RAÚL CARRANCÁ Y RIVASLas sienes de la patria no están hoy ceñidas por la oliva de la paz y al arcángel divino lo reta el infausto narcotráfico. ¿Qué pensaría de esto Francisco González Bocanegra? México se encuentra en guerra contra el narcotráfico. No una guerra declarada, digamos oficial conforme a los cánones tradicionales; pero guerra al fin y al cabo porque se trata de una lucha o combate en que el país se desangra cotidianamente. Guerra que va para largo según todos los pronósticos y en la que el enemigo no ceja ni un ápice en su terreno. El triple crimen en Ciudad Juárez de dos ciudadanos norteamericanos y un mexicano, al mismo tiempo que cuarenta y cinco asesinatos se cometían en Guerrero el último fin de semana (treinta y tres de ellos en el puerto de Acapulco), tienen consternada a la nación. Hay que recordar que el artículo 1º del Código Penal Federal determina que "se aplicará en toda la República para los delitos del orden Federal", siendo que la Procuraduría General de la República ya atrajo el caso de Ciudad Juárez. El Presidente de la República ha ofrecido "el inquebrantable compromiso para esclarecer los hechos". ¿Podría ser de otra manera? El Presidente Barack Obama está indignado y dolido. ¿Podría ser de otra manera? Y en medio de la tragedia. El vocero del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca ha dicho que continuarán trabajando con el Presidente Calderón y su gobierno para romper el poder de las organizaciones de narcotraficantes que operan en México. Lo que no dijo, ni tampoco la secretaria Clinton, es que la "creciente tragedia que afecta a muchas comunidades en México" tiene causas bien definidas entre las cuales destaca en la frontera una puerta que se abre para que de allá vengan armas de alto poder que se venden a los cárteles y de acá se surta, cruzándola, una imparable demanda de droga.
El gobierno de México ha aceptado la presencia colaboradora de agentes del FBI en nuestro territorio. La medida ha despertado alarma, desasosiego, incertidumbre, en ciertos círculos oficiales y no oficiales del país. Algunos senadores han sostenido que no hay de qué preocuparse ni llevar las cosas al extremo de un nacionalismo exacerbado. ¿Por qué? Porque el narcotráfico es un fenómeno internacional y requiere en consecuencia de cooperación internacional. No lo podemos enfrentar solos. La que no mencionan ni precisan, habida cuenta de la enorme frontera que tenemos con los Estados Unidos y de nuestra experiencia histórica con ellos, es la sutil diferencia entre colaborar e infiltrar. La soberanía no es tapete que se pueda pisotear. Ya sé que hay senadores, concretamente del PAN, que junto con politólogos mexicanos muy "a la moda" afirman que la soberanía es un concepto obsoleto en el mundo globalizado en que vivimos; ignorando que tal concepto no es nada más un capricho o subterfugio político sino una idea de profundo contenido jurídico y obviamente constitucional. La soberanía reside en el pueblo y se ejerce a través de sus órganos constitucionales representativos. ¿Obsoleto? No se me ocurre siquiera pensar en lo inadecuado de la colaboración de los Estados Unidos en la tragedia de Ciudad Juárez. ¡Pero cuidado! De esas colaboraciones sabemos mucho. Y por más que los norteamericanos digan que trabajarán estrechamente al lado de las autoridades mexicanas, por más que el Presidente Calderón sostenga que a partir del último sábado el problema de Ciudad Juárez "adquirió una dimensión internacional" y que "debemos pelear y ganar como aliados, cada quien en su territorio, cada quien en su ámbito de competencia", por más que se hable de una zona de inteligencia, cooperación y justicia común en la llamada América del Norte (los Estados Unidos, México y Canadá), por más que el embajador Pascual reitere que "ningún oficial de las agencias de la ley de los Estados llevará a cabo operativos en México", por más que en la diplomacia Hillary Clinton y Patricia Espinosa acuerden su compromiso para frenar la violencia fronteriza ("palabras, palabras, palabras", aunque perfumadas), el Senado de la República tiene la obligación constitucional de velar por la soberanía de México. O sea, de estar pendiente de que el Presidente vaya con el mayor cuidado en dichas negociaciones o acuerdos para investigar esos crímenes nefandos. En efecto, la fracción III del artículo 73 constitucional prescribe que son facultades exclusivas del Senado autorizar al Presidente de la República "para que pueda permitir el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional". Se dirá que en la especie no se trata de tropas sino de agentes del FBI. De acuerdo, pero el espíritu de la norma constitucional, su finalidad, es que el suelo patrio no sea hollado, abatido por la fuerza física de un extranjero. Por lo tanto que el FBI colabore con las autoridades mexicanas, que las apoye. Pero que el Senado como cuerpo colegiado y uno de los tres Poderes de la Unión esté pendiente de ello. Que lo diga y lo declare públicamente. No es suficiente con que los senadores opinen al margen del quórum
El gobierno de México ha aceptado la presencia colaboradora de agentes del FBI en nuestro territorio. La medida ha despertado alarma, desasosiego, incertidumbre, en ciertos círculos oficiales y no oficiales del país. Algunos senadores han sostenido que no hay de qué preocuparse ni llevar las cosas al extremo de un nacionalismo exacerbado. ¿Por qué? Porque el narcotráfico es un fenómeno internacional y requiere en consecuencia de cooperación internacional. No lo podemos enfrentar solos. La que no mencionan ni precisan, habida cuenta de la enorme frontera que tenemos con los Estados Unidos y de nuestra experiencia histórica con ellos, es la sutil diferencia entre colaborar e infiltrar. La soberanía no es tapete que se pueda pisotear. Ya sé que hay senadores, concretamente del PAN, que junto con politólogos mexicanos muy "a la moda" afirman que la soberanía es un concepto obsoleto en el mundo globalizado en que vivimos; ignorando que tal concepto no es nada más un capricho o subterfugio político sino una idea de profundo contenido jurídico y obviamente constitucional. La soberanía reside en el pueblo y se ejerce a través de sus órganos constitucionales representativos. ¿Obsoleto? No se me ocurre siquiera pensar en lo inadecuado de la colaboración de los Estados Unidos en la tragedia de Ciudad Juárez. ¡Pero cuidado! De esas colaboraciones sabemos mucho. Y por más que los norteamericanos digan que trabajarán estrechamente al lado de las autoridades mexicanas, por más que el Presidente Calderón sostenga que a partir del último sábado el problema de Ciudad Juárez "adquirió una dimensión internacional" y que "debemos pelear y ganar como aliados, cada quien en su territorio, cada quien en su ámbito de competencia", por más que se hable de una zona de inteligencia, cooperación y justicia común en la llamada América del Norte (los Estados Unidos, México y Canadá), por más que el embajador Pascual reitere que "ningún oficial de las agencias de la ley de los Estados llevará a cabo operativos en México", por más que en la diplomacia Hillary Clinton y Patricia Espinosa acuerden su compromiso para frenar la violencia fronteriza ("palabras, palabras, palabras", aunque perfumadas), el Senado de la República tiene la obligación constitucional de velar por la soberanía de México. O sea, de estar pendiente de que el Presidente vaya con el mayor cuidado en dichas negociaciones o acuerdos para investigar esos crímenes nefandos. En efecto, la fracción III del artículo 73 constitucional prescribe que son facultades exclusivas del Senado autorizar al Presidente de la República "para que pueda permitir el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional". Se dirá que en la especie no se trata de tropas sino de agentes del FBI. De acuerdo, pero el espíritu de la norma constitucional, su finalidad, es que el suelo patrio no sea hollado, abatido por la fuerza física de un extranjero. Por lo tanto que el FBI colabore con las autoridades mexicanas, que las apoye. Pero que el Senado como cuerpo colegiado y uno de los tres Poderes de la Unión esté pendiente de ello. Que lo diga y lo declare públicamente. No es suficiente con que los senadores opinen al margen del quórum
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