JORGE ALCOCER VILLANUEVAMás allá de los juicios que han merecido sus propuestas concretas, los participantes en el debate hemos saludado que el presidente Felipe Calderón haya enviado al Senado su iniciativa de reforma política, igual saludo merecen las presentadas por el PRD y sus aliados, las del PRI, en ambas Cámaras, y la suscrita por los senadores del PAN. Las propuestas ensanchan el horizonte del análisis.
En ese sentido, cabe saludar que el gobernador Enrique Peña Nieto haya puesto por escrito su propuesta en un tema crucial, la integración de las Cámaras del Congreso (El Universal, 16/03/10). Definir el objetivo de ese cambio ayuda a la comprensión de las alternativas que están sobre la mesa; el del gobernador mexiquense es la formación de mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Para tal efecto sugiere cualquiera de dos vías: eliminar el tope a la sobrerrepresentación, fijado desde 1996 en ocho puntos porcentuales, o volver a una cláusula de gobernabilidad como la establecida en 1986, eliminada una década más tarde.
Para evaluar esas propuestas, veamos los efectos que habrían provocado en la elección de diputados federales de 2009. Con el 36.9% de la votación emitida el PRI ganó 184 distritos; al hacer el cálculo respecto a la votación efectiva, el PRI aumentó al 39.5%; sin el tope a la sobrerrepresentación hubiese obtenido, grosso modo, 79 diputados plurinominales, para un total de 263 curules, el 52.6% de la Cámara; mayoría absoluta. Ese resultado habría significado una diferencia entre porcentaje de votos (36.94) y porcentaje de curules (52.6) de 15.66 puntos, que significan el 42.6% de la votación real del PRI. Visto desde otro ángulo, los demás partidos, que en conjunto sumaron el 63.1% de los votos emitidos, habrían contado con 237 curules, el 47.4% del total en San Lázaro.
Si hubiese existido la cláusula de gobernabilidad, para dar al partido con al menos 35% de los votos la mitad más una de las curules (251) el PRI habría recibido 67 diputados plurinominales; la diferencia entre porcentaje de votos y de curules habría sido de 13.3 puntos porcentuales, que significan el 36% de sus votos reales.
En ambos casos, el objetivo de la mayoría absoluta se habría alcanzado con una distorsión mayúscula de la voluntad de los electores. Podemos coincidir en que, dentro de ciertos márgenes, la norma legal puede favorecer la formación de mayoría absoluta, como de hecho está previsto desde 1996, pero lo que no es democrático es torcer la ley a grado tal que pase por alto la soberanía del voto.
Tanto Peña Nieto como los autores de la iniciativa del PRI en San Lázaro han dejado de lado que la forma de integración de la Cámara de Diputados, desde 1986, se apartó radicalmente del modelo instaurado a iniciativa de don Jesús Reyes Heroles, a partir de la condición entonces hegemónica del PRI. Las 100 curules plurinominales fueron ideadas, en 1977, para abrir espacio a la representación de las minorías. Cuando los plurinominales aumentaron a 200 y el PRI entró al reparto de los mismos, el modelo cambio por completo. Ya no se trataba de dos compartimentos estanco, uno casi exclusivo para la mayoría apabullante, y el otro reservado a las minorías, sino de un sistema mixto que, tendencialmente, debía reflejar en curules el porcentaje de votos obtenido por cada partido.
La cláusula de gobernabilidad, que permitía una sobrerrepresentación de hasta 15.2 puntos, fue ajustada en 1996 para fijar el límite en ocho puntos. Eso fue parte de los acuerdos aprobados por unanimidad en ambas Cámaras. Siempre será posible reformar la Constitución, pero la pregunta es para qué y en beneficio de quién.
Parece imposible que la propuesta comentada genere el acuerdo para su aprobación en el Congreso, en donde requiere del voto de las dos terceras partes; pero aún en la hipótesis contraria, queda por resolver la integración del Senado, que desde el 2000 carece de mayoría absoluta.
Además de olvidar la historia, la obsesión por la mayoría deja de lado las ventajas que a México trajo el pluralismo, empezando por desterrar -aunque subsistan islotes de radicalismo- la invocación de la violencia como medio para los grandes cambios. Y eso no es poco.
En ese sentido, cabe saludar que el gobernador Enrique Peña Nieto haya puesto por escrito su propuesta en un tema crucial, la integración de las Cámaras del Congreso (El Universal, 16/03/10). Definir el objetivo de ese cambio ayuda a la comprensión de las alternativas que están sobre la mesa; el del gobernador mexiquense es la formación de mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Para tal efecto sugiere cualquiera de dos vías: eliminar el tope a la sobrerrepresentación, fijado desde 1996 en ocho puntos porcentuales, o volver a una cláusula de gobernabilidad como la establecida en 1986, eliminada una década más tarde.
Para evaluar esas propuestas, veamos los efectos que habrían provocado en la elección de diputados federales de 2009. Con el 36.9% de la votación emitida el PRI ganó 184 distritos; al hacer el cálculo respecto a la votación efectiva, el PRI aumentó al 39.5%; sin el tope a la sobrerrepresentación hubiese obtenido, grosso modo, 79 diputados plurinominales, para un total de 263 curules, el 52.6% de la Cámara; mayoría absoluta. Ese resultado habría significado una diferencia entre porcentaje de votos (36.94) y porcentaje de curules (52.6) de 15.66 puntos, que significan el 42.6% de la votación real del PRI. Visto desde otro ángulo, los demás partidos, que en conjunto sumaron el 63.1% de los votos emitidos, habrían contado con 237 curules, el 47.4% del total en San Lázaro.
Si hubiese existido la cláusula de gobernabilidad, para dar al partido con al menos 35% de los votos la mitad más una de las curules (251) el PRI habría recibido 67 diputados plurinominales; la diferencia entre porcentaje de votos y de curules habría sido de 13.3 puntos porcentuales, que significan el 36% de sus votos reales.
En ambos casos, el objetivo de la mayoría absoluta se habría alcanzado con una distorsión mayúscula de la voluntad de los electores. Podemos coincidir en que, dentro de ciertos márgenes, la norma legal puede favorecer la formación de mayoría absoluta, como de hecho está previsto desde 1996, pero lo que no es democrático es torcer la ley a grado tal que pase por alto la soberanía del voto.
Tanto Peña Nieto como los autores de la iniciativa del PRI en San Lázaro han dejado de lado que la forma de integración de la Cámara de Diputados, desde 1986, se apartó radicalmente del modelo instaurado a iniciativa de don Jesús Reyes Heroles, a partir de la condición entonces hegemónica del PRI. Las 100 curules plurinominales fueron ideadas, en 1977, para abrir espacio a la representación de las minorías. Cuando los plurinominales aumentaron a 200 y el PRI entró al reparto de los mismos, el modelo cambio por completo. Ya no se trataba de dos compartimentos estanco, uno casi exclusivo para la mayoría apabullante, y el otro reservado a las minorías, sino de un sistema mixto que, tendencialmente, debía reflejar en curules el porcentaje de votos obtenido por cada partido.
La cláusula de gobernabilidad, que permitía una sobrerrepresentación de hasta 15.2 puntos, fue ajustada en 1996 para fijar el límite en ocho puntos. Eso fue parte de los acuerdos aprobados por unanimidad en ambas Cámaras. Siempre será posible reformar la Constitución, pero la pregunta es para qué y en beneficio de quién.
Parece imposible que la propuesta comentada genere el acuerdo para su aprobación en el Congreso, en donde requiere del voto de las dos terceras partes; pero aún en la hipótesis contraria, queda por resolver la integración del Senado, que desde el 2000 carece de mayoría absoluta.
Además de olvidar la historia, la obsesión por la mayoría deja de lado las ventajas que a México trajo el pluralismo, empezando por desterrar -aunque subsistan islotes de radicalismo- la invocación de la violencia como medio para los grandes cambios. Y eso no es poco.
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