NUEVO ENFOQUE DE LA PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD DE LA SCJN

JULIÁN GÜITRÓN FUENTEVILLA

* Conocimiento elemental
Para hablar de la pérdida de la patria potestad no se requiere ni siquiera ser abogado. Es un tema del dominio público que forma parte de las relaciones familiares, sobre todo de la filiación, que cuando el padre o la madre cometen alguna falta y se hacen acreedores a esa sanción, todo el mundo sabe que él o ella pierden sus derechos a vivir y convivir con los hijos, quedando intocables los deberes y obligaciones que esa institución trae consigo.
*¿En qué supuestos se pierde la patria potestad?
Es elemental que perder la patria potestad significa que cesa toda convivencia con el hijo o la hija y que, como regla general, es imposible recuperarla y que un nuevo encuentro entre los sujetos de este drama se dará hasta que el menor cumpla la mayoría de edad. En palabras comunes, la patria potestad se pierde cuando así lo resuelve un juez; igualmente, si los titulares de ella son condenados a esa alternativa, en casos de divorcio; en los supuestos de violencia familiar; cuando no se cumple con la obligación alimentaria por más de noventa días sin justificarlo; por abandonar el padre o la madre a los hijos por un lapso mayor a tres meses, sin razones que lo ameriten; cuando se hubiere cometido un delito doloso con artificios, con maquinaciones, engaños y que el resultado sea una condena irrevocable o cuando alguien ha cometido un delito grave y el titular de la patria potestad resulta condenado dos o más veces por esa razón.
* Respuestas del legislador
En otras palabras, el legislador ha tenido el cuidado de proveer y sancionar a quien realiza alguna de esas conductas contra el o la menor. Seguramente que usted distinguido lector, si no lo sabía, hoy lo conoce y si ya tenía esa información con este artículo lo ratifica, estará de acuerdo con nosotros en que la pérdida de la patria potestad es un tema álgido, grave, irreparable, la mayoría de las ocasiones y que entre otras preguntas, nos conduce a reflexionar en lo siguiente:
*¿Quién se ha preocupado por los menores?
¿Se le preguntó a los menores, durante el juicio respectivo, si estaban de acuerdo en dejar de tener padre o madre jurídicamente? ¿Se cuestionó el Juez Familiar asimismo, quién pierde más, el hijo sin padre o madre, o a la inversa? ¿Si el Estado y la sociedad se han preocupado por dar una respuesta jurídica adecuada a tan grave problemática? ¿Qué han hecho los jueces familiares para atenuar las consecuencias de la pérdida de la patria potestad? ¿Tiene valor jurídico en estos casos la opinión de los menores? ¿Son terceros perjudicados? ¿Se atropellan sus derechos? ¿Pueden hacer algo o todo está perdido para ellos?
*¿Conoce usted el nuevo enfoque de la pérdida de la patria potestad, de la Suprema Corte de Justicia de México?
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, específicamente la Primera Sala, preocupada siempre por dictar las normas obligatorias que verdaderamente protejan a la familia y a sus miembros, ha dado una respuesta de ciento ochenta grados a la problemática antes planteada, que usted, como una primicia de esta columna, conocerá, en virtud de que recientemente se dictó una resolución en ese sentido que destaca dentro del interés superior del menor, el derecho de éste a convivir con sus padres; incluso, en el supuesto de que éstos -el o ella- hubieren perdido la patria potestad en alguno de los supuestos mencionados, que de manera amplia regula el artículo 444 del Código Civil para el Distrito Federal y que prácticamente se repite en los cuerpos legislativos respectivos de los treinta y un estados de la república. Si como dijimos, perder la patria potestad significa no tener la posibilidad de convivir en ninguna circunstancia con el menor, porque el derecho lo ha perdido el padre, nuestro máximo órgano jurisdiccional, con una interpretación in extenso, basada entre otros en la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez, ha determinado que el derecho de convivencia del hijo puede ser la ratio iuris, autorizada por el Juez Familiar respectivo, para que ese niño pueda ver a sus padres, convivir con ellos, compartir su vida, a pesar -fijarse bien distinguido lector- de que él o ella hubieran recibido la máxima sanción por sus conductas indebidas de perder la patria potestad. La resolución que, en contradicción de tesis, lo que significa obligatoria para todos, emitida por la Primera Sala, señala nuevos derroteros, diferentes caminos de interpretar la ley para beneficiar, en este caso, a los menores. Por la trascendencia de esta resolución y sobre todo para quienes nos honran leyendo estas líneas tengan la información completa, la transcribimos a continuación.
Se trata de la contradicción de tesis 123/2009 que surgió entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito del 9 de noviembre del 2009. Se emitió una resolución por unanimidad de 4 votos, estando ausente el ministro José Ramón Cossío Díaz y habiendo actuado como ponente la ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas. La tesis de jurisprudencia, aprobada por la Primera Sala del Máximo Tribunal Constitucional es la número 97/2009, emitida en su sesión del día 23 de septiembre del 2009, que a la letra ordena: "PATRIA POTESTAD. SU PÉRDIDA NO CONLLEVA INDEFECTIBLEMENTE IMPEDIR QUE EL MENOR EJERZA EL DERECHO DE CONVIVENCIA CON SUS PROGENITORES.- Una de las consecuencias de la pérdida de la patria potestad es que el progenitor condenado no tenga derechos respecto de sus hijos, es decir, la privación de todo privilegio relativo a exigir la obediencia y el respeto de los menores, la facultad de llevar su representación legal, la administración de sus bienes y decidir, participar y opinar sobre asuntos inherentes a su educación, conservación, asistencia, formación y demás relativos a los aspectos no patrimoniales de quien ejerce la patria potestad. Sin embargo, independientemente de las consecuencias apuntadas -que se relacionan directamente con los derechos que otorga al progenitor el ejercicio de la patria potestad-, de ello no se aprecia que su pérdida conlleve indefectiblemente que deba impedirse al menor ejercer el derecho de convivencia con sus progenitores en tanto que, por un lado, ese derecho no es exclusivo de los padres sino también de los hijos y, por el otro, no todas las causales de pérdida de la patria potestad son de la misma gravedad. En ese orden de ideas, resulta indispensable atender al interés superior del menor, para lo cual deben propiciarse las condiciones que le permitan un adecuado desarrollo psicológico y emocional, que en la mayoría de los casos implica la convivencia con ambos progenitores, independientemente de que ejerzan o no la patria potestad sobre aquél; de ahí que el juez de lo familiar habrá de atender a la gravedad de la causal que originó la pérdida de la patria potestad para determinar si la convivencia pudiera importar algún riesgo para la seguridad o desarrollo adecuado del menor, en el entendido de que si determina dicha pérdida pero no del derecho de convivencia, ello obedecerá a que subsiste el derecho del menor a obtener un desarrollo psicoemocional adecuado y a que las condiciones particulares así lo permiten, mas no porque el progenitor condenado pueda exigir el derecho de convivencia".
* Aspectos sobresalientes
Del párrafo anterior, es importante subrayar que la hipótesis es la pérdida de la patria potestad; pero por el interés superior del menor y su derecho a convivir con sus padres, no debe impedirse a aquél hacerlo, ya que la convivencia no se ejerce de manera unilateral sino que, si bien uno está presente, el otro también debe hacerlo para que se complemente aquélla, convivencia que los hijos podrán ejercer y que en ningún supuesto ellos han sido condenados a perderla. Hay que subrayar que no es un derecho exclusivo de los padres y que por ello, invocando la Convención Internacional citada, se trae a colación el interés superior del menor y lo que esto significa, que implica que ese niño o niña tengan un desarrollo psicológico y emocional adecuados, lo cual se deriva de la multicitada convivencia; si bien la Corte le da un papel preponderante al Juez Familiar para que él, a su juicio, califique la gravedad de la causa que originó la pérdida y así definir si la convivencia podría o no acarrear algún riesgo para la seguridad o desarrollo del menor, destacando que la pérdida de la patria potestad no fue la del derecho de convivencia del menor, lo que a nuestro juicio, plantea una verdadera revolución en la materia, dejando bien claro que no es el progenitor quien puede exigir el derecho a la convivencia, el cual ya perdió, sino el menor, quien de manera unilateral tendrá derecho a exigirlo.
Es indiscutible que las convenciones internacionales, de las que México es suscriptor y en consecuencia obligado, nos dan fuentes de inspiración y, en su caso, como en éste concretamente, proponer nuevas interpretaciones y enfoques al Derecho Familiar; por ello, haremos a continuación algunas reflexiones sobre el artículo 19 de la citada Convención, que se vincula íntimamente con la resolución de la Suprema Corte, comentada en este espacio.