ALEJANDRO ENCINASEl rol político que jugará la próxima Legislatura federal será determinante para el futuro del país. Se trata de una Legislatura con muchas peculiaridades, ya que ésta, además de enfrentar el fin de sexenio y por tanto la sucesión presidencial, atenderá la crisis económica en un escenario de violencia e inseguridad, que da cuenta del profundo deterioro de la vida institucional y del debilitamiento del Estado nacional.
En esta Legislatura la correlación de fuerzas será favorable a la derecha, que presumiblemente consolidará la alianza del priísmo con Calderón, lo que implicará una confrontación política que requiere acompañarse del movimiento social para frenar las medidas impopulares que se pretenda imponer, asumiendo a la vez una actitud propositiva que impulse iniciativas viables que promuevan un proyecto alternativo de nación.
Una propuesta integral desde la izquierda implica abordar por lo menos los siguientes siete aspectos:
La crisis económica y los problemas del desarrollo con equidad, impulsando iniciativas que, además de atender la situación coyuntural y la necesidad de un programa de emergencia, aborden aspectos fundamentales para el desarrollo del país: la responsabilidad del Estado frente a la desigualdad social y la rectoría de la economía, estableciendo cambios en las políticas públicas que permitan la consolidación de los derechos sociales, la redistribución del ingreso, medidas fiscales equitativas, el fomento a la producción y abasto de alimentos, el desarrollo regional, el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, y una política social a favor de los más desprotegidos.
Los problemas de seguridad pública y el combate a la delincuencia organizada, adoptando de manera integral acciones que, sin conculcar derechos y garantías de los ciudadanos, permitan la profesionalización de los cuerpos de seguridad, la prevención del delito, las tareas de inteligencia policial, así como el desarrollo de nuevos instrumentos que permitan desmantelar el poder económico del crimen organizado, asumiendo que los problemas que se derivan del narcotráfico son asuntos que deben tomarse como un problema de salud pública, falta de oportunidades y exclusión social que impide la inserción de los individuos en la sociedad.
La ampliación de las libertades democráticas, los derechos ciudadanos, el desarrollo humano y la equidad de género, fomentando el desarrollo de una cultura democrática con valores como la tolerancia, el respeto a la diversidad, el reconocimiento, la promoción y la defensa de los derechos de las mujeres, en particular para decidir sobre su propio cuerpo, combatiendo toda exclusión, discriminación y violencia, así como en la defensa de los derechos de los pueblos indios y las minorías.
La reforma del Estado, estableciendo un nuevo federalismo basado en el equilibrio entre poderes, la descentralización del poder público y el fortalecimiento de la vida municipal, la Constitución Política del Distrito Federal, así como el ejercicio de una nueva generación de derechos ciudadanos que favorezcan el ejercicio de la democracia directa y la construcción de ciudadanía.
La defensa de los recursos naturales, incorporando el desarrollo sustentable y la protección del medio ambiente como un eje fundamental del trabajo legislativo, abanderando la defensa del capital natural de nuestro país, promoviendo acciones que permitan revertir los daños ambientales, proteger los recursos naturales existentes como base del desarrollo actual, garantizando el desarrollo de las futuras generaciones.
El debate político y las alianzas con la sociedad, convirtiendo a la Cámara de Diputados en un espacio de debate público, una caja de resonancia de las preocupaciones de la sociedad, superando el divorcio que existe entre el trabajo legislativo y las causas sociales, promoviendo un discurso que coadyuve en la conformación de una opción capaz de conducir los destinos del país.
El fortalecimiento de los gobiernos locales, de su autonomía, sus presupuestos y recursos, en un escenario de recurrentes agravios y restricciones financieras.
Para impulsar esta agenda es indispensable la unidad de los legisladores de la izquierda en el Congreso de la Unión, el cual será el escenario de una disputa política frente a la derecha, que permita vincular su quehacer legislativo con los movimientos sociales y reconstruir desde el Congreso de la Unión una plataforma que ayude a superar el fracaso electoral del 5 de julio, cohesionar un frente amplio de las izquierdas y competir como una alternativa viable en 2012.
En esta Legislatura la correlación de fuerzas será favorable a la derecha, que presumiblemente consolidará la alianza del priísmo con Calderón, lo que implicará una confrontación política que requiere acompañarse del movimiento social para frenar las medidas impopulares que se pretenda imponer, asumiendo a la vez una actitud propositiva que impulse iniciativas viables que promuevan un proyecto alternativo de nación.
Una propuesta integral desde la izquierda implica abordar por lo menos los siguientes siete aspectos:
La crisis económica y los problemas del desarrollo con equidad, impulsando iniciativas que, además de atender la situación coyuntural y la necesidad de un programa de emergencia, aborden aspectos fundamentales para el desarrollo del país: la responsabilidad del Estado frente a la desigualdad social y la rectoría de la economía, estableciendo cambios en las políticas públicas que permitan la consolidación de los derechos sociales, la redistribución del ingreso, medidas fiscales equitativas, el fomento a la producción y abasto de alimentos, el desarrollo regional, el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, y una política social a favor de los más desprotegidos.
Los problemas de seguridad pública y el combate a la delincuencia organizada, adoptando de manera integral acciones que, sin conculcar derechos y garantías de los ciudadanos, permitan la profesionalización de los cuerpos de seguridad, la prevención del delito, las tareas de inteligencia policial, así como el desarrollo de nuevos instrumentos que permitan desmantelar el poder económico del crimen organizado, asumiendo que los problemas que se derivan del narcotráfico son asuntos que deben tomarse como un problema de salud pública, falta de oportunidades y exclusión social que impide la inserción de los individuos en la sociedad.
La ampliación de las libertades democráticas, los derechos ciudadanos, el desarrollo humano y la equidad de género, fomentando el desarrollo de una cultura democrática con valores como la tolerancia, el respeto a la diversidad, el reconocimiento, la promoción y la defensa de los derechos de las mujeres, en particular para decidir sobre su propio cuerpo, combatiendo toda exclusión, discriminación y violencia, así como en la defensa de los derechos de los pueblos indios y las minorías.
La reforma del Estado, estableciendo un nuevo federalismo basado en el equilibrio entre poderes, la descentralización del poder público y el fortalecimiento de la vida municipal, la Constitución Política del Distrito Federal, así como el ejercicio de una nueva generación de derechos ciudadanos que favorezcan el ejercicio de la democracia directa y la construcción de ciudadanía.
La defensa de los recursos naturales, incorporando el desarrollo sustentable y la protección del medio ambiente como un eje fundamental del trabajo legislativo, abanderando la defensa del capital natural de nuestro país, promoviendo acciones que permitan revertir los daños ambientales, proteger los recursos naturales existentes como base del desarrollo actual, garantizando el desarrollo de las futuras generaciones.
El debate político y las alianzas con la sociedad, convirtiendo a la Cámara de Diputados en un espacio de debate público, una caja de resonancia de las preocupaciones de la sociedad, superando el divorcio que existe entre el trabajo legislativo y las causas sociales, promoviendo un discurso que coadyuve en la conformación de una opción capaz de conducir los destinos del país.
El fortalecimiento de los gobiernos locales, de su autonomía, sus presupuestos y recursos, en un escenario de recurrentes agravios y restricciones financieras.
Para impulsar esta agenda es indispensable la unidad de los legisladores de la izquierda en el Congreso de la Unión, el cual será el escenario de una disputa política frente a la derecha, que permita vincular su quehacer legislativo con los movimientos sociales y reconstruir desde el Congreso de la Unión una plataforma que ayude a superar el fracaso electoral del 5 de julio, cohesionar un frente amplio de las izquierdas y competir como una alternativa viable en 2012.
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