PORFIRIO MUÑOZ LEDODentro de los ritos del viejo presidencialismo nunca faltó la corte de los “apoyadores” acríticos. Toda propuesta proveniente del Poder Ejecutivo merecía respaldo automático y quienes osaban disentir descendían al inframundo de los “enemigos de México”. Cuando los respaldos provenían de intelectuales solía llamárseles “votos razonados”.
Una prolongada orfandad política induce en almas piadosas actitudes compasivas. Así, un destacado empresario —hoy “abajofirmante”— había llamado en víspera de las elecciones legislativas a votar por el partido del “pobre señor presidente” con el argumento de que éste había dejado de gobernar.
Ahora se amalgaman en documento insólito y rascuache No a la generación del no, una serie dispar de personalidades; desde intelectuales orgánicos hasta voceros del duopolio televisivo, empresarios exitosos, funcionarios del pasado y artistas despistados. Los une la condena a quienes tenemos ideas y proyectos diferentes a la propuesta política del presidente Felipe Calderón.
Queda en la bruma cuál es la generación contra la que arremeten. El promedio de edad de los que firmaron ese documento es superior a la de quienes ejercen liderazgos legislativos o partidarios, aunque compartamos el mismo horizonte histórico. ¿Habría que entenderlo como una autocondena o como un regaño a los más jóvenes?
Afirman que esa indeterminada Generación del No es “responsable de lo que no ha ocurrido en México”. Es obvio que muchos de quienes disentimos del desgobierno y los propósitos del Poder Ejecutivo hemos impulsado los cambios que sí han acontecido en nuestro país. Ellos mismos reconocen que las “reformas de fondo llevan trece años detenidas”: aluden a las que nosotros hicimos en el año de 1996.
No se preguntan por las causas del pasmo de la transición, a pesar de que son evidentes. A ninguno de ellos lo vimos protestando cuando fue el fraude de 1988, ni acompañando las difíciles negociaciones que nos condujeron al pluralismo, ni denunciando los desmanes de Vicente Fox, el abuso del desafuero, el atraco legal del 2006 y la insolente militarización del país.
No se tomaron el trabajo de revisar la iniciativa que promueven. Hubiesen descubierto que recuenta los antecedentes próximos de la reforma política: los esfuerzos de la LVII legislatura en 1998 y de la Comisión de la Reforma del Estado en 2000, los foros para la revisión integral de la Constitución del 2001 y las mesas negociadoras del 2005. Todos impulsados por quienes tenemos un genuino proyecto de cambio.
Tampoco averiguan las razones que hicieron abortar a la CENCA en 2007: 109 propuestas de reforma constitucional frenadas por la ambivalencia del Partido Revolucionario Institucional y el veto del Partido Acción Nacional. Menos aun sus contenidos, orientados a “beneficiar a los ciudadanos”, rediseñar, descentralizar y reconstruir al Estado en el rescate de su soberanía.
Las frases: “quien se opone a todo está a favor de nada y ¿vivimos acaso en el paraíso?”, son simplezas de catecismo, indignas de quienes estamparon su firma. La Asociación Nacional para la Reforma del Estado ha valorado la iniciativa de Calderón y la ha considerado “desarticulada, sesgada y mal intencionada”. Busca fortalecer el autoritarismo y elude cualquier modificación sistémica.
Hemos retomado la médula de las propuestas anteriores, avanzado una reforma cabal de las instituciones y replanteado el debate público, que se desenvolverá en los ámbitos parlamentario, universitario y societario. Están invitados a participar, aunque algunos corran el riesgo de ser vapuleados, como en el Senado.
Naturalmente que vamos a promover los cambios hasta ahora detenidos por quienes han “hecho improductiva nuestra democracia”: el grupo gobernante, sus secuaces y los poderes fácticos que los dominan. La súplica: “amigos legisladores: aprueben las reformas” es en cambio inconsecuente, sumisa e inaceptable.
Las generaciones de sisís son abolidas por las democracias. Ayer pidieron anular el voto, hoy pretenden anular el debate. Conminar a la oposición para que se rinda ante el gobierno y abogar por la obediencia parlamentaria es abrir el paso al fujimorismo y cancelar la libertad de la inteligencia.
Una prolongada orfandad política induce en almas piadosas actitudes compasivas. Así, un destacado empresario —hoy “abajofirmante”— había llamado en víspera de las elecciones legislativas a votar por el partido del “pobre señor presidente” con el argumento de que éste había dejado de gobernar.
Ahora se amalgaman en documento insólito y rascuache No a la generación del no, una serie dispar de personalidades; desde intelectuales orgánicos hasta voceros del duopolio televisivo, empresarios exitosos, funcionarios del pasado y artistas despistados. Los une la condena a quienes tenemos ideas y proyectos diferentes a la propuesta política del presidente Felipe Calderón.
Queda en la bruma cuál es la generación contra la que arremeten. El promedio de edad de los que firmaron ese documento es superior a la de quienes ejercen liderazgos legislativos o partidarios, aunque compartamos el mismo horizonte histórico. ¿Habría que entenderlo como una autocondena o como un regaño a los más jóvenes?
Afirman que esa indeterminada Generación del No es “responsable de lo que no ha ocurrido en México”. Es obvio que muchos de quienes disentimos del desgobierno y los propósitos del Poder Ejecutivo hemos impulsado los cambios que sí han acontecido en nuestro país. Ellos mismos reconocen que las “reformas de fondo llevan trece años detenidas”: aluden a las que nosotros hicimos en el año de 1996.
No se preguntan por las causas del pasmo de la transición, a pesar de que son evidentes. A ninguno de ellos lo vimos protestando cuando fue el fraude de 1988, ni acompañando las difíciles negociaciones que nos condujeron al pluralismo, ni denunciando los desmanes de Vicente Fox, el abuso del desafuero, el atraco legal del 2006 y la insolente militarización del país.
No se tomaron el trabajo de revisar la iniciativa que promueven. Hubiesen descubierto que recuenta los antecedentes próximos de la reforma política: los esfuerzos de la LVII legislatura en 1998 y de la Comisión de la Reforma del Estado en 2000, los foros para la revisión integral de la Constitución del 2001 y las mesas negociadoras del 2005. Todos impulsados por quienes tenemos un genuino proyecto de cambio.
Tampoco averiguan las razones que hicieron abortar a la CENCA en 2007: 109 propuestas de reforma constitucional frenadas por la ambivalencia del Partido Revolucionario Institucional y el veto del Partido Acción Nacional. Menos aun sus contenidos, orientados a “beneficiar a los ciudadanos”, rediseñar, descentralizar y reconstruir al Estado en el rescate de su soberanía.
Las frases: “quien se opone a todo está a favor de nada y ¿vivimos acaso en el paraíso?”, son simplezas de catecismo, indignas de quienes estamparon su firma. La Asociación Nacional para la Reforma del Estado ha valorado la iniciativa de Calderón y la ha considerado “desarticulada, sesgada y mal intencionada”. Busca fortalecer el autoritarismo y elude cualquier modificación sistémica.
Hemos retomado la médula de las propuestas anteriores, avanzado una reforma cabal de las instituciones y replanteado el debate público, que se desenvolverá en los ámbitos parlamentario, universitario y societario. Están invitados a participar, aunque algunos corran el riesgo de ser vapuleados, como en el Senado.
Naturalmente que vamos a promover los cambios hasta ahora detenidos por quienes han “hecho improductiva nuestra democracia”: el grupo gobernante, sus secuaces y los poderes fácticos que los dominan. La súplica: “amigos legisladores: aprueben las reformas” es en cambio inconsecuente, sumisa e inaceptable.
Las generaciones de sisís son abolidas por las democracias. Ayer pidieron anular el voto, hoy pretenden anular el debate. Conminar a la oposición para que se rinda ante el gobierno y abogar por la obediencia parlamentaria es abrir el paso al fujimorismo y cancelar la libertad de la inteligencia.
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