MANLIO FABIO BELTRONESPor más de tres años, en el país hemos vivido el severo impacto de la lucha contra la inseguridad y la delincuencia. Se nos dijo que era una guerra inevitable y que pronto habría resultados. Se nos pidieron leyes y nuevos instrumentos para combatir de mejor manera a los delincuentes, mismas que fueron otorgadas por el Congreso para que fuera en el marco del derecho como el Estado combatiera a las organizaciones criminales, sin demérito de las garantías individuales.
No obstante el esfuerzo, aún estamos lejos de obtener los resultados esperados y, al prolongarse la cuestión, se percibe en cualquier recorrido por el país la preocupación de los ciudadanos por los crecientes enfrentamientos violentos y los cada vez más frecuentes casos de presunta violación de garantías cometidas cuando, se dice, se investigan hechos delictivos.
En consecuencia, a la par que se escucha el clamor por seguridad y justicia, primer deber del Estado, también trasciende la exigencia de respetar los derechos humanos y la legalidad en las actuaciones y los procedimientos judiciales. Nadie podría aceptar que en la búsqueda de la legalidad, se actúe vulnerando derechos, afectando a la población y conculcando las garantías establecidas en nuestras leyes.
Es por ello relevante la defensa de los derechos de tres indígenas otomíes injustamente detenidas e ilegalmente procesadas por delitos que a la PGR ni se le ha ocurrido imputar a los jefes de los cárteles detenidos. Como señaló el gobernador de Querétaro, José Calzada Rovirosa, en el penal de San José el Alto se encarceló a Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio acusadas de haber secuestrado a seis agentes federales durante un operativo para incautar mercancías en el mercado de Santiago Mexquititlán el 26 de marzo de 2006.
Jacinta fue liberada el 16 de septiembre pasado debido a la presión de la opinión pública, tras lo cual la PGR decidió no presentar conclusiones acusatorias en su contra. No es así el caso de Alberta y Teresa, condenadas a 21 años de prisión de los 42 que había solicitado la PGR, en un caso que ha llamado igualmente la atención de los organismos defensores de derechos humanos y de numerosos legisladores y ciudadanos, entre los que me cuento, no sólo porque se trata de los mismos hechos y actos, sino por el cúmulo de violaciones a las garantías de las detenidas, tras lo cual han sido injustamente condenadas.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su recomendación 47/2009 y aún las gubernamentales Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, en su recomendación 01/2009, han acreditado que a las acusadas no se les ofreció acceso a un intérprete en los procedimientos judiciales, el defensor de oficio nunca habló con ellas, se concedió fuerza probatoria a los testimonios de los agentes, quienes fungieron como investigadores y ofendidos, a pesar de sus imprecisiones, contradicciones e incongruencias para explicar cómo tres indígenas otomíes lograron secuestrar a seis agentes poderosamente armados y entrenados. Es tal el cúmulo de irregularidades que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso y seguramente resolverá en consecuencia.
Como concluyen la CNDH y la opinión pública, con lo que concuerdo absolutamente, Alberta y Teresa deben ser inmediatamente liberadas y las tres valerosas indígenas otomíes debidamente compensadas no sólo para subrayar la determinación de no permitir ni siquiera una violación a las garantías individuales, sino también para asegurarnos que tales hechos no constituyan una práctica recurrente de nuestras autoridades civiles y militares.
Tan sólo en 2009, la CNDH emitió 97 recomendaciones a diversas autoridades. De éstas, no fueron admitidas 22 por las propias autoridades observadas y de las 75 restantes, sólo 10 han sido atendidas. ¡Una de cada 10! Es inaceptable. Por ello, en el Senado los legisladores del PRI hemos propuesto, en el marco de la reforma política, fortalecer a la CNDH transfiriéndole la facultad de investigación de violaciones graves a garantías individuales que hoy ejerce la Suprema Corte, dotarla de atribuciones para presentar denuncias y capacidad para solicitar al Senado la comparecencia de los funcionarios que no acaten las recomendaciones, quienes pudieran ser sujetos de moción de censura. Habrá acuerdo en ello, hay consenso en comisiones y muy pronto lo votaremos en el pleno, para que las instituciones responsables de proteger a la sociedad lo hagan sin atropellar los derechos de los ciudadanos.
No obstante el esfuerzo, aún estamos lejos de obtener los resultados esperados y, al prolongarse la cuestión, se percibe en cualquier recorrido por el país la preocupación de los ciudadanos por los crecientes enfrentamientos violentos y los cada vez más frecuentes casos de presunta violación de garantías cometidas cuando, se dice, se investigan hechos delictivos.
En consecuencia, a la par que se escucha el clamor por seguridad y justicia, primer deber del Estado, también trasciende la exigencia de respetar los derechos humanos y la legalidad en las actuaciones y los procedimientos judiciales. Nadie podría aceptar que en la búsqueda de la legalidad, se actúe vulnerando derechos, afectando a la población y conculcando las garantías establecidas en nuestras leyes.
Es por ello relevante la defensa de los derechos de tres indígenas otomíes injustamente detenidas e ilegalmente procesadas por delitos que a la PGR ni se le ha ocurrido imputar a los jefes de los cárteles detenidos. Como señaló el gobernador de Querétaro, José Calzada Rovirosa, en el penal de San José el Alto se encarceló a Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio acusadas de haber secuestrado a seis agentes federales durante un operativo para incautar mercancías en el mercado de Santiago Mexquititlán el 26 de marzo de 2006.
Jacinta fue liberada el 16 de septiembre pasado debido a la presión de la opinión pública, tras lo cual la PGR decidió no presentar conclusiones acusatorias en su contra. No es así el caso de Alberta y Teresa, condenadas a 21 años de prisión de los 42 que había solicitado la PGR, en un caso que ha llamado igualmente la atención de los organismos defensores de derechos humanos y de numerosos legisladores y ciudadanos, entre los que me cuento, no sólo porque se trata de los mismos hechos y actos, sino por el cúmulo de violaciones a las garantías de las detenidas, tras lo cual han sido injustamente condenadas.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su recomendación 47/2009 y aún las gubernamentales Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, en su recomendación 01/2009, han acreditado que a las acusadas no se les ofreció acceso a un intérprete en los procedimientos judiciales, el defensor de oficio nunca habló con ellas, se concedió fuerza probatoria a los testimonios de los agentes, quienes fungieron como investigadores y ofendidos, a pesar de sus imprecisiones, contradicciones e incongruencias para explicar cómo tres indígenas otomíes lograron secuestrar a seis agentes poderosamente armados y entrenados. Es tal el cúmulo de irregularidades que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso y seguramente resolverá en consecuencia.
Como concluyen la CNDH y la opinión pública, con lo que concuerdo absolutamente, Alberta y Teresa deben ser inmediatamente liberadas y las tres valerosas indígenas otomíes debidamente compensadas no sólo para subrayar la determinación de no permitir ni siquiera una violación a las garantías individuales, sino también para asegurarnos que tales hechos no constituyan una práctica recurrente de nuestras autoridades civiles y militares.
Tan sólo en 2009, la CNDH emitió 97 recomendaciones a diversas autoridades. De éstas, no fueron admitidas 22 por las propias autoridades observadas y de las 75 restantes, sólo 10 han sido atendidas. ¡Una de cada 10! Es inaceptable. Por ello, en el Senado los legisladores del PRI hemos propuesto, en el marco de la reforma política, fortalecer a la CNDH transfiriéndole la facultad de investigación de violaciones graves a garantías individuales que hoy ejerce la Suprema Corte, dotarla de atribuciones para presentar denuncias y capacidad para solicitar al Senado la comparecencia de los funcionarios que no acaten las recomendaciones, quienes pudieran ser sujetos de moción de censura. Habrá acuerdo en ello, hay consenso en comisiones y muy pronto lo votaremos en el pleno, para que las instituciones responsables de proteger a la sociedad lo hagan sin atropellar los derechos de los ciudadanos.
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