JAVIER CORRAL JURADOEl clima de crispación vivido hace un par de semanas en la Cámara de Diputados, además de mostrar penosamente el nivel de deterioro del debate político, muestra con toda claridad la necesidad de una reforma profunda del Congreso y de las instituciones que componen el sistema de representación popular. Como en pocas ocasiones ha quedado de manifiesto la importancia de reducir el número de diputados y darle paso a la profesionalización que entraña la reelección consecutiva de los legisladores.
Urge elevar la capacidad y calidad deliberativa de los representantes populares, establecer un nuevo sistema de responsabilidades, así como depurar las reglas y mecanismos para el procesamiento de la agenda legislativa, mucho más enfocada a la disputa electoral —casi permanente en nuestro país—, que a atender las propuestas de reforma estructural en las materias política, económica, laboral, educativa, de derechos humanos y medio ambiente.
Denigrada la política ante la opinión pública, mermada su credibilidad y confianza ante la mirada ciudadana, el comportamiento de la mayoría de los diputados no hace más que atizar el fuego del descrédito público, y se vuelve más vulnerable ante la presión y el chantaje de los demás poderes, fundamentalmente, de los poderes fácticos, quienes ven realizado su sueño: el debilitamiento de la clase política.
Sí, fue penoso porque la discusión descendió al nivel del insulto, la descalificación personal, diatribas y acusaciones mutuas. Porque si los legisladores no nos respetamos a nosotros mismos, difícilmente vendrá el respeto de fuera. No creo que haya un solo legislador que sinceramente se sienta satisfecho de lo acontecido en las sesiones del martes y miércoles de hace dos semanas. Hay quienes dicen que esto en lugar de ahondar la parálisis, sacudirá la conciencia, que se abre la oportunidad para reorientar el debate y reencauzar la tarea hacia mejores motivos. Ojalá.
Empiezo por señalar esta imagen vulnerada y esta condición vulnerable de quienes somos legisladores federales, porque se trata de la parte más visible y ostensible de los saldos inmediatos que dejó el ya famoso “pacto de Bucareli”, que ni empezó ahí, ni terminan con ello sus efectos. Sin embargo, quiero dejar claramente asentado mi desacuerdo con ese tipo de convenios, y con lo que me parece ridículo, las posteriores interpretaciones que se han formulado desde distintos ámbitos del gobierno federal sobre el convenio.
Así como defendí en la tribuna de la Cámara de Diputados que, en efecto, César Nava no ha mentido cuando señala que el PRI colocó como condición de la aprobación del paquete fiscal la no formación de coaliciones entre el PAN y el PRD, al mismo tiempo expresé mi diferendo con lo que he calificado como acuerdo vergonzoso.
Si ésta fue la contraprestación priísta no asentada en el documento, no se necesita del polígrafo para verificar quién miente o quién dice la verdad, basta con recuperar declaraciones del mismísimo coordinador de la bancada priísta en San Lázaro, don Francisco Rojas, para darnos cuenta de que tras la aprobación del paquete fiscal aceptó en entrevista con el periódico Reforma que el intercambio había sido por las no coaliciones.
El tema siempre estuvo presente desde el inicio de la actual legislatura; desde septiembre del año pasado varios diputados priístas blandieron la amenaza de que la única manera de transitar en la Ley de Ingresos para 2010, era negociando el tema de evitar las coaliciones ahí donde más le duele al PRI: Oaxaca y Estado de México.
En mi propio caso, recibí la amenaza de la bancada priísta por el estado de Oaxaca, a través de su entonces coordinador y hoy candidato a gobernador, el diputado Eviel Pérez Magaña, de que si seguía promoviendo la coalición en Oaxaca entre el PAN y el PRD me destituiría la mayoría priísta de mi encargo como presidente de la Comisión de Gobernación.Obviamente tal amenaza se convirtió en estímulo y me convertí en uno de los más decididos instigadores de esa alianza.
Pero, aun y cuando reconozco ese ambiente de chantaje y de intimidación, considero que haber firmado ese pacto en esos términos es un error de nuestro jefe nacional, y un abuso del gobierno del presidente Calderón con nuestro partido. Así se lo expresé con toda claridad a César Nava, quien por lo demás ha dado a conocer sus motivos, el momento bajo presión en que lo hizo y el reconocimiento de que cometió un error.
Revelada la existencia de ese pacto por quien era su principal beneficiario, Peña Nieto, el diputado César Nava convocó a los medios e hizo circular copia del documento completo. Y a partir de ahí asumió el compromiso de decir cuanto fuera necesario para explicar que su voluntad, al momento de la firma, estaba lesionada por el chantaje de no aprobar las medidas fiscales.
A ese desplante correspondió la diputada Paredes con otro de mayor alcance, aunque absurdo e incomprensible para su mente brillante y su acción experimentada: hizo leer en la tribuna de la Cámara de los Diputados el texto completo del “convenio de colaboración” para tratar de reivindicar los términos del pacto, al que le daba incluso una valoración democrática. Exceso al que le agregó otro, la negación de que esa negociación entrañara compromiso alguno del PRI de intercambiar impuestos por votos, pues ahí nunca se señalaba.
Retado públicamente por la diputada Beatriz Paredes a debatir, y ridiculizado por la iracundia de la bancada priista como mentiroso, pero ausente en ese momento, César Nava regresó al día siguiente a responder reto y ofensas. Lo hizo muy bien y dejó acreditados varios hechos que respaldaron su dicho, pero su sola presencia fue el detonante de lo que vimos y sufrimos ese miércoles.
Nava ha asumido en lo individual la responsabilidad de haber firmado el pacto de Bucareli, pero es difícil consentir que tanto él, como el secretario de Gobernación actúen con ese margen de libertad personal y autonomía, siendo tan cercanos al presidente Calderón.
Por supuesto que no desconozco, ni rechazo, que en política la negociación es un instrumento fundamental para concretar bienes públicos. Llegar a acuerdos, pactar condiciones de entendimiento político, es substancial al ejercicio del poder. Lo que creo es que no todo se puede negociar, y que el límite son los principios democráticos y los valores éticos en los que se sustenta la acción de un político. El carácter confidencial de muchos de esos acuerdos tienen que ver con la eficacia práctica para el momento, pero siempre deben pensarse en un horizonte en el que su revelación no sea motivo de rubor. Los pactos que no se pueden sostener en la plaza pública, tienen problema en su origen y concepción. Gómez Morín fue claro y contundente en ello: “Que el espíritu de transacción y de componenda, no viole la levantada intransigencia de Acción Nacional”.
Por ello creo que, superado el aquelarre, el pacto de Bucareli se convertirá en un parteaguas de la relación entre el PRI y el PAN, y entre el PAN y el gobierno del presidente Felipe Calderón, porque entraña una historia más amplia y más preocupante.
Ya supimos que ese convenio no fue fruto de la casualidad como se quiere hacer ver, sino consecuencia de un modelo de comportamiento insincero hacia el país y los partidos políticos proveniente ni más ni menos que de los principales actores y responsables de la política interna de México. Ello tendrá consecuencias que espero se conviertan en definiciones puntuales en las próximas semanas.
Lo que me parece ridículo es que ahora los principales responsables de ese hecho llamen a los legisladores a comportarse con altura de miras y se envuelvan en la bandera de la gobernabilidad democrática para tratar de justificar lo que a todas luces fue un acto de políticos tahúres y no de demócratas, que estuvieron dispuestos —al impulsar la firma de ese acuerdo— a apostar hasta la misma derrota de su propio partido, con tal de hacer avanzar la aprobación de medidas fiscales, por cierto algunas de ellas muy cuestionables, como la condonación fiscal de 5600 millones de pesos para los nuevos operadores de servicios de telefonía móvil de tercera generación, entre los que Televisa será la empresa más favorecida con la inconstitucional exención.
Por supuesto que la parte más penosa no es quién incumplió primero y quién después, porqué motivos fueron desveladas sus cláusulas o por qué no se asentó la contraprestación priísta como si quedaron plenamente acreditadas las obligaciones del PAN; lo verdaderamente estrujante es el propósito y su contenido mismo: despejarle el camino hacia la Presidencia de la República a Enrique Peña Nieto, mediante un blindaje electoral que le evitaba enfrentar una posible coalición del PAN y PRD el próximo año en esa entidad —la que de darse seguramente triunfaría y por ende le abollaría seriamente sus planes al gobernador mexiquense—, además de que le brindaba una protección personal eliminando la posibilidad de criticarlo de manera personal.
El pacto ya ha generado las mayores tensiones en el interior tanto de Acción Nacional como del mismo PRI, aunque por diferentes motivos. Es claro que a los que militamos en el PAN nos ha metido en una incertidumbre y ha aumentado, en mi caso, la desconfianza sobre la lealtad y el compromiso que en el gobierno del presidente Felipe Calderón se tiene realmente para evitar la restauración de la plutocracia salinista en el país, que encarnan la hipoteca celebrada entre Enrique Peña Nieto y Televisa, la fábrica mediática que lo produjo.
En el PRI la tensión se debe al hecho de que lo convenido por la dirigencia nacional sólo se refiere a la protección de Enrique Peña Nieto y a ni uno más de sus gobernadores o actores de primera línea. Lo que evidentemente carga todavía más los dados para el mexiquense en la candidatura presidencial del 2012, pero además desalienta la idea de que la parte quizá más reformadora del PRI que representa Beatriz Paredes, esté en una genuina competencia en ese proceso, siendo ella misma la que suscribió el Pacto de Bucareli.
Este hecho pues, ha lastimado más de lo que puede suponerse por algunos. Metió veneno a la vida de los dos principales partidos de México. Es probable que en los próximos días la herida cierre en términos de la agenda mediática y del debate parlamentario, pero aunque cicatrice, son de las heridas que no dejan de doler. Precisamente porque traen veneno dentro.
Urge elevar la capacidad y calidad deliberativa de los representantes populares, establecer un nuevo sistema de responsabilidades, así como depurar las reglas y mecanismos para el procesamiento de la agenda legislativa, mucho más enfocada a la disputa electoral —casi permanente en nuestro país—, que a atender las propuestas de reforma estructural en las materias política, económica, laboral, educativa, de derechos humanos y medio ambiente.
Denigrada la política ante la opinión pública, mermada su credibilidad y confianza ante la mirada ciudadana, el comportamiento de la mayoría de los diputados no hace más que atizar el fuego del descrédito público, y se vuelve más vulnerable ante la presión y el chantaje de los demás poderes, fundamentalmente, de los poderes fácticos, quienes ven realizado su sueño: el debilitamiento de la clase política.
Sí, fue penoso porque la discusión descendió al nivel del insulto, la descalificación personal, diatribas y acusaciones mutuas. Porque si los legisladores no nos respetamos a nosotros mismos, difícilmente vendrá el respeto de fuera. No creo que haya un solo legislador que sinceramente se sienta satisfecho de lo acontecido en las sesiones del martes y miércoles de hace dos semanas. Hay quienes dicen que esto en lugar de ahondar la parálisis, sacudirá la conciencia, que se abre la oportunidad para reorientar el debate y reencauzar la tarea hacia mejores motivos. Ojalá.
Empiezo por señalar esta imagen vulnerada y esta condición vulnerable de quienes somos legisladores federales, porque se trata de la parte más visible y ostensible de los saldos inmediatos que dejó el ya famoso “pacto de Bucareli”, que ni empezó ahí, ni terminan con ello sus efectos. Sin embargo, quiero dejar claramente asentado mi desacuerdo con ese tipo de convenios, y con lo que me parece ridículo, las posteriores interpretaciones que se han formulado desde distintos ámbitos del gobierno federal sobre el convenio.
Así como defendí en la tribuna de la Cámara de Diputados que, en efecto, César Nava no ha mentido cuando señala que el PRI colocó como condición de la aprobación del paquete fiscal la no formación de coaliciones entre el PAN y el PRD, al mismo tiempo expresé mi diferendo con lo que he calificado como acuerdo vergonzoso.
Si ésta fue la contraprestación priísta no asentada en el documento, no se necesita del polígrafo para verificar quién miente o quién dice la verdad, basta con recuperar declaraciones del mismísimo coordinador de la bancada priísta en San Lázaro, don Francisco Rojas, para darnos cuenta de que tras la aprobación del paquete fiscal aceptó en entrevista con el periódico Reforma que el intercambio había sido por las no coaliciones.
El tema siempre estuvo presente desde el inicio de la actual legislatura; desde septiembre del año pasado varios diputados priístas blandieron la amenaza de que la única manera de transitar en la Ley de Ingresos para 2010, era negociando el tema de evitar las coaliciones ahí donde más le duele al PRI: Oaxaca y Estado de México.
En mi propio caso, recibí la amenaza de la bancada priísta por el estado de Oaxaca, a través de su entonces coordinador y hoy candidato a gobernador, el diputado Eviel Pérez Magaña, de que si seguía promoviendo la coalición en Oaxaca entre el PAN y el PRD me destituiría la mayoría priísta de mi encargo como presidente de la Comisión de Gobernación.Obviamente tal amenaza se convirtió en estímulo y me convertí en uno de los más decididos instigadores de esa alianza.
Pero, aun y cuando reconozco ese ambiente de chantaje y de intimidación, considero que haber firmado ese pacto en esos términos es un error de nuestro jefe nacional, y un abuso del gobierno del presidente Calderón con nuestro partido. Así se lo expresé con toda claridad a César Nava, quien por lo demás ha dado a conocer sus motivos, el momento bajo presión en que lo hizo y el reconocimiento de que cometió un error.
Revelada la existencia de ese pacto por quien era su principal beneficiario, Peña Nieto, el diputado César Nava convocó a los medios e hizo circular copia del documento completo. Y a partir de ahí asumió el compromiso de decir cuanto fuera necesario para explicar que su voluntad, al momento de la firma, estaba lesionada por el chantaje de no aprobar las medidas fiscales.
A ese desplante correspondió la diputada Paredes con otro de mayor alcance, aunque absurdo e incomprensible para su mente brillante y su acción experimentada: hizo leer en la tribuna de la Cámara de los Diputados el texto completo del “convenio de colaboración” para tratar de reivindicar los términos del pacto, al que le daba incluso una valoración democrática. Exceso al que le agregó otro, la negación de que esa negociación entrañara compromiso alguno del PRI de intercambiar impuestos por votos, pues ahí nunca se señalaba.
Retado públicamente por la diputada Beatriz Paredes a debatir, y ridiculizado por la iracundia de la bancada priista como mentiroso, pero ausente en ese momento, César Nava regresó al día siguiente a responder reto y ofensas. Lo hizo muy bien y dejó acreditados varios hechos que respaldaron su dicho, pero su sola presencia fue el detonante de lo que vimos y sufrimos ese miércoles.
Nava ha asumido en lo individual la responsabilidad de haber firmado el pacto de Bucareli, pero es difícil consentir que tanto él, como el secretario de Gobernación actúen con ese margen de libertad personal y autonomía, siendo tan cercanos al presidente Calderón.
Por supuesto que no desconozco, ni rechazo, que en política la negociación es un instrumento fundamental para concretar bienes públicos. Llegar a acuerdos, pactar condiciones de entendimiento político, es substancial al ejercicio del poder. Lo que creo es que no todo se puede negociar, y que el límite son los principios democráticos y los valores éticos en los que se sustenta la acción de un político. El carácter confidencial de muchos de esos acuerdos tienen que ver con la eficacia práctica para el momento, pero siempre deben pensarse en un horizonte en el que su revelación no sea motivo de rubor. Los pactos que no se pueden sostener en la plaza pública, tienen problema en su origen y concepción. Gómez Morín fue claro y contundente en ello: “Que el espíritu de transacción y de componenda, no viole la levantada intransigencia de Acción Nacional”.
Por ello creo que, superado el aquelarre, el pacto de Bucareli se convertirá en un parteaguas de la relación entre el PRI y el PAN, y entre el PAN y el gobierno del presidente Felipe Calderón, porque entraña una historia más amplia y más preocupante.
Ya supimos que ese convenio no fue fruto de la casualidad como se quiere hacer ver, sino consecuencia de un modelo de comportamiento insincero hacia el país y los partidos políticos proveniente ni más ni menos que de los principales actores y responsables de la política interna de México. Ello tendrá consecuencias que espero se conviertan en definiciones puntuales en las próximas semanas.
Lo que me parece ridículo es que ahora los principales responsables de ese hecho llamen a los legisladores a comportarse con altura de miras y se envuelvan en la bandera de la gobernabilidad democrática para tratar de justificar lo que a todas luces fue un acto de políticos tahúres y no de demócratas, que estuvieron dispuestos —al impulsar la firma de ese acuerdo— a apostar hasta la misma derrota de su propio partido, con tal de hacer avanzar la aprobación de medidas fiscales, por cierto algunas de ellas muy cuestionables, como la condonación fiscal de 5600 millones de pesos para los nuevos operadores de servicios de telefonía móvil de tercera generación, entre los que Televisa será la empresa más favorecida con la inconstitucional exención.
Por supuesto que la parte más penosa no es quién incumplió primero y quién después, porqué motivos fueron desveladas sus cláusulas o por qué no se asentó la contraprestación priísta como si quedaron plenamente acreditadas las obligaciones del PAN; lo verdaderamente estrujante es el propósito y su contenido mismo: despejarle el camino hacia la Presidencia de la República a Enrique Peña Nieto, mediante un blindaje electoral que le evitaba enfrentar una posible coalición del PAN y PRD el próximo año en esa entidad —la que de darse seguramente triunfaría y por ende le abollaría seriamente sus planes al gobernador mexiquense—, además de que le brindaba una protección personal eliminando la posibilidad de criticarlo de manera personal.
El pacto ya ha generado las mayores tensiones en el interior tanto de Acción Nacional como del mismo PRI, aunque por diferentes motivos. Es claro que a los que militamos en el PAN nos ha metido en una incertidumbre y ha aumentado, en mi caso, la desconfianza sobre la lealtad y el compromiso que en el gobierno del presidente Felipe Calderón se tiene realmente para evitar la restauración de la plutocracia salinista en el país, que encarnan la hipoteca celebrada entre Enrique Peña Nieto y Televisa, la fábrica mediática que lo produjo.
En el PRI la tensión se debe al hecho de que lo convenido por la dirigencia nacional sólo se refiere a la protección de Enrique Peña Nieto y a ni uno más de sus gobernadores o actores de primera línea. Lo que evidentemente carga todavía más los dados para el mexiquense en la candidatura presidencial del 2012, pero además desalienta la idea de que la parte quizá más reformadora del PRI que representa Beatriz Paredes, esté en una genuina competencia en ese proceso, siendo ella misma la que suscribió el Pacto de Bucareli.
Este hecho pues, ha lastimado más de lo que puede suponerse por algunos. Metió veneno a la vida de los dos principales partidos de México. Es probable que en los próximos días la herida cierre en términos de la agenda mediática y del debate parlamentario, pero aunque cicatrice, son de las heridas que no dejan de doler. Precisamente porque traen veneno dentro.
No hay comentarios:
Publicar un comentario