JESÚS CANTÚBeltrones ve como Enrique Peña Nieto y Beatriz Paredes se desgastan en incomprensibles e interminables declaraciones
De las razones secretas "por discreción profesional" al acuerdo cifrado, pero firmado, por interesada filtración. Así podría resumirse la historia del acuerdo entre los dirigentes nacionales del PRI y el PAN para impedir las alianzas electorales entre el blanquiazul y la izquierda a cambio de aprobar el incremento de un punto porcentual en el IVA. El acuerdo es impresentable, porque muestra con claridad los chantajes priistas que repetidamente amenazan con dinamitar la gobernabilidad del país para lograr preservar sus feudos y privilegios. En este caso evidentemente buscan mantener las gubernaturas de Oaxaca y Estado de México, bastiones indispensables desde los que pretenden apuntalar su regreso a Los Pinos en el 2012. Hoy es evidente que los priistas aprovecharon la urgencia e inocencia del Ejecutivo y los panistas para atarles las manos en las contiendas electorales estatales. Los tricolores sabían de la importancia de recaudar más y aprovecharon la reforma fiscal propuesta por el Ejecutivo federal el 8 de septiembre de 2009 para sacarle el mayor provecho político a cambio de aprobar algo aceptable para el Gobierno, rentable para sus gobernadores y poco oneroso para su partido. Así el 21 de octubre en la madrugada, los diputados aprobaron las nuevas disposiciones fiscales, en las que se intercambió el impuesto del 2 por ciento generalizado al consumo para el combate a la pobreza, por el incremento de un punto porcentual en el IVA; y aunque esto fue una propuesta tricolor (porque beneficiaba a sus gobernadores que así recibirían mayores participaciones) obligaron a la Secretaría de Hacienda a presentarla como propia, precisamente para hacerle pagar los costos políticos. Ese mismo día el diputado y dirigente nacional panista, César Nava, criticó la propuesta aprobada: "Hemos aprobado la Ley de Ingresos con reservas, porque se trata de un paquete insuficiente. Lo hemos hecho así porque la mayoría del PRI no ha dejado otra alternativa. Ante su negativa, su cerrazón y su rechazo a la propuesta del Presidente de la República de crear una contribución antipobreza se tuvo que recurrir a esta alternativa". Y hasta hoy sigue pagando su ingenuidad de haber llamado a las cosas por su nombre, pues su declaración fue el pretexto que necesitaban los priistas para endurecer su posición, hasta obligarlo a firmar el acuerdo en Gobernación, el 30 de octubre, como condición indispensable para permitir que los senadores blanquiazules aprobaran la reforma fiscal en el Senado, pues los priistas no se comprometieron a votar a favor de la minuta de la Cámara de Diputados, simplemente a no votar en contra, lo cual era suficiente para que los blanquiazules la pudieran pasar. No se trataba de defender principios, proteger la economía familiar o entender la realidad económica, era simplemente el aprovechamiento electoral de la urgencia gubernamental. Y el titular de Gobernación, el líder nacional panista y, desde luego, Felipe Calderón, aunque sus empleados traten de protegerlo, en su desesperación estuvieron dispuestos a entregar la plaza; dañar seriamente sus posibilidades de mantener la Presidencia en 2012 para conseguir una abstención y alcanzar su objetivo inmediato. Era un vil intercambio comercial: accedo a que recaudes más a cambio de que me permitas conservar mis feudos para desde ahí lanzarme a recuperar la Presidencia en el 2012. Esto era impresentable ante la ciudadanía, pero, al menos el Gobernador del Estado de México, los priistas no confiaban en la palabra de sus interlocutores panistas, y el tiempo confirmó que tenían razón y, por lo mismo, había que dejar una huella que ante el posible incumplimiento les permitiera documentar el acuerdo. Esto los llevó a redactar un texto que únicamente incluía el pacto antialianzas, pero ni una sola palabra de la reforma fiscal, pues eso evidenciaría el intercambio comercial y colocaría a los tricolores en una posición difícil para explicar cómo habían estado dispuestos a gravar más a los consumidores a cambio de preservar sus feudos. El pudor llevó a Fernando Gómez Mont a mantener en secreto dicho acuerdo; los priistas sabían que mostrar el documento también tendría un costo para ellos, así que primero obligaron a Nava a negar su existencia una y otra vez, y cuando había suficiente evidencia de ello, primero empezaron a filtrarlo y, posteriormente, a declararlo. Lo más probable es que las filtraciones las hayan iniciado los tricolores ajenos, o al menos cuyas firmas no aparecían en el documento ni existe forma de vincularlos directamente, como son los senadores y, particularmente su líder, pues son los que no sufren ningún daño en su imagen y, al contrario, pueden incluso beneficiarse del desgaste de sus compañeros involucrados. Acorralado el líder panista recurrió a su única opción: dar a conocer un documento, que obviamente no contiene todos los elementos del pacto y blandir como única prueba de su dicho, su desacreditada palabra. Los firmantes del pacto, saben que es impresentable y por ello todos negaron en un inicio su existencia. Las piezas fueron cayendo poco a poco en su lugar y los priistas exponen abigarradas explicaciones para tratar de justificarlo, mientras César Nava pretende justificar su incumplimiento en que la contrapartida era aprobar la propuesta del Ejecutivo en sus términos originales, lo cual ya estaba superado cuando se firmó el acuerdo, o en que los senadores priistas fueron los que incumplieron porque no votaron favorablemente la reforma. Sin embargo, el mismo Gómez Mont lo desarmó al decir que él nunca fue informado del incumplimiento tricolor, así que con el resultado final él se da por bien servido. Así, sin decirlo explícitamente el titular de Gobernación, como testigo de honor, acusa de incumplimiento a Nava y no a Paredes o los tricolores. Los imberbes panistas resultaron muy poca pieza para los avezados priistas, a tal grado que el líder de los senadores tricolores, Manlio Fabio Beltrones, todavía afirma que él desconocía la existencia de dicho pacto y, por lo mismo, no participó, ni siquiera indirectamente, en el mismo. Además dado que sabe lo poco popular que es dicho acuerdo, aprovecha para denostarlo: "Queremos dejar en claro que ningún integrante de nuestro Grupo Parlamentario conoció, se comprometió o signó acuerdo alguno. No podría ser de otra forma: cambiar votos por pactos deshonestos nunca lo haríamos." Más adelante señala: "Si algo ha significado al PRI en el Senado ha sido el respeto por la palabra empeñada para la construcción de acuerdos... Aquellos que firman los acuerdos es que no tienen respeto por su palabra... En verdad que es una vergüenza si existen acuerdos escritos, porque eso gira alrededor del poco respeto que tienen por la palabra dada". Hasta hoy, él no tiene costo que pagar, mientras plácidamente ve como los signantes, entre los que se encuentran sus eventuales contendientes por la candidatura presidencial priista, Enrique Peña Nieto y Beatriz Paredes, se desgastan en incomprensibles e interminables declaraciones.
De las razones secretas "por discreción profesional" al acuerdo cifrado, pero firmado, por interesada filtración. Así podría resumirse la historia del acuerdo entre los dirigentes nacionales del PRI y el PAN para impedir las alianzas electorales entre el blanquiazul y la izquierda a cambio de aprobar el incremento de un punto porcentual en el IVA. El acuerdo es impresentable, porque muestra con claridad los chantajes priistas que repetidamente amenazan con dinamitar la gobernabilidad del país para lograr preservar sus feudos y privilegios. En este caso evidentemente buscan mantener las gubernaturas de Oaxaca y Estado de México, bastiones indispensables desde los que pretenden apuntalar su regreso a Los Pinos en el 2012. Hoy es evidente que los priistas aprovecharon la urgencia e inocencia del Ejecutivo y los panistas para atarles las manos en las contiendas electorales estatales. Los tricolores sabían de la importancia de recaudar más y aprovecharon la reforma fiscal propuesta por el Ejecutivo federal el 8 de septiembre de 2009 para sacarle el mayor provecho político a cambio de aprobar algo aceptable para el Gobierno, rentable para sus gobernadores y poco oneroso para su partido. Así el 21 de octubre en la madrugada, los diputados aprobaron las nuevas disposiciones fiscales, en las que se intercambió el impuesto del 2 por ciento generalizado al consumo para el combate a la pobreza, por el incremento de un punto porcentual en el IVA; y aunque esto fue una propuesta tricolor (porque beneficiaba a sus gobernadores que así recibirían mayores participaciones) obligaron a la Secretaría de Hacienda a presentarla como propia, precisamente para hacerle pagar los costos políticos. Ese mismo día el diputado y dirigente nacional panista, César Nava, criticó la propuesta aprobada: "Hemos aprobado la Ley de Ingresos con reservas, porque se trata de un paquete insuficiente. Lo hemos hecho así porque la mayoría del PRI no ha dejado otra alternativa. Ante su negativa, su cerrazón y su rechazo a la propuesta del Presidente de la República de crear una contribución antipobreza se tuvo que recurrir a esta alternativa". Y hasta hoy sigue pagando su ingenuidad de haber llamado a las cosas por su nombre, pues su declaración fue el pretexto que necesitaban los priistas para endurecer su posición, hasta obligarlo a firmar el acuerdo en Gobernación, el 30 de octubre, como condición indispensable para permitir que los senadores blanquiazules aprobaran la reforma fiscal en el Senado, pues los priistas no se comprometieron a votar a favor de la minuta de la Cámara de Diputados, simplemente a no votar en contra, lo cual era suficiente para que los blanquiazules la pudieran pasar. No se trataba de defender principios, proteger la economía familiar o entender la realidad económica, era simplemente el aprovechamiento electoral de la urgencia gubernamental. Y el titular de Gobernación, el líder nacional panista y, desde luego, Felipe Calderón, aunque sus empleados traten de protegerlo, en su desesperación estuvieron dispuestos a entregar la plaza; dañar seriamente sus posibilidades de mantener la Presidencia en 2012 para conseguir una abstención y alcanzar su objetivo inmediato. Era un vil intercambio comercial: accedo a que recaudes más a cambio de que me permitas conservar mis feudos para desde ahí lanzarme a recuperar la Presidencia en el 2012. Esto era impresentable ante la ciudadanía, pero, al menos el Gobernador del Estado de México, los priistas no confiaban en la palabra de sus interlocutores panistas, y el tiempo confirmó que tenían razón y, por lo mismo, había que dejar una huella que ante el posible incumplimiento les permitiera documentar el acuerdo. Esto los llevó a redactar un texto que únicamente incluía el pacto antialianzas, pero ni una sola palabra de la reforma fiscal, pues eso evidenciaría el intercambio comercial y colocaría a los tricolores en una posición difícil para explicar cómo habían estado dispuestos a gravar más a los consumidores a cambio de preservar sus feudos. El pudor llevó a Fernando Gómez Mont a mantener en secreto dicho acuerdo; los priistas sabían que mostrar el documento también tendría un costo para ellos, así que primero obligaron a Nava a negar su existencia una y otra vez, y cuando había suficiente evidencia de ello, primero empezaron a filtrarlo y, posteriormente, a declararlo. Lo más probable es que las filtraciones las hayan iniciado los tricolores ajenos, o al menos cuyas firmas no aparecían en el documento ni existe forma de vincularlos directamente, como son los senadores y, particularmente su líder, pues son los que no sufren ningún daño en su imagen y, al contrario, pueden incluso beneficiarse del desgaste de sus compañeros involucrados. Acorralado el líder panista recurrió a su única opción: dar a conocer un documento, que obviamente no contiene todos los elementos del pacto y blandir como única prueba de su dicho, su desacreditada palabra. Los firmantes del pacto, saben que es impresentable y por ello todos negaron en un inicio su existencia. Las piezas fueron cayendo poco a poco en su lugar y los priistas exponen abigarradas explicaciones para tratar de justificarlo, mientras César Nava pretende justificar su incumplimiento en que la contrapartida era aprobar la propuesta del Ejecutivo en sus términos originales, lo cual ya estaba superado cuando se firmó el acuerdo, o en que los senadores priistas fueron los que incumplieron porque no votaron favorablemente la reforma. Sin embargo, el mismo Gómez Mont lo desarmó al decir que él nunca fue informado del incumplimiento tricolor, así que con el resultado final él se da por bien servido. Así, sin decirlo explícitamente el titular de Gobernación, como testigo de honor, acusa de incumplimiento a Nava y no a Paredes o los tricolores. Los imberbes panistas resultaron muy poca pieza para los avezados priistas, a tal grado que el líder de los senadores tricolores, Manlio Fabio Beltrones, todavía afirma que él desconocía la existencia de dicho pacto y, por lo mismo, no participó, ni siquiera indirectamente, en el mismo. Además dado que sabe lo poco popular que es dicho acuerdo, aprovecha para denostarlo: "Queremos dejar en claro que ningún integrante de nuestro Grupo Parlamentario conoció, se comprometió o signó acuerdo alguno. No podría ser de otra forma: cambiar votos por pactos deshonestos nunca lo haríamos." Más adelante señala: "Si algo ha significado al PRI en el Senado ha sido el respeto por la palabra empeñada para la construcción de acuerdos... Aquellos que firman los acuerdos es que no tienen respeto por su palabra... En verdad que es una vergüenza si existen acuerdos escritos, porque eso gira alrededor del poco respeto que tienen por la palabra dada". Hasta hoy, él no tiene costo que pagar, mientras plácidamente ve como los signantes, entre los que se encuentran sus eventuales contendientes por la candidatura presidencial priista, Enrique Peña Nieto y Beatriz Paredes, se desgastan en incomprensibles e interminables declaraciones.
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