UN IFE SIN PODER SANCIONAR

PEDRO SALAZAR UGARTE

La elección de 2009 postuló un candidato idóneo para ganar el premio al “procedimiento más tortuoso para la autoridad que lo tramita” (galardón que no existe pero que debería inventarse): el célebre Procedimiento Especial Sancionador en materia Electoral. Me atrevo a suponer que ha sido la causa de muchas noches de insomnio para el Secretario Ejecutivo del IFE (quien debe desahogarlo). Y no es para menos: se trata de un recurso sobre-explotado por los partidos y candidatos, que debe resolverse en un lapso muy breve de tiempo y que, para colmo, dada su naturaleza jurisdiccional, debe ser técnicamente impecable. Si a ello le sumamos que es la vía por la que se imponen multas millonarias a los concesionarios de Radio y Televisión cuando infringen la ley, tenemos una bomba de tiempo de cara al proceso electoral de 2012. Y, por si no bastara, ese procedimiento y sus resultados son el cuchillo de palo del Tribunal Electoral cuando quiere corregirle la plana (mucha veces sin razón) al Consejo General del IFE.

Por eso y por razones atentas a la naturaleza del procedimiento y al desgaste que el mismo supone para la autoridad administrativa, voces expertas, como José Woldenberg, han propuesto trasladar los llamados PESES, al Tribunal Electoral con una fórmula, a mi juicio, sensata: las Salas Regionales (ahora permanentes) conocen y sancionan en primera instancia; la Sala Superior, revisa y confirma o revoca la decisión. Bendita solución para el IFE que, de manera increíble, no gusta a algunos de sus consejeros. No cabe duda que las lógicas del poder, nublan los mecanismos de la razón. En lo que sigue articularé un argumento adicional y complementario a favor de la propuesta woldenberiana. No sé si convencerán a los mencionados consejeros pero las razones que esgrimiré, me parece, deberían llamar la atención de la señora y señores magistrados del -así llamado- TRIFE.

Los abogados de las televisoras (en especial de Televisión Azteca) han intentado sacar los asuntos que les han sido desfavorables, cuando los han sancionado por incumplir sus obligaciones en la materia, del circuito electoral interponiendo amparos indirectos ante la llamada “justicia ordinaria”. Su estrategia es pública y, a pesar de constituir un burdo fraude a la ley, hasta ahora, no ha sido desarticulada. Ello a pesar de que la ley de amparo establece expresamente que ese juicio de garantías no es una vía para combatir decisiones electorales y de que, precisamente por eso, llevamos décadas construyendo un sistema de justicia especializado en tan complicada materia. La pregunta –que, para sortear la arena especulativa- dejo en el aire es: ¿por qué los ministros de la Suprema Corte, que tienen en su mesa 11 de esos amparos, no han cerrado de tajo y con contundencia la puerta a esta estrategia que puede terminar por alterar irreversiblemente la lógica de nuestro sistema electoral? Ignoro la respuesta pero conozco una medida que, desde el poder legislativo, terminaría con la intentona de los barones mediáticos. En efecto, adivinó usted, me refiero a la propuesta de José Woldenberg.

Además de las razones que ya he adelantado a favor de esa idea, si todos los procedimientos especiales iniciaran y terminaran en el Tribunal Electoral, las televisoras perderían su argumento principal para intentar ampararse: que, cuando son sancionadas, se ven afectadas por la decisión de un órgano administrativo (el IFE) que, ante ellas, no actúa como autoridad electoral. Con toda evidencia, si la sanción proviniera de una Sala Regional del Tribunal, la cuestión (que no deja de ser tramposa), quedaría totalmente zanjada. Se trataría de una sanción impuesta por una instancia jurisdiccional, indiscutiblemente especializada y cuyas decisiones sólo pueden ser revisadas por la Sala Superior del propio TRIFE. Con una reforma en esa dirección mataríamos, entonces, tres pájaros de un tiro: a) se cerraría la puerta al intento mediático que busca evadir obligaciones y esquivar sanciones; b) se protegería la necesaria especialización en la materia electoral y; c) desde el legislativo, se quitaría cualquier sustento a la ilusión que parecen tener algunos jueces y ministros de desviar a su molino el cauce de los asuntos electorales. Y, de paso, por cierto, se garantizaría que los procedimientos sancionatorios siguieran siendo —como deben ser —prontos y expeditos. Así que los PESES deberían nadar en las aguas del Tribunal.