REELECCIÓN LEGISLATIVA

MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA

Es probable que los partidarios de la reelección legislativa o el presidente Calderón, que la ha propuesto al Senado acaso sin creer enteramente en sus beneficios, no piensen en el diputado Víctor Flores cuando ansían que los legisladores puedan ocupar sus curules hasta por 12 años. Desde que se encaramó al liderazgo del sindicato de ferroviarios en 1995, para facilitar por vías no idóneas la privatización de las líneas nacionales, ha llegado a la Cámara de Diputados tres veces (se halla en ella actualmente) y no se le puede imputar que haya conseguido lo que la iniciativa presidencial juzga como logro conveniente de esta reforma: "elevar la profesionalización y la especialización de los legisladores, en la medida en que su permanencia en el Congreso les permitirá profundizar su conocimiento sobre las materias en las que legislan".Establecida por la Constitución de 1917 conservando un principio de la de 1857, la reelección legislativa continua rigió en México hasta 1933, en que una reforma constitucional la permitió sólo de manera intermitente (al mismo tiempo que amplió el término de los diputados de dos a tres años). Ciertamente la enmienda fue parte de los arbitrios ejercidos por Calles para construir su maximato, pero también resultó de corregir la vuelta al reeleccionismo que, traicionando el ideal maderista, hubiera hecho posible el retorno de Álvaro Obregón a la silla presidencial, de no ser porque lo impidió la pistola de José de León Toral.No hay razón poderosa para convertir la actual reelección discontinua en la sucesiva que han planteado diversos grupos (entre ellos uno muy relevante de académicos) y que ahora ha hecho suya el presidente Calderón. Puede generar una casta, cuyos atisbos ya se esbozan en el actual sistema, que embotaría la capilaridad política que es precisa para poner en sintonía a los representantes con los representados.No necesariamente es cierto que la reelección continua ponga en manos de los ciudadanos y no de las burocracias partidistas la decisión de premiar un buen desempeño legislativo. Aun los más rutilantes diputados o senadores tienen que ser candidatos, y las reglas para la postulación deben ser igualitarias, ya que de lo contrario pueden ser combatidas ante los tribunales electorales. Esto es: ser un legislador en ejercicio no debería otorgar ventaja frente a otros militantes que aspiren al mismo cargo de representación. Puede en consecuencia no cumplirse la promesa presidencial de que sean los ciudadanos quienes decidan "con su voto si los legisladores que han cumplido adecuadamente la tarea que les fue encomendada se quedan y siguen representándolos o se van del Congreso".También puede ser ilusoria la iniciativa presidencial en cuanto al interés que suscite la actividad de los miembros de las Cámaras. Imagina Calderón que "los medios, los ciudadanos y los propios actores políticos pondrán especial atención al desempeño de los legisladores, ya que con esta propuesta se fortalece la capacidad del ciudadano para vigilar y evaluar el trabajo de sus representantes, al colocar la gestión de quien ocupa el cargo en el centro de la contienda electoral".Para contribuir a que ello fuera posible sería preciso también modificar el funcionamiento de las Cámaras. Las reglas que determinan la integración de las fracciones parlamentarias y su financiamiento, el modo de configurar las comisiones dictaminadoras y su ejercicio, y aun las normas para el gobierno interior del Congreso (la elección de las mesas directivas y juntas de coordinación), todo ello favorece el elitismo y conspira para el libre desempeño de las capacidades individuales de los legisladores. De los 500 miembros de la Cámara de Diputados no más de 15 o 20 por ciento tienen papeles protagónicos, y eso contando en esa cifra a quienes presiden comisiones, que pueden ser escenarios borrosos por factores ajenos a las aptitudes legislativas. Diputados como el citado líder ferroviario Flores o senadores como Francisco Xavier Berganza forman parte de sus Cámaras no para legislar (cítese, si se puede, alguna intervención o iniciativa o al menos propuesta de punto de acuerdo suscrita por alguno de los mencionados) sino para su protección política o personal ante amagos de la justicia.Por añadidura, la propuesta presidencial incluye, "con un espíritu federalista", dejar "en libertad a los poderes legislativos locales para que decidan también sobre la elección consecutiva de sus integrantes, si así lo estiman conveniente". Ese logro de la democracia ciudadana, como con sarcasmo puede ser llamada la reelección consecutiva federal, en el ámbito estatal se convertiría en un medio de fortalecer a los gobernadores, que estarían en posibilidad de afianzar su propio poder más allá del término de su gobierno, haciendo que sus validos se quedaran en el Congreso estatal hasta por dos sexenios más del encabezado por el reyezuelo correspondiente.Aun sin la vivencia histórica tan acusada como la nuestra, la reelección presidencial ha sacudido a Venezuela y a Colombia, y a otros países de Centro y Sudamérica. En Honduras sirvió de pretexto o piedra de toque para el derrocamiento de Manuel Zelaya. Es verdad que la reelección del Ejecutivo difiere en mucho de la legislativa. Pero más vale no encandilarnos con ilusiones de difícil concreción y alto riesgo. Si no hubiera reelección discontinua, habría que considerar incluirla en nuestro sistema constitucional. Pero ya existe.