JESÚS CANTÚFrente a la tragedia, las autoridades manipulan y ocultan la información, e inician intensas campañas publicitarias para incidir en las percepciones ciudadanas. La muerte de tres inocentes en dos enfrentamientos entre militares y presuntos delincuentes evidencia algunas constantes en los comunicados oficiales: siempre que los fallecidos no son transgresores reconocidos en la opinión pública, se difunde que “hasta el momento se encuentran sin ser identificados”, además de minimizar el número de militares heridos.
Al darlos oficialmente por no identificados, siempre es posible señalarlos extraoficialmente como delincuentes o sicarios. En el caso de los dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey abatidos en el fuego cruzado frente a dicha institución, las versiones periodísticas reiteradamente los identificaron como sicarios hasta la tarde del sábado 20, cuando el rector del Tecnológico, Rafael Rangel Sostmann, aclaró a través de un comunicado oficial que se trataba de dos integrantes destacados de su comunidad estudiantil.
En la persecución de presuntos secuestradores en Colinas de San Jerónimo, las primeras versiones periodísticas, difundidas el sábado por la mañana, hablaban del fallecimiento de “un secuestrador, su novia y un cómplice de éstos”. El comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la Comandancia de la 7ª Zona Militar, distribuido el sábado 20 –más de 12 horas después del acontecimiento–, nuevamente señala: “En este evento resultó muerta una persona del sexo femenino que hasta el momento se encuentra sin ser identificada”. De nuevo, oficialmente está sin identificar; extraoficialmente, es la novia de un secuestrador.
Si en el caso de los estudiantes, aunque con reservas, puede entenderse la explicación de que los dos caídos no portaban identificaciones, en Colinas de San Jerónimo no había dudas: a la víctima le sobrevivió su esposo, que conducía el vehículo, así que de inmediato se conoció su identidad; sin embargo, es más conveniente dejar la idea de que todos los muertos son “sicarios” hasta que sus familiares demuestren lo contrario.
Por otra parte, si es atendible la versión de que los dos estudiantes cayeron víctimas del fuego cruzado, prácticamente es insostenible en el caso de Sandra de la Garza: según los indicios, casi todos, si no es que todos los disparos, fueron de los militares, pues de acuerdo con el boletín oficial a los secuestradores sólo les decomisaron “dos armas largas, 19 cartuchos de diferentes calibres, un cargador metálico…”. Vecinos del lugar afirman que prácticamente no hubo balacera.
Los estudiantes sí fueron víctimas del fuego cruzado y, en ese sentido, pudieron ser abatidos por cualquiera de los dos bandos; pero en el segundo caso lo más probable es que únicamente los militares hayan disparado contra la camioneta, de la que ciertamente no salió un solo disparo, lo cual puede comprobar fácilmente un perito en balística con sólo revisar los impactos sobre ese vehículo.
También era sencillo averiguar la identidad de los abatidos en el Tec, pues los militares o las autoridades que recogieron los radios de los guardias y los videos de la institución supieron desde el primer momento que el guardia de la puerta en ese crucero sospechaba que se trataba de estudiantes. No obstante, todo indica que desaparecieron todas sus pertenencias, incluyendo cualquier identificación. La madre de uno de ellos, Jorge Antonio Mercado, dijo que ni con mucho maquillaje pudo ocultarse el daño a su rostro, por lo que pudo ser “objeto de tortura” .
En cuanto a los soldados heridos en el enfrentamiento de la madrugada del viernes 19, Proceso señala en su anterior edición que “tres militares resultaron heridos por fragmentos de granada”. El boletín oficial dice que fue sólo uno; información extraoficial, pero de una fuente directa, confirma que fueron tres, y que uno de ellos fue trasladado para que lo atendieran en la Ciudad de México porque está en riesgo de perder un ojo.
Por haber involucrado a una institución educativa con el prestigio del Tecnológico de Monterrey, los hechos del pasado fin de semana permiten diseccionar claramente la estrategia oficial: la información se presenta de manera que permite generar la percepción de que “si bien hay bajas, le estamos metiendo muchos goles a la criminalidad”, como presumió el presidente Felipe Calderón en febrero de 2008, precisamente en el Tec. También facilita que los militares evadan su responsabilidad en las muertes de civiles ajenos a la delincuencia, y dejar a los familiares de los abatidos la tarea de buscarlos para demostrar posteriormente su inocencia.
Por si todo esto fuera poco, el gobierno del estado responde a la ola de inseguridad inundando de spots publicitarios las pantallas de televisión (incluso la nacional) en franca violación al artículo 134 de la Constitución, que prohíbe expresamente incluir en la propaganda oficial los “nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen la promoción personalizada de cualquier servidor público”. Además, el gobernador Rodrigo Medina convoca a la ciudadanía a una manifestación para el domingo 28 de marzo a fin de “exigir que cesen las agresiones contra un pueblo ejemplar” y las diligentes televisoras locales agradecen los cientos de millones de pesos de propaganda promoviendo ese llamado en diversos espacios.
Así la estrategia oficial y la manipulación de la información parecen ser el elemento más sólido de esta llamada guerra contra la delincuencia organizada.
Al darlos oficialmente por no identificados, siempre es posible señalarlos extraoficialmente como delincuentes o sicarios. En el caso de los dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey abatidos en el fuego cruzado frente a dicha institución, las versiones periodísticas reiteradamente los identificaron como sicarios hasta la tarde del sábado 20, cuando el rector del Tecnológico, Rafael Rangel Sostmann, aclaró a través de un comunicado oficial que se trataba de dos integrantes destacados de su comunidad estudiantil.
En la persecución de presuntos secuestradores en Colinas de San Jerónimo, las primeras versiones periodísticas, difundidas el sábado por la mañana, hablaban del fallecimiento de “un secuestrador, su novia y un cómplice de éstos”. El comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la Comandancia de la 7ª Zona Militar, distribuido el sábado 20 –más de 12 horas después del acontecimiento–, nuevamente señala: “En este evento resultó muerta una persona del sexo femenino que hasta el momento se encuentra sin ser identificada”. De nuevo, oficialmente está sin identificar; extraoficialmente, es la novia de un secuestrador.
Si en el caso de los estudiantes, aunque con reservas, puede entenderse la explicación de que los dos caídos no portaban identificaciones, en Colinas de San Jerónimo no había dudas: a la víctima le sobrevivió su esposo, que conducía el vehículo, así que de inmediato se conoció su identidad; sin embargo, es más conveniente dejar la idea de que todos los muertos son “sicarios” hasta que sus familiares demuestren lo contrario.
Por otra parte, si es atendible la versión de que los dos estudiantes cayeron víctimas del fuego cruzado, prácticamente es insostenible en el caso de Sandra de la Garza: según los indicios, casi todos, si no es que todos los disparos, fueron de los militares, pues de acuerdo con el boletín oficial a los secuestradores sólo les decomisaron “dos armas largas, 19 cartuchos de diferentes calibres, un cargador metálico…”. Vecinos del lugar afirman que prácticamente no hubo balacera.
Los estudiantes sí fueron víctimas del fuego cruzado y, en ese sentido, pudieron ser abatidos por cualquiera de los dos bandos; pero en el segundo caso lo más probable es que únicamente los militares hayan disparado contra la camioneta, de la que ciertamente no salió un solo disparo, lo cual puede comprobar fácilmente un perito en balística con sólo revisar los impactos sobre ese vehículo.
También era sencillo averiguar la identidad de los abatidos en el Tec, pues los militares o las autoridades que recogieron los radios de los guardias y los videos de la institución supieron desde el primer momento que el guardia de la puerta en ese crucero sospechaba que se trataba de estudiantes. No obstante, todo indica que desaparecieron todas sus pertenencias, incluyendo cualquier identificación. La madre de uno de ellos, Jorge Antonio Mercado, dijo que ni con mucho maquillaje pudo ocultarse el daño a su rostro, por lo que pudo ser “objeto de tortura” .
En cuanto a los soldados heridos en el enfrentamiento de la madrugada del viernes 19, Proceso señala en su anterior edición que “tres militares resultaron heridos por fragmentos de granada”. El boletín oficial dice que fue sólo uno; información extraoficial, pero de una fuente directa, confirma que fueron tres, y que uno de ellos fue trasladado para que lo atendieran en la Ciudad de México porque está en riesgo de perder un ojo.
Por haber involucrado a una institución educativa con el prestigio del Tecnológico de Monterrey, los hechos del pasado fin de semana permiten diseccionar claramente la estrategia oficial: la información se presenta de manera que permite generar la percepción de que “si bien hay bajas, le estamos metiendo muchos goles a la criminalidad”, como presumió el presidente Felipe Calderón en febrero de 2008, precisamente en el Tec. También facilita que los militares evadan su responsabilidad en las muertes de civiles ajenos a la delincuencia, y dejar a los familiares de los abatidos la tarea de buscarlos para demostrar posteriormente su inocencia.
Por si todo esto fuera poco, el gobierno del estado responde a la ola de inseguridad inundando de spots publicitarios las pantallas de televisión (incluso la nacional) en franca violación al artículo 134 de la Constitución, que prohíbe expresamente incluir en la propaganda oficial los “nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen la promoción personalizada de cualquier servidor público”. Además, el gobernador Rodrigo Medina convoca a la ciudadanía a una manifestación para el domingo 28 de marzo a fin de “exigir que cesen las agresiones contra un pueblo ejemplar” y las diligentes televisoras locales agradecen los cientos de millones de pesos de propaganda promoviendo ese llamado en diversos espacios.
Así la estrategia oficial y la manipulación de la información parecen ser el elemento más sólido de esta llamada guerra contra la delincuencia organizada.
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