JOSÉ WOLDENBERG KARAKOSKYUnos días antes de la celebración del Día Internacional de la Mujer leo la siguiente nota: "La Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla inició 30 averiguaciones previas en contra de mujeres que interrumpieron su embarazo, de las cuales nueve ya fueron consignadas al juez... De las 30 averiguaciones previas, ocho fueron ejecutadas en Tehuacán y siete en Puebla. En los municipios de Acatlán, Huachinango, Izúcar de Matamoros y Oriental fueron iniciadas dos, mientras que en San Pedro Cholula, Tehuitzingo, San Martín Texmelucan, Tecamachalco, Tepeaca, Tepeji de Rodríguez y Teziutlán se efectuó una" (La Jornada de Oriente, 4-3-10). Estamos pues en presencia de una auténtica cacería, de una persecución que al parecer se extiende por todo el estado.
Por otro lado, el debate sobre el estatuto jurídico de la interrupción del embarazo ha generado un nuevo episodio. En Baja California Sur se presentaron dos iniciativas. Una por los diputados del PAN, que siguiendo la línea de su partido y los pasos de 17 congresos estatales pretenden llevar a la Constitución de ese estado "la protección de la vida desde el momento de la concepción"; y otra de la diputada del PRD, Graciela Treviño Garza, que en consonancia con la reforma aprobada en el Distrito Federal y los lineamientos de su partido, intenta despenalizar la interrupción del embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación. El 2 de marzo el Grupo Plural por el Derecho a Decidir de B.C.S. emitió un boletín de prensa para alertar contra la intención de modificar el artículo 8 de la Constitución de ese estado, que pretende "garantizar el derecho a la vida desde el momento de la fecundación" y que podría desatar una persecución similar a la que ya acontece en Puebla. Lo singular del caso es que aunque B.C.S. es gobernada por el PRD, el Grupo Plural teme que la iniciativa punitiva prospere.
Adrede he mencionado que el debate es sobre el estatuto jurídico de la interrupción del embarazo, porque ninguna legislación será capaz de erradicar esa práctica a la que acuden las mujeres como una última opción. Hay que subrayarlo: se trata de una elección que nadie quiere, pero que para muchas mujeres resulta el mal menor. Y el tema central, inescapable, es qué debe hacer el Estado ante una fórmula que se desarrolla en la clandestinidad y por ello mismo en condiciones más que adversas para la salud de quienes deciden interrumpir su embarazo.
¿Debe el Estado perseguir a las mujeres? ¿Deben las procuradurías actuar como la del estado de Puebla? ¿Debe considerarse como un delito de carácter penal una decisión que nunca resulta fácil? ¿Debe impedirse que médicos y enfermeras atiendan a quienes optan por ese recurso? O por el contrario, ¿debe entenderse que se trata de una decisión que sólo compete a la mujer y por ello prestarle la atención debida?
Se trata de un tema que tiende a escindir a la sociedad, que se encuentra sobrecargado de tensión y que difícilmente puede generar unanimidad. Pero es necesario subrayar que despenalizar la interrupción del embarazo a nadie obliga a acudir a ese expediente y que en cambio penalizarlo coarta una opción difícil, pero legítima, a miles de mujeres.
En el Distrito Federal, por ejemplo, desde que se despenalizó esa opción, muchas mujeres han podido ejercer un derecho en condiciones decorosas de atención a su salud. Mientras que en muchos estados lo más probable es que centenares de mujeres hayan acudido a ese expediente arriesgando su salud y su vida, y temiendo incluso la persecución penal.
Hay que repetirlo: la interrupción del embarazo no es un método anticonceptivo, sino un recurso extremo. Para evitar llegar a él resulta imprescindible que en las escuelas y los medios de comunicación masiva, se lleven a cabo programas extensivos de información y educación sexual, y que los jóvenes y adultos tengan acceso de manera sencilla a los más diversos métodos anticonceptivos. Pero aún así, en el momento en que se produce un embarazo no deseado, nadie debe querer imponerle a la mujer sus particulares convicciones en la materia. Ni el Estado, ni las iglesias, ni los amigos, ni los vecinos deberían tener ningún derecho de inmiscuirse en un trance ético complejo e intransferible.
En Baja California Sur, sin embargo, donde el PRD es gobierno y tiene la mayoría en el Congreso local, el tema se ha complicado, porque al parecer, aunque el PAN sólo tiene dos diputados, la iniciativa que "constituye un retroceso porque no atiende la salud de las mujeres, promueve los abortos clandestinos en condiciones insalubres y va en contra del derecho a decidir de las ciudadanas de B.C.S" puede ser aprobada por el Congreso, según el Grupo Plural por el Derecho a Decidir.
Ojalá no suceda. Ojalá se entienda que la interrupción del embarazo no es un problema de policías, ministerios públicos y jueces; sino de salud, que concierne decidir sólo a las mujeres, y que debe contar con la asistencia de las instituciones del Estado.
Por otro lado, el debate sobre el estatuto jurídico de la interrupción del embarazo ha generado un nuevo episodio. En Baja California Sur se presentaron dos iniciativas. Una por los diputados del PAN, que siguiendo la línea de su partido y los pasos de 17 congresos estatales pretenden llevar a la Constitución de ese estado "la protección de la vida desde el momento de la concepción"; y otra de la diputada del PRD, Graciela Treviño Garza, que en consonancia con la reforma aprobada en el Distrito Federal y los lineamientos de su partido, intenta despenalizar la interrupción del embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación. El 2 de marzo el Grupo Plural por el Derecho a Decidir de B.C.S. emitió un boletín de prensa para alertar contra la intención de modificar el artículo 8 de la Constitución de ese estado, que pretende "garantizar el derecho a la vida desde el momento de la fecundación" y que podría desatar una persecución similar a la que ya acontece en Puebla. Lo singular del caso es que aunque B.C.S. es gobernada por el PRD, el Grupo Plural teme que la iniciativa punitiva prospere.
Adrede he mencionado que el debate es sobre el estatuto jurídico de la interrupción del embarazo, porque ninguna legislación será capaz de erradicar esa práctica a la que acuden las mujeres como una última opción. Hay que subrayarlo: se trata de una elección que nadie quiere, pero que para muchas mujeres resulta el mal menor. Y el tema central, inescapable, es qué debe hacer el Estado ante una fórmula que se desarrolla en la clandestinidad y por ello mismo en condiciones más que adversas para la salud de quienes deciden interrumpir su embarazo.
¿Debe el Estado perseguir a las mujeres? ¿Deben las procuradurías actuar como la del estado de Puebla? ¿Debe considerarse como un delito de carácter penal una decisión que nunca resulta fácil? ¿Debe impedirse que médicos y enfermeras atiendan a quienes optan por ese recurso? O por el contrario, ¿debe entenderse que se trata de una decisión que sólo compete a la mujer y por ello prestarle la atención debida?
Se trata de un tema que tiende a escindir a la sociedad, que se encuentra sobrecargado de tensión y que difícilmente puede generar unanimidad. Pero es necesario subrayar que despenalizar la interrupción del embarazo a nadie obliga a acudir a ese expediente y que en cambio penalizarlo coarta una opción difícil, pero legítima, a miles de mujeres.
En el Distrito Federal, por ejemplo, desde que se despenalizó esa opción, muchas mujeres han podido ejercer un derecho en condiciones decorosas de atención a su salud. Mientras que en muchos estados lo más probable es que centenares de mujeres hayan acudido a ese expediente arriesgando su salud y su vida, y temiendo incluso la persecución penal.
Hay que repetirlo: la interrupción del embarazo no es un método anticonceptivo, sino un recurso extremo. Para evitar llegar a él resulta imprescindible que en las escuelas y los medios de comunicación masiva, se lleven a cabo programas extensivos de información y educación sexual, y que los jóvenes y adultos tengan acceso de manera sencilla a los más diversos métodos anticonceptivos. Pero aún así, en el momento en que se produce un embarazo no deseado, nadie debe querer imponerle a la mujer sus particulares convicciones en la materia. Ni el Estado, ni las iglesias, ni los amigos, ni los vecinos deberían tener ningún derecho de inmiscuirse en un trance ético complejo e intransferible.
En Baja California Sur, sin embargo, donde el PRD es gobierno y tiene la mayoría en el Congreso local, el tema se ha complicado, porque al parecer, aunque el PAN sólo tiene dos diputados, la iniciativa que "constituye un retroceso porque no atiende la salud de las mujeres, promueve los abortos clandestinos en condiciones insalubres y va en contra del derecho a decidir de las ciudadanas de B.C.S" puede ser aprobada por el Congreso, según el Grupo Plural por el Derecho a Decidir.
Ojalá no suceda. Ojalá se entienda que la interrupción del embarazo no es un problema de policías, ministerios públicos y jueces; sino de salud, que concierne decidir sólo a las mujeres, y que debe contar con la asistencia de las instituciones del Estado.
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