favor y dos en contra, que declaró inconstitucional la ley que convocaba al referendo reeleccionista por vicios procedimentales como la modificación de la pregunta que se plantearía a la ciudadanía, el rebase de los topes de gastos de campaña e irregularidades en la convocatoria a sesiones extras del Congreso, así como, la contabilización de votos de legisladores impedidos para hacerlo. Sin embargo, la Corte también cerró el paso a futuras aspiraciones reeleccionistas de Uribe o cualquier otro Mandatario, pues estableció que la iniciativa atentaba contra los "ejes estructurales" de la Constitución de 1991, por lo cual para modificarlos se requería de un nuevo constituyente. Entre los principios básicos que enumeró la Corte, de acuerdo lo señalado en el portal del diario colombiano El Tiempo, se encuentran la separación de poderes, el sistema de pesos y contrapesos, la alternancia democrática y el principio de igualdad democrática. En los últimos años han sido recurrentes los presidentes latinoamericanos que modifican la Carta Magna por la vía del Congreso o de un referendo para prolongar sus mandatos. Entre los mandatarios que han recurrido a dicha vía se encuentran el boliviano Evo Morales, que arribo al poder en el 2006 y que tras tres años y medio de su primer mandato, con la nueva Constitución, aprobada por la vía de un referendo, pudo postularse nuevamente a la Presidencia, por un solo período de cinco años, en diciembre de 2009, con lo cual ejercerá el cargo durante 8 años y medio, sin embargo, debido al peso de la oposición Evo tuvo que renunciar a la posibilidad de una reelección, como condición para aprobar el referendo; otro caso es el del ecuatoriano Rafael Correa, que logró también la aprobación de una nueva Constitución, que le permitió, en el 2009, postularse nuevamente, tras dos años de ejercicio previo y, eventualmente, aspirar a una reelección en el en el 2013, con lo cual ejercería el cargo durante 10 años, del 2007 al 2017. Obvio el caso más sonado y significativo es el venezolano Hugo Chávez, que tras acceder al poder en 1999 ha logrado a través de cuatro referendos, uno de ellos perdido, emitir una nueva Constitución y reformarla para permitir la reelección indefinida del presidente y los gobernadores de las provincias venezolanas. Y Uribe, que en 2005 había logrado una reforma a la Constitución, por la vía legislativa, para reelegirse por una única ocasión, la misma fue impugnada ante la Corte Constitucional, que el 19 de octubre de ese año la declaró constitucional por ocho votos a favor y uno en contra, de acuerdo al citado diario colombiano: "La determinación de fondo fue que la reelección presidencial -por una sola vez y acompañada de una ley estatutaria para garantizar los derechos de la oposición y la equidad en la campaña presidencial- era una reforma que no sustituía la Constitución de 1991 por una opuesta o integralmente diferente". Cuatro años y medio después, con una Corte totalmente distinta, con ocho nuevos magistrados y únicamente permanece Sierra Porto, que en aquel entonces votó favorablemente y ahora elaboró la ponencia contraria a las intenciones de Uribe, no únicamente rechaza el intento reeleccionista de Uribe, sino que claramente establece los límites: una reelección no atenta contra el espíritu de la Constitución de 1991; intentar más reelecciones sí y lo hace y, por lo tanto, se requiere en realidad de una nueva Carta Magna. Una vez que se conoció la decisión de la Corte Constitucional, Uribe aceptó el falló. De acuerdo al ya citado diario colombiano de inmediato declaró: "Bienvenida siempre la participación, con acatamiento a la Constitución, a las normas legales y con sometimiento a las instituciones de derecho (...) competentes para hacer respetar la ley. La participación de los ciudadanos no puede ser contraria a la Constitución y el Estado de opinión es una expresión del Estado de derecho, por lo tanto debe respetar la Ley y la Constitución. La participación es una expresión superior del Estado de Derecho, que no puede ser contraria a la ley". El domingo incluso alentó a los precandidatos de su partido a participar en la contienda. Así las lecciones son claras: una, en los regímenes presidenciales son comunes los afanes reeleccionistas, sin importar la filiación ideológica del gobernante; y, dos, una institucionalidad sólida y un buen sistema de pesos y contrapesos y un adecuado equilibrio entre los tres poderes (ojo es fundamental: los tres poderes) permite limitar estas intenciones a períodos razonablemente aceptables. Hoy que el Senado mexicano tiene oficialmente tres propuestas de reforma política (una, del presidente Felipe Calderón; otra de la bancada perredista; y otra más, de la priista) hay que voltear a ver estas experiencias y recordar los principios de Montesquieu: "Para que no se pueda abusar del poder, es necesario que, por la disposición de las cosas, el poder detenga al poder". Y el mismo clásico señalaba que en todo gobierno existen tres funciones: hacer leyes (legislativo), ejecutar o administrar dichas leyes (ejecutivo) y dirimir conflictos en los casos de controversias con los que dicta la ley (judicial) y para prevenir el abuso del poder las tres funciones deben llevarse a cabo por un órgano diferente, pero al mismo tiempo debe hacer un cierto traslape entre los tres, de tal suerte que cada órgano lleva a cabo una función principal, pero participa en el cumplimiento de las otras dos, precisamente para poder frenar los intentos de abuso o desviación del principal responsable. En Bolivia y en Ecuador, fue el Legislativo el que frenó los intentos del Ejecutivo; en Colombia, fue el Judicial; y en Venezuela, ambos sucumbieron. Hoy en México la vista está más concentrada, al menos por lo planteado en las tres iniciativas de reforma política, en las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero no hay que olvidar al Judicial, es una pieza fundamental y puede resultar determinante como muestra el caso colombiano.
Hoy que en México se discute una reforma política que pretende precisamente replantear los equilibrios entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, bien vale la pena revisar al decisión que tomó el viernes la Corte Constitucional de Colombia, que frenó de tajo las aspiraciones reeleccionistas de Álvaro Uribe, que apelaba a que la voluntad popular mayoritaria, por la vía de un referendo, le abriera la puerta para un tercer mandato presidencial. La Corte aprobó la ponencia del Magistrado Humberto Sierra Porto, por siete votos a favor y dos en contra, que declaró inconstitucional la ley que convocaba al referendo reeleccionista por vicios procedimentales como la modificación de la pregunta que se plantearía a la ciudadanía, el rebase de los topes de gastos de campaña e irregularidades en la convocatoria a sesiones extras del Congreso, así como, la contabilización de votos de legisladores impedidos para hacerlo. Sin embargo, la Corte también cerró el paso a futuras aspiraciones reeleccionistas de Uribe o cualquier otro Mandatario, pues estableció que la iniciativa atentaba contra los "ejes estructurales" de la Constitución de 1991, por lo cual para modificarlos se requería de un nuevo constituyente. Entre los principios básicos que enumeró la Corte, de acuerdo lo señalado en el portal del diario colombiano El Tiempo, se encuentran la separación de poderes, el sistema de pesos y contrapesos, la alternancia democrática y el principio de igualdad democrática. En los últimos años han sido recurrentes los presidentes latinoamericanos que modifican la Carta Magna por la vía del Congreso o de un referendo para prolongar sus mandatos. Entre los mandatarios que han recurrido a dicha vía se encuentran el boliviano Evo Morales, que arribo al poder en el 2006 y que tras tres años y medio de su primer mandato, con la nueva Constitución, aprobada por la vía de un referendo, pudo postularse nuevamente a la Presidencia, por un solo período de cinco años, en diciembre de 2009, con lo cual ejercerá el cargo durante 8 años y medio, sin embargo, debido al peso de la oposición Evo tuvo que renunciar a la posibilidad de una reelección, como condición para aprobar el referendo; otro caso es el del ecuatoriano Rafael Correa, que logró también la aprobación de una nueva Constitución, que le permitió, en el 2009, postularse nuevamente, tras dos años de ejercicio previo y, eventualmente, aspirar a una reelección en el en el 2013, con lo cual ejercería el cargo durante 10 años, del 2007 al 2017. Obvio el caso más sonado y significativo es el venezolano Hugo Chávez, que tras acceder al poder en 1999 ha logrado a través de cuatro referendos, uno de ellos perdido, emitir una nueva Constitución y reformarla para permitir la reelección indefinida del presidente y los gobernadores de las provincias venezolanas. Y Uribe, que en 2005 había logrado una reforma a la Constitución, por la vía legislativa, para reelegirse por una única ocasión, la misma fue impugnada ante la Corte Constitucional, que el 19 de octubre de ese año la declaró constitucional por ocho votos a favor y uno en contra, de acuerdo al citado diario colombiano: "La determinación de fondo fue que la reelección presidencial -por una sola vez y acompañada de una ley estatutaria para garantizar los derechos de la oposición y la equidad en la campaña presidencial- era una reforma que no sustituía la Constitución de 1991 por una opuesta o integralmente diferente". Cuatro años y medio después, con una Corte totalmente distinta, con ocho nuevos magistrados y únicamente permanece Sierra Porto, que en aquel entonces votó favorablemente y ahora elaboró la ponencia contraria a las intenciones de Uribe, no únicamente rechaza el intento reeleccionista de Uribe, sino que claramente establece los límites: una reelección no atenta contra el espíritu de la Constitución de 1991; intentar más reelecciones sí y lo hace y, por lo tanto, se requiere en realidad de una nueva Carta Magna. Una vez que se conoció la decisión de la Corte Constitucional, Uribe aceptó el falló. De acuerdo al ya citado diario colombiano de inmediato declaró: "Bienvenida siempre la participación, con acatamiento a la Constitución, a las normas legales y con sometimiento a las instituciones de derecho (...) competentes para hacer respetar la ley. La participación de los ciudadanos no puede ser contraria a la Constitución y el Estado de opinión es una expresión del Estado de derecho, por lo tanto debe respetar la Ley y la Constitución. La participación es una expresión superior del Estado de Derecho, que no puede ser contraria a la ley". El domingo incluso alentó a los precandidatos de su partido a participar en la contienda. Así las lecciones son claras: una, en los regímenes presidenciales son comunes los afanes reeleccionistas, sin importar la filiación ideológica del gobernante; y, dos, una institucionalidad sólida y un buen sistema de pesos y contrapesos y un adecuado equilibrio entre los tres poderes (ojo es fundamental: los tres poderes) permite limitar estas intenciones a períodos razonablemente aceptables. Hoy que el Senado mexicano tiene oficialmente tres propuestas de reforma política (una, del presidente Felipe Calderón; otra de la bancada perredista; y otra más, de la priista) hay que voltear a ver estas experiencias y recordar los principios de Montesquieu: "Para que no se pueda abusar del poder, es necesario que, por la disposición de las cosas, el poder detenga al poder". Y el mismo clásico señalaba que en todo gobierno existen tres funciones: hacer leyes (legislativo), ejecutar o administrar dichas leyes (ejecutivo) y dirimir conflictos en los casos de controversias con los que dicta la ley (judicial) y para prevenir el abuso del poder las tres funciones deben llevarse a cabo por un órgano diferente, pero al mismo tiempo debe hacer un cierto traslape entre los tres, de tal suerte que cada órgano lleva a cabo una función principal, pero participa en el cumplimiento de las otras dos, precisamente para poder frenar los intentos de abuso o desviación del principal responsable. En Bolivia y en Ecuador, fue el Legislativo el que frenó los intentos del Ejecutivo; en Colombia, fue el Judicial; y en Venezuela, ambos sucumbieron. Hoy en México la vista está más concentrada, al menos por lo planteado en las tres iniciativas de reforma política, en las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero no hay que olvidar al Judicial, es una pieza fundamental y puede resultar determinante como muestra el caso colombiano.
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