miércoles, 30 de septiembre de 2009

COALICIONES, NADIE LIBRE DE CULPA

JORGE ALCOCER VILLANUEVA

Desde la reforma de 1990, uno de los asuntos que no termina de encontrar normas claras y estables es el de las alianzas electorales entre partidos políticos. Hasta 1988 la ley era laxa en materia de candidaturas comunes, y rigurosa tratándose de coaliciones.En el Cofipe promulgado en 2008, el legislador resolvió nuevas reglas para las alianzas, inspiradas en las candidaturas comunes, que permiten a los partidos establecer coalición parcial para la elección de diputados federales desde uno y hasta 200 distritos. En todo caso, cada partido debe aparecer con su propio emblema en la boleta electoral y postular su propia lista de candidatos plurinominales. La ley obliga a los partidos a establecer alianzas uniformes en elecciones federales.En el ámbito de las leyes locales se observa una marcada heterogeneidad en esta materia; en términos generales, las legislaturas han observado una tendencia a flexibilizar las normas y requisitos para las alianzas electorales.El tema ha vuelto al debate por el anuncio que en Oaxaca hicieron los presidentes estatales del PAN y PRD, avalados por sus respectivos dirigentes nacionales, de que establecerán una coalición para la elección de gobernador que tendrá lugar en julio de 2010, a la que, esperan, habrá de sumarse Convergencia, al que está afiliado el senador Gabino Cué, quien fue candidato a gobernador por una alianza semejante hace cinco años. La decisión del PT y Nueva Alianza dependerá de López Obrador y Elba Esther Gordillo, respectivamente. Es previsible que el Verde mantenga la fidelidad a su alianza con el PRI.La anunciada alianza oaxaqueña despertó ácidas críticas, coincidentes en afirmar que se trata de un enlace contra natura; una demostración más de "falta de principios" o "desmemoria". Con la oportunidad que la distingue, María de las Heras dio a conocer una encuesta en la que el 48% de los entrevistados declara que no votaría por este tipo de "engendros" (sic). La encuesta fue telefónica, con 500 entrevistas en total (Milenio, 28/09/09).Todas las opiniones -y casi todas las encuestas- son respetables; cada ciudadano vota -hay excepciones- como mejor le parece. Efectivamente: hay que tener memoria, y ubicar el contexto.Las alianzas entre el PAN y PRD vienen de lejos, la lista es nutrida, pero vale recordar las realizadas en Durango y Chihuahua, teniendo como candidatos a los panistas Rodolfo Elizondo y Javier Corral, respectivamente. Las de Nayarit (1999) y Chiapas (2000 y 2006), que involucraron a todos los partidos opositores y llevaron a la victoria a Antonio Echavarría, Pablo Salazar y su sucesor Juan Sabines; así como la antes mencionada en Oaxaca (2004). El PRI no ha tenido reparo en aliarse, en múltiples procesos locales para gobernador, alcaldes o diputados, con el PT, Convergencia, Verde, Nueva Alianza, PSD, y antes con otros partidos ya extintos. Lo acaba de hacer con el PRD en las elecciones locales de Guanajuato, en donde obtuvo la victoria en las alcaldías de la ciudad Capital y San Miguel de Allende. Las leyes no exigen identidad ideológica de los partidos aliados; más aún, establecen que las alianzas electorales concluyen con la jornada electoral. Son decisiones basadas en cuentas, no en ideas.El pragmatismo es conducta de todos los partidos, acrecentado por la extensión de la competencia y lo cerrado de los resultados. Los partidos chicos se han vuelto interesantes para los partidos grandes, que con ellos buscan obtener los puntos que hacen la diferencia; mientras que a los segundos les proporciona el oxígeno para sobrevivir y alcanzar puestos. En estados con añejas estructuras caciquiles, en donde sobrevive el control estatal sobre las elecciones, las oposiciones han practicado la alianza "todos contra el PRI", que el PRD extiende hoy con la propuesta tucán (todos unidos contra Acción Nacional) para Tlaxcala, modelo que el PRI exploró este año, sin éxito, en Querétaro y San Luis Potosí, estados que aún así ganó.Quien esté libre de culpa, que tire la siguiente piedra.

RESPUESTA A CARLOS SALINAS

JAVIER CORRAL JURADO

El 27 de septiembre, el ex presidente Carlos Salinas declaró que se sentía sorprendido por las críticas que le hice durante la comparecencia del secretario de Seguridad Pública, “porque Corral solía ir a mi domicilio a pedirme apoyo”. Rechazo de manera absoluta haberle pedido favor alguno. Nunca he tratado asuntos personales con él, ni con ningún otro ex presidente o presidente en turno. Esta respuesta de Salinas es una treta con la que pretende salir al paso de las delicadas acusaciones que hizo en su contra el ex presidente Miguel De la Madrid y que he referido en el debate parlamentario.
En efecto, me he reunido con Salinas, siempre a petición de él, a través de otras personas, amigos en común. Debo abundar en algunos detalles sobre cómo se produjo nuestro primer encuentro, en La Habana, Cuba, en 2001.
Tras uno de mis encuentros con el comandante Fidel Castro, éste me transmitió la petición del ex presidente Salinas de verse conmigo al término de nuestra reunión. “No sé cómo se ha enterado él de que tú estás acá”, me dijo. El comandante apuntaló esa petición con comentarios que fueron suficientes para mí para entender que también a él le gustaría que se produjera la entrevista. Acepté.
Nos vimos en su casa de La Habana. Comimos él y yo solos, aunque pude saludar a su esposa. Platicamos de la difícil situación de Cuba, pero también de sus logros, sus avances sociales, y surgió entre nosotros el tema de los medios de comunicación. Se interesó por mi trabajo sobre una nueva legislación para los medios electrónicos. Él se sentía particularmente maltratado por los medios, me comentó algunas cosas sobre la persecución de Zedillo en su contra: lo desprestigiaba por envidia y para sacudirse del error de diciembre.
Se quejó de Liébano Sáenz. Me dijo Salinas que durante su desempeño como secretario de Zedillo, Liébano estaba más interesado en mandarle las cámaras de Televisa afuera de su casa cada que regresaba a México. Yo le platiqué de un encuentro que había tenido con Bernardo Gómez y Emilio Azacárraga Jean, en una comida a la que me invitaron a Televisa. La reunión fue cordial y me quedé con la idea de que quería abrir una relación personal conmigo y que buscaba aliados contra Televisa y Zedillo. Ante tal intención no hice ningún compromiso ni tácito ni expreso con él.
Los siguientes dos encuentros se dieron ya instalado el ex presidente en México, y en efecto, en su casa. Concertó las citas un amigo mutuo, Pepe Carreño Carlón. Cuando el comandante Castro me propuso el encuentro, no tenía idea de qué quería tratar el ex presidente conmigo pero tenía curiosidad no sólo como el político que soy, sino como el alma periodística en vilo que llevo dentro de mí.
Después de esas reuniones no he vuelto a ver a Salinas; recientemente he leído de él. Supongo que persiste en su afán de “limpiar” su imagen y quiere “ensuciar” a quienes lo criticamos. Intenta sembrar dudas sobre la honorabilidad de sus “enemigos”; por eso sugiere que le pedí dinero. Falso. Cree que invitar a alguien a platicar con él basta para que éste caiga a sus pies.
Tengo debilidades, pero el dinero no es una de ellas. No me encandila el oropel. Hablo y escribo en lo que creo y no lo hago para extorsionar a nadie. Me adhiero a causas en las que creo que la razón y la justicia las asisten. No chantajeo a nadie; me parece mezquino. Converso y discuto con hombres o mujeres interesantes o inteligentes de todos los credos políticos, a varios los estimo, pero nuestras conversaciones no pretenden que cambiemos de opinión ni de posición política.
El motivo del malestar del ex presidente surge por mi posición crítica cuando le pregunté al Presidente por qué no se abrió una investigación por las declaraciones de Miguel de la Madrid de que Salinas y su familia habían favorecido a narcotraficantes durante su administración. Después la opinión pública supo de la presión ejercida por Salinas contra de la Madrid, que terminó cuando éste este se declaro mentalmente incapaz. Retractación que nadie creyó que fuese cierta. Sigo pensando que el gobierno debe investigar y hacer públicas las investigaciones sobre esta acusación.

LAS PARADOJAS DEL IFE III/III

LEONARDO VALDES ZURITA

La elección federal de este año ha concluido. Después de 11 meses de intenso trabajo en la organización del proceso electoral, la participación ciudadana registrada en las urnas constituyó un voto de confianza a la democracia mexicana y una expresión de reconocimiento al Instituto Federal Electoral (IFE). El 44.68% de los electores que acudieron a su casilla a emitir su sufragio revirtió la tendencia de votación que se venía observando en elecciones intermedias, y configuró el mejor parámetro para superar obstáculos y afrontar los desafíos de nuestra institucionalidad democrática en los próximos años.
La tarea no es sencilla ni mucho menos cuenta con el respaldo total de la sociedad mexicana. El IFE enfrenta nuevamente un conjunto de cuestionamientos sobre el monto de su proyecto de presupuesto para el año 2010 y el costo que representa para la democracia mexicana. Si bien los 9 mil 231.7 millones de pesos que ha propuesto para el siguiente año generan dudas razonadas en un escenario de recesión económica y crisis financiera, lo cierto es que dicha cantidad representará menos del 1% del Presupuesto de Egresos de la Federación. De acuerdo con el Centro de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, entre 2003 y 2009 el presupuesto del instituto osciló entre 0.67% y 0.30% del gasto total a nivel federal, lo que muestra en términos cuantitativos el costo del IFE para la sociedad.
Durante el mismo periodo y conforme a un esquema de racionalización presupuestal que ha venido operando, el instituto ha disminuido en 22.2% su gasto en términos reales.
De hecho, en el ajuste presupuestal que realizó durante este año, el instituto redujo sus recursos en 804.15 millones de pesos, lo que representa 8.8% del gasto de operación que había previsto originalmente. Este porcentaje resulta superior al 2.8% de la disminución que aprobaron las dependencias y entidades del gobierno federal.
De esta forma, y aun cuando el instituto viene desarrollando sus actividades cada vez con menos recursos, las diferentes reformas electorales aprobadas por el Congreso de la Unión en los últimos años han ampliado las atribuciones y el ámbito de competencia de la máxima autoridad en materia electoral. A diferencia de lo que sucede en otros países, el IFE es un organismo que, además de organizar elecciones federales, tiene la responsabilidad de fiscalizar los recursos de los partidos políticos, y administrar los tiempos oficiales de radio y televisión empleados en la difusión de propaganda político-electoral.
Es una institución permanente que cuenta con un servicio civil de carrera y con una estructura orgánica establecida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la ley correspondiente. La decisión del legislador de integrar órganos de dirección, ejecutivos y técnicos, así como oficinas en las 32 entidades federativas y 300 distritos electorales del país, tuvo como propósito fortalecer la institucionalidad en la organización de las elecciones, garantizar imparcialidad en las decisiones, generar mayor transparencia en el uso de los recursos públicos y establecer ámbitos de competencia claramente diferenciados que promueven una gestión electoral más democrática.
Aunque resulta importante analizar el presupuesto de la autoridad electoral a la luz de estas características institucionales, la revisión que se realice de los recursos públicos que se otorgan al IFE debe considerar necesariamente su contribución a nuestro proceso de transición a la democracia, el encargo que desempeña para asegurar una transmisión pacífica del poder público, y las tareas que lleva a cabo para un ejercicio libre del sufragio y la generación de condiciones de convivencia más democráticas y equitativas.
Desde hace 19 años la organización de las elecciones federales es una función de Estado y una tarea que desarrollan esencialmente los ciudadanos integrados en partidos políticos y habilitados como consejeros electorales, funcionarios del Servicio Profesional Electoral, funcionarios de casilla y observadores electorales.
El IFE se ha convertido con el tiempo en un espacio abierto a la participación, al debate y a la crítica que impulsa una mayor transparencia de su gestión pública. A partir de su autonomía, el instituto ha generado una credencial para votar que brinda seguridad en la identidad de los electores y confianza entre la ciudadanía. La colegialidad que domina al interior de sus órganos de decisión es ya parte del patrimonio democrático del país y un factor que propicia la resolución de controversias en un clima de pluralidad, tolerancia y civilidad democrática.
La educación cívica que imparte el instituto por medio de campañas masivas de comunicación y a grupos de población específicos es hoy la plataforma que propicia un voto informado y proyecta la difusión de los valores de una cultura democrática que promueve una convivencia social fundada en libertades, tolerancia, respeto, pluralidad y no discriminación.
El profesionalismo y la capacidad de respuesta de su personal constituyen otros activos que el IFE ha generado para atender sus atribuciones e implementar un nuevo modelo de comunicación política. Los recursos utilizados para el desarrollo de un sistema de administración de tiempos oficiales de radio y televisión es una inversión a futuro y una decisión que ayudará a otras instituciones públicas a participar en los beneficios que trae consigo la gestión transparente de un bien público concesionado.
En relación con su presupuesto del próximo año, el IFE no ha solicitado un cheque en blanco ni una concesión bajo condiciones de opacidad y discrecionalidad. Además de las prerrogativas de los partidos políticos, el gasto de operación del instituto se orientará, entre otros rubros estratégicos, a la atención de 13.6 millones de ciudadanos que soliciten su credencial para votar, y a la reposición de 5.6 millones de credenciales para votar con terminación 03 y 09.
Igualmente, los recursos para 2010 tienen como objetivo entregar el 100% de los listados nominales que serán utilizados en los procesos electorales locales, desarrollar diversos proyectos de educación cívica para grupos de población específicos, organizar las 300 convenciones distritales encaminadas a integrar el Octavo Parlamento de las Niñas y Niños de México, y llevar a cabo la modernización de los sistemas administrativos del IFE que fueron observados recientemente por la Contraloría General de la institución.
Dejar de invertir en una institución que representa uno de los iconos más importantes que impulsaron nuestra transición a la democracia nos conduce a no reconocer la tarea colectiva que hemos llevado a cabo, bajo un principio de corresponsabilidad, para forjar un organismo que brinda seguridad y certeza a quienes participamos en los procesos electorales.
Limitar recursos al IFE implicaría ajustar los alcances de algunos proyectos estratégicos y poner en riesgo, incluso, la fuente de ingreso permanente de más de 12 mil 600 personas que trabajan en la institución.
Hagamos del presupuesto del IFE una oportunidad para reflexionar y asumir conjuntamente las debilidades y las fortalezas que tiene nuestra democracia. Sólo mediante la apertura y posiciones razonadas es que podremos consolidar un auténtico estado democrático de derecho en nuestro país.

DEBEMOS REDUCIR IMPUESTOS

ALEJANDRO GERTZ MANERO

El proyecto de incremento en los impuestos que el Ejecutivo ha elaborado para cubrir el déficit de sus ingresos está poniendo a prueba la credibilidad y el respeto que la nueva Legislatura en la Cámara de Diputados puede ganar o seguir perdiendo.
En el lapso que culmina el 15 de noviembre los diputados y sus partidos tienen la ocasión única de definir quién está al servicio de la inmensa mayoría de los mexicanos y quién va a obedecer las consignas de los que han hundido a nuestra economía en los últimos años, para llevarnos a ocupar uno de los últimos lugares en crecimiento económico en nuestro hemisferio latino, a pesar de haber sido los grandes beneficiarios de la bonanza petrolera más significativa en la historia de nuestros ingresos públicos.
Este asunto habrá de definir no sólo el destino económico de México, sino la viabilidad de nuestra democracia y la credibilidad de los partidos políticos, ya que, como bien lo han dicho los economistas más reconocidos, la propuesta burocrática es retrógrada y aniquilante, ya que lo único que pretende es obtener ingresos a costa de la mayoría de los mexicanos, mientras se protege a un inmenso sector informal que no colabora fiscalmente, a una élite burocrática que ha dado cátedra de corrupción, ineficiencia y derroche, y a una cúpula de grandes empresarios y banqueros que eluden de un modo u otro cubrir los pagos fiscales que todos los asalariados y los medianos empresarios sí tienen que cubrir.
Creer que incrementar la tasa base del Impuesto Sobre la Renta de 28% a 30% y elevar el IVA y otros impuestos al consumo va a estimular el crecimiento y el empleo es una burla sangrienta, mientras los grandes conglomerados empresariales y financieros eluden hasta en 80% sus obligaciones fiscales, gracias al paraíso legal que les ha auspiciado el gobierno, mientras el resto de la población productiva que sí paga es ahogada por la carga impositiva.
En el sector público el derroche y la corrupción son emblemáticos, y sólo se necesita tener un mínimo de responsabilidad para reducir los despilfarros y los salarios del personal de confianza, protegiendo la base laboral, pero induciéndola también a ser más honesta y productiva, lo cual parece ser un tabú que solamente se toca en una forma superficial y maquillada, mientras se preservan los más grandes privilegios de los favoritos, y los sistemas de auditoría se desmantelan para convertirlos en un instrumento más de control y persecución política.
Frente a esta situación tan contradictoria, inequitativa e improductiva, existe una salida muy clara y sencilla que puede resumirse en las siguientes premisas:
I. Todos los niveles de gobierno deben reducir su gasto global en 25%, cortando puestos directivos y derroches presupuestales, pero preservando sus plazas laborales de base e inversión productiva, en un proyecto eficiente y auditado que sea funcional y ciudadano.
II. A las grandes corporaciones empresariales y financieras, que en este momento eluden su responsabilidad fiscal de 28% del pago del Impuesto Sobre la Renta, establecerles en forma clara y tajante un mínimo de 14% obligatorio sobre dichas ganancias, para irlo incrementando en forma paulatina, hasta llevarlo al mismo nivel del impuesto general.
III. Empadronar fiscalmente en razón del territorio físico que ocupan el ambulantaje y la informalidad, para que paguen un impuesto mínimo razonable de 14% obligatorio sobre sus ingresos, el cual también se irá incrementando paulatinamente para unirse al criterio general, en lugar de las mordidas que hoy le cubren a la burocracia y a los líderes venales.
IV. Reducir paulatinamente el IVA en forma semejante a la de los demás impuestos hasta llevarlo a 10% general.
V. A la inmensa mayoría de los contribuyentes, que son asalariados y empresarios, reducirles los impuestos de 28% a 25%, para continuar disminuyéndolos hasta lograr un equilibrio con los demás sectores a los que hemos hecho referencia, que podría llegar a menos de 20%, general sobre ingresos, como se logró en el modelo de Irlanda, que ha sido un ejemplo de equidad fiscal.
Si los diputados del actual Congreso votan a favor de México y del crecimiento económico, la imagen tan deteriorada del Poder Legislativo comenzará a repuntar, y los principios elementales de la justicia fiscal empezarán también a dar sus frutos en productividad y en crecimiento.
La moneda está en el aire.

27 PALABRAS

SERGIO AGUAYO QUESADA

Según el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Constitución de 1917 ha entrado 489 veces al quirófano. El Artículo 41 ha tenido seis intervenciones que han alterado su esqueleto y epidermis: nació en 1917 con 67 palabras; el día de hoy ya tiene 2,874. De esa transformación rescato la metamorfosis de los partidos políticos. En 1917 ni siquiera aparecen, en 1977 se les llama "entidades de interés público" y se les garantiza un "mínimo de elementos" y en 2007, en cambio, son las estrellas supernovas de nuestra galaxia política.
Su poder se multiplicó cuando descubrieron, en 2007, el suero del jolgorio interminable. Les bastó con ponerle 27 palabras a la Constitución: el dinero que reciben se calcula "multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal". Impecable y notable su maña, porque la población y el padrón seguirán creciendo hasta 2040 y porque el salario mínimo aumenta año con año. Por ello, y salvo que los reduzcan voluntariamente, en 2010 sus ingresos subirán a $3,012 millones y cuando se les critica el exceso, responden con un lacónico: "está en la Constitución".
Esa disposición constitucional revela un contrato social desquiciado. Esas 27 palabras santifican el conflicto de interés porque los partidos se concedieron a sí mismos la bonanza inacabable, ilustran lo poco que les importa la lejanía con la sociedad, y expresan su adicción al dinero porque los partidos son como los teporochos que atiborran la cadena de Megapulquerías "Los mártires del presupuesto".
Con frecuencia recibo cartas de lectores que comparten mis inquietudes y preguntan qué hacer frente a aberraciones como la descrita anteriormente. Para combatir los abusos y las injusticias hay que decidirse a "no dejarse", aunque añadiría la conveniencia de evitar, hasta donde sea posible, el síndrome del gruñón profesional. Lo ideal es defenderse sin involucrar al hígado.
Para reorientar la historia es necesaria, pero insuficiente la virtuosidad individual. Es fundamental una mezcla de participación de instituciones públicas, de la sociedad organizada y, en ciertas condiciones, de la comunidad internacional. Extirpar el forúnculo que contamina al Artículo 41 constitucional requiere del concurso de los partidos por medio de sus fracciones parlamentarias. Hasta ahora, ninguno tiene entre sus prioridades la reducción del dinero público que perciben, aunque son frecuentes las alabanzas a la austeridad de uno que otro dirigente partidista.
El 23 de septiembre participé en un foro organizado por la comisión encargada de refundar el Partido de la Revolución Democrática. En la audiencia había dirigentes fogueados quienes compartieron con los panelistas la urgencia de corregir su alejamiento de la sociedad y de atender el efecto corruptor que ha tenido el dinero público. El PRD podría refundarse encabezando causas como el combate a la adicción al dinero fácil que padecen todos los partidos.
Sólo con la presión social, los partidos modificarían las 27 palabras del 41 constitucional. Las personas pueden enviar cartas a los diputados y si una de las herederas del movimiento para anular el voto, la ANCA (Asamblea Nacional Ciudadana), termina algún día de ponerse de acuerdo, podría encabezar esa campaña. Por lo pronto, Alianza Cívica y su presidente Rogelio Gómez Hermosillo proponen, junto a otras organizaciones, cambiar las 27 palabras para que el monto del dinero que reciben los partidos se calcule por el número de los votos válidos recibidos por cada uno de ellos. Con esa medida nos ahorraríamos la mitad de lo que ahora se les entrega.
En el corto plazo es de elemental justicia que los partidos reduzcan voluntariamente sus ingresos para 2010. ¿Lo entenderán?
Guerra sucia en el relevo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. El lunes, La Jornada publicó una carta enviada por la conocida Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) en la cual se difama a Mariclaire Acosta (es una mentira que sea una "imposición" o que en su carrera encubriera "abusos y violaciones"). Ese mismo día David Peña de la ANAD auténtica precisó que alguien suplantó su nombre y utilizó su cuenta. A Patricia Colchero también la han difamado. Dado que la Asamblea Legislativa del DF ha conducido un proceso ejemplar ¿no valdría la pena que ordenara una investigación cibernética para averiguar qué candidato está empuercando con campañas negativas el relevo? Con información precisa se combate a los imitadores del lodo de 2006. Con este comentario respaldo la semana de "México Infórmate" que promueve una cultura de la transparencia.

LAS PARADOJAS DEL IFE II/III

LEONARDO VALDES ZURITA

Siguiendo con las paradojas que vivió el IFE en agosto pasado, la Contraloría General entregó hace unas semanas en la oficina de la presidencia del Consejo General un comunicado en el que reconoce la excelente labor realizada por la estructura del instituto en la operación de los procesos electorales. El comunicado propone, además, diversas acciones para mejorar el funcionamiento administrativo del instituto, que derivan de un diagnóstico que realizó en preparación de su programa anual de trabajo.
Algunas de estas propuestas se refieren a la manera como el IFE ha operado sus procesos administrativos a lo largo de sus 19 años de existencia y que gradualmente han empezado a corregirse, en el transcurso de esta administración. Igualmente, el pasado 26 de agosto la Contraloría entregó al Consejo General su Informe previo de gestión enero-junio de 2009, que da cuenta de los avances en el cumplimiento de su programa anual de trabajo.
Fragmentos de ambos escritos de la Contraloría, el comunicado y el informe previo de gestión, fueron difundidos a través de algunos medios de comunicación, descontextualizados y con expresiones desde luego inmerecidas para el instituto.
Lo que no señalaron esos medios de comunicación fue que, en paralelo a la ejecución del proceso electoral, los funcionarios auditados atendían el procedimiento de solventación de algunas de las observaciones recibidas. Además, algunas propuestas para mejorar procesos y controles administrativos igual estaban siendo atendidas, ya sea de manera coordinada con la Contraloría del IFE o bien por iniciativa propia, en los tiempos que lo permitía el desarrollo del proceso electoral federal.
No se debe olvidar que el IFE fue diseñado, primordialmente, para contribuir al desarrollo democrático de nuestro país y garantizar el respeto al voto de los ciudadanos, lo que ha cumplido en forma impecable, convirtiéndose en modelo a nivel internacional. La propuesta del contralor general es, en efecto, igualar la excelencia alcanzada en el campo electoral con la excelencia en la operación administrativa. Así de simple, pero también así de complejo.
En el primer semestre de 2009, la Contraloría del IFE ha venido ejecutando su programa anual, realizando sus revisiones en paralelo al desarrollo del proceso electoral federal concluido recientemente. Los funcionarios del instituto, además de cumplir con la organización de las elecciones en forma exitosa, recibieron la visita de los auditores de la Contraloría General para el desarrollo de 155 auditorías y evaluaciones, de las cuales 17 correspondieron a oficinas centrales y 138 a las juntas locales y distritales del instituto en toda la República.
Estas revisiones se realizaron, como señala el informe de la Contraloría, “en un esquema de fiscalización integral y con el mayor detalle”.
Respecto de los procesos que lleva a cabo la Contraloría General del IFE es pertinente considerar lo siguiente:
—Cualquier ente público o privado auditado, por ejemplo, este periódico o alguno de los medios de comunicación que han tratado el tema, son observados por sus auditores externos y eso no significa necesariamente que en la televisora, la radiodifusora o en la editorial haya malos manejos. Siempre hay una mejor forma de hacer las cosas y los auditores están contratados para encontrarla.
—El diagnóstico presentado por la Contraloría del IFE le sirvió como apoyo para elaborar su programa anual de trabajo.
—Las auditorías a que se hace referencia no constituyen todavía un resultado definitivo, ya que el día 26 de agosto las unidades administrativas auditadas entregaron sus últimas pruebas y alegatos.
—En estos casos no se ha dicho la última palabra. Baste mencionar que el propio informe de la Contraloría señala que, en materia de responsabilidades de los servidores públicos del IFE, en el mismo primer semestre de 2009 se resolvieron 34 casos. De ellos únicamente tres recibieron sanción económica por un presunto daño patrimonial al instituto, con un importe total de 1.36 millones de pesos. De estos tres casos, a la fecha del informe sólo uno por 50 mil pesos estaba firme y en proceso de cobro. Estaban pendientes de resolver un recurso de revocación y un juicio de amparo para los restantes dos.
—Las observaciones que están en proceso de solventar involucran dudas en cuanto al manejo de recursos por 21 millones de pesos, que equivalen a cuatro centavos de cada 100 pesos del presupuesto ejercido por el IFE durante el primer semestre de 2009.
—Todos los organismos que manejan dinero público están permanentemente auditados. Nadie escapa a la supervisión de su órgano interno de control, de la Auditoría Superior de la Federación y en muchos casos de organismos de participación ciudadana o auditores externos. En el caso del IFE, además de los anteriores, siempre han estado vigilantes los partidos políticos.
El IFE es pionero de la transparencia en México y absolutamente todas sus decisiones trascendentes han sido compartidas en sesiones de sus órganos colegiados que son públicas. Toda la información relevante del instituto está siempre abierta para consulta del público en la página de internet. El IFE es, pues, una casa de cristal.
Además, con la reforma electoral 2007-2008, los legisladores decidieron que, para asegurar una vigilancia imparcial de la actuación administrativa del instituto, la anterior Contraloría Interna se transformara en Contraloría General. No se trata sólo de un cambio de nombre. El enfoque es radicalmente diferente. De ser un órgano de control interno subordinado a la presidencia del Consejo General se convirtió en un órgano con autonomía técnica y de gestión, que mantiene coordinación técnica con la Auditoría Superior de la Federación, entidad de fiscalización superior de la República. Esta sola diferencia permite a la Contraloría General conducir sus investigaciones con absoluta independencia y contribuye de manera significativa a asegurar la transparencia en el uso de los recursos públicos, como nunca antes había sucedido. Ningún otro organismo federal autónomo tiene un órgano de control interno que sea también autónomo.
El IFE tiene claro que las opiniones de un auditor autónomo le benefician. Además de abonar a la transparencia, le permiten instrumentar procesos administrativos impecables. Por ello, no escatimará ni recursos ni tiempo para corregir no sólo las áreas de oportunidad identificadas por la Contraloría General, sino que irá aún más allá: el instituto y la Contraloría General acordaron el pasado 27 de agosto desarrollar, en forma conjunta, un ambicioso programa de modernización administrativa que, partiendo del diagnóstico de la Contraloría General y de los hallazgos propios, atienda absolutamente todas las oportunidades de mejora institucional que se han identificado para concluir, hacia noviembre de 2011, con un IFE totalmente renovado desde el punto de vista operativo para asegurar que las elecciones presidenciales de 2012 sean las mejores en la historia del instituto, en todos los aspectos.
Para ello, a partir de su proyecto de presupuesto 2010, el instituto ha iniciado una forma distinta para generar sus previsiones financieras, con el que se sientan las bases para instrumentar, en los próximos meses, la técnica que se denomina Presupuesto Basado en Resultados. Esta técnica es utilizada por otros organismos públicos en México y es recomendada por organismos internacionales, con objeto de alinear los instrumentos de planeación y programación al ejercicio del gasto y la evaluación de la gestión.
El IFE refrenda su compromiso para asegurar a la sociedad mexicana que cada peso invertido en el instituto apoyará el logro de los resultados en materia electoral y de desarrollo democrático que nuestro país se merece.

SALINAS Y EL CINISMO SOCIAL

MIGUEL ANGEL GRANDOS CHAPA

A causa de su rompimiento con su heredero Ernesto Zedillo, a quien le jugó la mala pasada de entregarle un país roto económica y políticamente, el ex presidente Carlos Salinas se vio obligado a suspender su proyecto de gobernar más allá de su propio sexenio. Ese objetivo suponía varios modos de realización. El más obvio era reeditar el maximato callista -en el entendido de que, según la sentencia marxista hay acontecimientos que se viven como tragedia y su reedición como comedia. No era otro el propósito de designar candidato a Luis Donaldo Colosio, una figura sin existencia propia y con luz y fuerza vicarias, las que le proyectaba el propio Salinas. Cuando éste advirtió tempranamente que acaso Colosio no resultaría dócil como él esperaba, consideró necesario sustituirlo, medida que hizo posible el asesinato del candidato y su reemplazo por otro aspirante inexperto, sin presencia pública y sin apoyos más allá de los que el propio Salinas le brindaba. Otro de los caminos a recorrer para seguir gobernando más allá de 1994 consistía en asegurar el control de un buen número de estados a través de sus amigos subordinados enviados a gobernar en calidad de virreyes. Y otro más fue consolidar alianzas con intereses financieros y económicos permanentes.

El plan maestro de Salinas debió ser modificado. Su reemplazante en Los Pinos se le enfrentó en diversos planos hasta el punto de que Salinas lo considerara un enemigo al que se debe combatir con rudeza. Varios de los gobernadores que pretendieron hacer de Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz remedos minúsculos de la ínsula Barataria, terminaron sus gobiernos con desprestigio y derrotas políticas. Lo único duradero, al parecer, fue su vínculo con empresarios cuyos intereses quedaron bien salvaguardados, como es el caso prototípico de Ricardo Salinas Pliego, al que se le adjudicaron los bienes del Instituto Mexicano de la Televisión convertido en TV Azteca en condiciones de tan abierta complicidad que la suma a pagar por la privatización se completó con un préstamo surtido por el propio hermano del presidente vendedor, Raúl Salinas de Gortari.

Esos intereses han propiciado el retorno de Salinas primero a México, al cabo de un autoexilio dorado, y luego a los escenarios políticos. En su propósito de retomar un papel decisorio en la vida pública mexicana el ex Presidente contó con una deficiencia del carácter nacional, una suerte de cinismo social que por conveniencia y pereza moral olvida y dispensa los yerros y hasta delitos de un ex gobernante, como si fueran cosa trivial.

Pero en la tersura de su camino, el ex Presidente se topó de pronto con un obstáculo nada desdeñable: la opinión que su antecesor mantiene hoy sobre su antiguo colaborador. Miguel de la Madrid se arrepintió tardíamente de haber dejado en su lugar a Salinas, por su conducta propia y por las ligas que propició entre su hermano y la delincuencia organizada. De la Madrid hizo saber sus opiniones en una conversación con la periodista Carmen Aristegui. Era una conversación destinada a figurar en un libro de próxima aparición. Pero una coyuntura informativa (la difusión del juicio de un ex colaborador de Salinas, Luis Téllez, que atribuyó al ex Presidente el robo de "media partida secreta") favoreció la difusión al aire de porciones de esa entrevista en el nuevo noticiario de Carmen Aristegui. La reacción de Salinas ante esa interrupción en su ruta de retorno triunfal lo condujo a enviar un insolente reproche a la periodista y a imponer a su antecesor una pena insoportable, la de declararse débil mental por senilidad, a fin de invalidar los juicios que con toda claridad emitió sobre su heredero.

Se comprende que esa misma furia lo embargara de nuevo después de que en la Cámara de Diputados el legislador panista Javier Corral invocara esa entrevista célebre para, por un lado, reprochar al gobierno de su partido no investigar al ex Presidente por los nexos delictuosos que De la Madrid atribuye a su hermano. Y, por otra parte, para acusarlo directamente de ser un capo del narcotráfico. Fiel a sí mismo, insidioso como suele ser, Salinas respondió de modo en apariencia casual y desenfadado. Mostró extrañeza por esa posición pública de Corral y la contrastó con el modo en que comportaba en los encuentros privados que el panista había procurado para pedirle apoyo y demostrarle afecto.

Corral respondió de inmediato. Denunció como mentiroso a Salinas pues las reuniones que en efecto ocurrieron fueron solicitadas por Salinas, no por Corral, que nunca pidió nada al ex Presidente. Al contrario, en una de ellas pidió al entonces senador chihuahuense que intercediera ante Francisco Barrio, secretario de la Contraloría, a favor de Rogelio Montemayor, salinista gobernador de Coahuila y después director de Pemex puesto en entredicho por el desvío de recursos de esa empresa al sindicato de Romero Deschamps y la campaña de Francisco Labastida. Salinas pretendió aparecer como aliado de Corral en su empeño por una nueva legislación de medios. En aquel tiempo Salinas mantenía distancia con Televisa -que había sido un conducto empleado por Zedillo para infamar a Salinas, según éste. Pero ya arreglados la empresa de Azcárraga y el ex Presidente, Salinas ha dejado de interesarse por los afanes de Corral y, al contrario, ha buscado su desprestigio presentándolo como un pedigüeño vulgar, un lambiscón que busca acercarse al poderoso. Pero ésas son deficiencias morales que Corral no padece.

Cajón de Sastre

El nombramiento del diputado Javier Corral como presidente de la Comisión de Gobernación en San Lázaro tiene varios significados. Por un lado, es una muestra de que la bancada panista hará honor a la plataforma legislativa con que se presentó a las elecciones de julio pasado y que incluye algunos de los temas por los que ha pugnado el chihuahuense. Por otro lado, deja atrás las batallas que Corral debió librar para ser elegido candidato, propósito que se quiso frustrar a la mala dentro de su propio partido. E implica también la superación de algunos diferendos expresados por Corral ante la elección de César Nava como presidente del comité nacional de su partido, tras ser candidato único. Y en la coyuntura descrita en el cuerpo principal de esta columna resulta en un apoyo solidario del panismo frente a la insolencia infamatoria de Carlos Salinas.

SALINAS Y EL CINISMO SOCIAL

MIGUEL ANGEL GRANDOS CHAPA

A causa de su rompimiento con su heredero Ernesto Zedillo, a quien le jugó la mala pasada de entregarle un país roto económica y políticamente, el ex presidente Carlos Salinas se vio obligado a suspender su proyecto de gobernar más allá de su propio sexenio. Ese objetivo suponía varios modos de realización. El más obvio era reeditar el maximato callista -en el entendido de que, según la sentencia marxista hay acontecimientos que se viven como tragedia y su reedición como comedia. No era otro el propósito de designar candidato a Luis Donaldo Colosio, una figura sin existencia propia y con luz y fuerza vicarias, las que le proyectaba el propio Salinas. Cuando éste advirtió tempranamente que acaso Colosio no resultaría dócil como él esperaba, consideró necesario sustituirlo, medida que hizo posible el asesinato del candidato y su reemplazo por otro aspirante inexperto, sin presencia pública y sin apoyos más allá de los que el propio Salinas le brindaba. Otro de los caminos a recorrer para seguir gobernando más allá de 1994 consistía en asegurar el control de un buen número de estados a través de sus amigos subordinados enviados a gobernar en calidad de virreyes. Y otro más fue consolidar alianzas con intereses financieros y económicos permanentes.

El plan maestro de Salinas debió ser modificado. Su reemplazante en Los Pinos se le enfrentó en diversos planos hasta el punto de que Salinas lo considerara un enemigo al que se debe combatir con rudeza. Varios de los gobernadores que pretendieron hacer de Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz remedos minúsculos de la ínsula Barataria, terminaron sus gobiernos con desprestigio y derrotas políticas. Lo único duradero, al parecer, fue su vínculo con empresarios cuyos intereses quedaron bien salvaguardados, como es el caso prototípico de Ricardo Salinas Pliego, al que se le adjudicaron los bienes del Instituto Mexicano de la Televisión convertido en TV Azteca en condiciones de tan abierta complicidad que la suma a pagar por la privatización se completó con un préstamo surtido por el propio hermano del presidente vendedor, Raúl Salinas de Gortari.

Esos intereses han propiciado el retorno de Salinas primero a México, al cabo de un autoexilio dorado, y luego a los escenarios políticos. En su propósito de retomar un papel decisorio en la vida pública mexicana el ex Presidente contó con una deficiencia del carácter nacional, una suerte de cinismo social que por conveniencia y pereza moral olvida y dispensa los yerros y hasta delitos de un ex gobernante, como si fueran cosa trivial.

Pero en la tersura de su camino, el ex Presidente se topó de pronto con un obstáculo nada desdeñable: la opinión que su antecesor mantiene hoy sobre su antiguo colaborador. Miguel de la Madrid se arrepintió tardíamente de haber dejado en su lugar a Salinas, por su conducta propia y por las ligas que propició entre su hermano y la delincuencia organizada. De la Madrid hizo saber sus opiniones en una conversación con la periodista Carmen Aristegui. Era una conversación destinada a figurar en un libro de próxima aparición. Pero una coyuntura informativa (la difusión del juicio de un ex colaborador de Salinas, Luis Téllez, que atribuyó al ex Presidente el robo de "media partida secreta") favoreció la difusión al aire de porciones de esa entrevista en el nuevo noticiario de Carmen Aristegui. La reacción de Salinas ante esa interrupción en su ruta de retorno triunfal lo condujo a enviar un insolente reproche a la periodista y a imponer a su antecesor una pena insoportable, la de declararse débil mental por senilidad, a fin de invalidar los juicios que con toda claridad emitió sobre su heredero.

Se comprende que esa misma furia lo embargara de nuevo después de que en la Cámara de Diputados el legislador panista Javier Corral invocara esa entrevista célebre para, por un lado, reprochar al gobierno de su partido no investigar al ex Presidente por los nexos delictuosos que De la Madrid atribuye a su hermano. Y, por otra parte, para acusarlo directamente de ser un capo del narcotráfico. Fiel a sí mismo, insidioso como suele ser, Salinas respondió de modo en apariencia casual y desenfadado. Mostró extrañeza por esa posición pública de Corral y la contrastó con el modo en que comportaba en los encuentros privados que el panista había procurado para pedirle apoyo y demostrarle afecto.

Corral respondió de inmediato. Denunció como mentiroso a Salinas pues las reuniones que en efecto ocurrieron fueron solicitadas por Salinas, no por Corral, que nunca pidió nada al ex Presidente. Al contrario, en una de ellas pidió al entonces senador chihuahuense que intercediera ante Francisco Barrio, secretario de la Contraloría, a favor de Rogelio Montemayor, salinista gobernador de Coahuila y después director de Pemex puesto en entredicho por el desvío de recursos de esa empresa al sindicato de Romero Deschamps y la campaña de Francisco Labastida. Salinas pretendió aparecer como aliado de Corral en su empeño por una nueva legislación de medios. En aquel tiempo Salinas mantenía distancia con Televisa -que había sido un conducto empleado por Zedillo para infamar a Salinas, según éste. Pero ya arreglados la empresa de Azcárraga y el ex Presidente, Salinas ha dejado de interesarse por los afanes de Corral y, al contrario, ha buscado su desprestigio presentándolo como un pedigüeño vulgar, un lambiscón que busca acercarse al poderoso. Pero ésas son deficiencias morales que Corral no padece.

Cajón de Sastre

El nombramiento del diputado Javier Corral como presidente de la Comisión de Gobernación en San Lázaro tiene varios significados. Por un lado, es una muestra de que la bancada panista hará honor a la plataforma legislativa con que se presentó a las elecciones de julio pasado y que incluye algunos de los temas por los que ha pugnado el chihuahuense. Por otro lado, deja atrás las batallas que Corral debió librar para ser elegido candidato, propósito que se quiso frustrar a la mala dentro de su propio partido. E implica también la superación de algunos diferendos expresados por Corral ante la elección de César Nava como presidente del comité nacional de su partido, tras ser candidato único. Y en la coyuntura descrita en el cuerpo principal de esta columna resulta en un apoyo solidario del panismo frente a la insolencia infamatoria de Carlos Salinas.

¿PERTENECE EL DERECHO FAMILIAR AL DERECHO CIVIL?

JULIÁN GÜITRÓN FUENTEVILLA

* Difusión Vea y escuche a Rafael Rocher Gómez y a Jesús Saldaña Pérez, profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Programa Derecho Familiar, conducido por quien esto escribe, mañana 28 de septiembre, de las 20:00 a las 21:00 horas, en Cablevisión 112 o Sky 633 o por internet, con difusión internacional en www.scjn.gob.mx* ProblemáticaLa tradición de la enseñanza jurídica, en México y en todos los países que han seguido el Código Napoleón de 1804, ha sido encuadrar, dentro del Derecho Civil, todas las instituciones del Derecho Familiar, incluidas las sucesiones testamentaria y legítima.* Interrogantes ¿El matrimonio, los impedimentos para contraerlo, sus efectos, los regímenes patrimoniales matrimoniales -sociedad conyugal y separación de bienes- la nulidad de matrimonio, el matrimonio putativo, el divorcio, sus efectos sobre los hijos y los bienes, la filiación, la prueba al ácido desoxirribonucleico, las pensiones alimenticias, la patria potestad, su pérdida, suspensión y terminación, sus diferencias con la guarda y custodia y el derecho de convivencia y de visitas, la emancipación, la adopción, la tutela, el acogimiento, el concubinato, el patrimonio familiar y toda la materia sucesoria testamentaria y legítima, clases de testamento, herederos y legatarios, entre otras, son instituciones reguladas por el Derecho Civil?* El matrimonioTodo lo que se refiere a esta institución es de orden público. Los cónyuges al casarse, reducen su voluntad a expresar "si me quiero casar"; después, a diferencia de lo que ocurriría en un contrato en el Derecho Civil, en la unión conyugal se les impone a los esposos toda una reglamentación.* El divorcioDurante un largo tiempo, el Código Civil reguló y el del año 2000 lo ratificó, el divorcio voluntario que podía ser administrativo o judicial; y el necesario, en el cual se podía invocar cualesquiera -atención distinguidos lectores-de las más de cincuenta causales para divorciarse, que para ilustrar nuestro aserto, sólo los llamaríamos a reflexionar si es lo mismo ser alcohólico, adicto a las drogas enervantes o ser impotente para la cópula, en virtud de que en el pasado y así se conserva en los Códigos de la República, excepto en el Distrito Federal, esos tres supuestos se consignaron en una fracción romana y el error craso, que hasta hoy se sigue repitiendo, es que por ser una fracción romana, contenía una sola causal.* FiliaciónEl viejo Código Civil tenía 11 clases de hijos, mismos que se mantienen en el Código Civil Federal; empero, en el que venimos comentando, los hijos son iguales ante la ley.* AlimentosLa nueva reglamentación, establece hoy en día pensiones alimenticias que incluyen 10 a 15 rubros distintos y en consecuencia cantidades suficientes para el mejor desarrollo de los hijos y la familia.* Patria potestadSigue la amenaza de su pérdida. Su mezcla con la guarda y custodia ha arrojado resultados negativos, se dijo en una época guarda y custodia compartida ilimitada, resultó un fracaso.* Otras instituciones familiaresLa tutela, la emancipación, la adopción, el concubinato y otras partes importantes del Derecho Familiar, no podrían en ningún supuesto, excepto el de la ignorancia, afirmar que el Derecho Familiar pertenece al civil.

EL AMPARO PROTEGE GARANTIAS INDIVIDUALES Y DERECHOS HUMANOS

CARLOS ARELLANO GARCIA

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, un medio de defensa idóneo está previsto en la Constitución y es el juicio de amparo. No es el único medio de defensa, pero es trascendente y eficaz. El juicio de amparo está establecido y, además, regulado en nuestra Carta Magna, en los artículos 103 y 107 constitucionales.Con el antecedente del artículo 101 de la Constitución de 1857 y, texto muy similar, el artículo 103 constitucional dispone: "Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por leyes o actos de la autoridad que viole las garantías individuales; II. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencia del Distrito Federal; y III. Por leyes o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal."De conformidad con el texto transcrito del vigente artículo 103 constitucional, en su fracción I, se encomienda al Poder Judicial de la Federación el resguardo de las garantías individuales, cuando éstas se vean afectadas por leyes o actos de la autoridad. Por supuesto que los tenedores o beneficiarios de las garantías individuales son las personas físicas y morales que gozan de derechos subjetivos públicos, oponibles a la autoridad estatal nacional, y que están consignados en los primeros veintinueve artículos de la Constitución y que se denominan: "garantías individuales". En otras palabras, son sujetos activos de las garantías individuales los gobernados y son sujetos pasivos de las mismas los órganos del Estado mexicano, centralizados o descentralizados, federales, estatales o municipales, quienes deben respetar esas garantías individuales. Tal pareciera que, según el texto de la fracción I del artículo 103 constitucional, sólo están protegidas, en la Constitución, las garantías individuales y no otros preceptos de la Constitución que consagran derechos para los gobernados y tampoco otros derechos de los gobernados derivados de la amplia legislación en el sistema jurídico mexicano. Se piensa que también están excluidos los derechos humanos que consagran los tratados internacionales. Respecto de esto último, existen proposiciones en el sentido de que se adicionen al capítulo de garantías individuales de la Constitución los derechos humanos.La pretensión de incluir, en el capítulo de garantías individuales de la Constitución, derechos humanos, no es pertinente, porque en la parte dogmática de la Constitución se regulan relaciones jurídicas entre gobernantes y gobernados, gobernados que son personas físicas o morales particulares, y, también, órganos del Estado que actúan como particulares, y gobernantes, que son los órganos del Estado que actúan con la potestad de imponer deberes a los gobernados y es el caso que, los derechos humanos, por tanto, no pertenecen a la parte dogmática de la Constitución, dado que son derechos oponibles a sujetos diversos que pueden ser gobernantes, pero que también pueden ser no gobernantes, como familiares, patrones, superiores jerárquicos, vecinos u otras personas que pueden afectar derechos humanos.No obstante lo antes aseverado, existe la posibilidad de defensa de los derechos humanos, mediante el amparo, que tutela la esfera jurídica de los particulares, dado que en el artículo 16 constitucional está consignada la garantía de legalidad, cuando, en su párrafo primero, establece actualmente: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento". La consagración de la legalidad, que equivale al estado de derecho, es de gran extensión y, por tanto, se proyecta la tutela de los derechos de los gobernados a todos los preceptos de la Constitución que los preconicen y a todos los ordenamientos jurídicos y aun a los tratados internacionales que otorguen derechos a los gobernados. En consecuencia, el amparo protege a todos los gobernados, en sus garantías individuales, en todas las prerrogativas que les otorguen las normas jurídicas del sistema jurídico mexicano y, también, se protegen las facultades que les concedan los tratados internacionales, entre ellos, los que consagren derechos humanos.

POCO MENOS DE VEINTICINCO AÑOS

NESTOR DE BUEN

Yo también estoy a punto de cumplir veinticinco años en La Jornada. Todo empezó con una consulta de varios periodistas que habían tenido problemas, me parece que con El Día. Entre ellos Carlos Payán, Carmen Lira, Miguel Ángel Granados Chapa y Humberto Musacchio. Presenté la demanda, pero el asunto se resolvió amistosamente enseguida.
Pocos días después me llamó Carmen proponiéndome que hiciera algunas colaboraciones para el periódico. Ya tenía yo alguna experiencia periodística y en ese tiempo escribía para El Universal. Por unas semanas las colaboraciones fueron dobles, pero llegó un momento en que me advirtieron de El Universal que no se valía escribir en dos periódicos a la vez. Obviamente opté por hacerlo en el nuevo diario de mis ya entrañables amigos.
Por un tiempo fui colaborador y abogado. Magú era el secretario general del sindicato y le reconozco genio y figura sindical, adicional a su triunfal monerismo que, a la fecha, me sigue fascinando. Varios años después dejé la asesoría jurídica y me convertí en periodista a secas, entonces con colaboraciones semanales, y desde hace algunos años cada dos semanas.
Confieso que en el momento en que me enfrento a la computadora para escribir mi artículo me lleno de dudas y casi me arrepiento de mi compromiso. Todos los que escribimos periódicamente vivimos esa situación. Pero hay una especie de hada madrina que nos habla al oído y nos plantea la necesidad de tratar de algún tema actual. Y de alguna manera sale el tema y se llenan las dos cuartillas y media, más o menos, que tengo autorizadas.
Todos los días recibo en casa y en el despacho La Jornada. Forma parte de mi vida. También El País, que tiene un aire izquierdista que no está nada mal y presenta las noticias con un estilo diferente. De La Jornada soy esencialmente monerista, sin perjuicio de enterarme de lo más importante del día. Admiro a nuestros moneros que ciertamente son incomparables.
Los artículos de fondo me interesan de manera especial, independientemente de mi presencia en esa que podríamos llamar sección, aunque esté dividida a lo largo de las páginas. Reconozco que soy de los más veteranos y admiro los nuevos nombres que han ido surgiendo a lo largo de los años.
Confieso que soy un lector crítico de mí mismo. A veces, por esa incertidumbre inicial permanente acerca de los temas a tratar, el resultado no me satisface del todo. En ocasiones, ocurre lo contrario y si es así, el día está completo. El problema es que los fines de semana no suelo estar en mi domicilio habitual. Mi esposa y yo nos vamos a Vallescondido, donde hicimos una casa próxima al campo de golf. Ese suele ser mi entretenimiento dominical, aunque confieso que en los últimos años mi rendimiento de golfista deja mucho que desear. Pero allí no recibimos periódicos. Por tanto, hasta el atardecer del domingo, cinco o seis de la tarde, cuando llegamos al departamento en Polanco, me pongo a leer La Jornada y El País y me la paso fenómeno. Es el momento en que me leo y allí surgen las calificaciones o los arrepentimientos.
Teniendo a la mano La Jornada confieso que no me llaman la atención otros periódicos, salvo en aquellas ocasiones en que no la tengo a la mano. Mi parcialidad de jornalero es más que evidente, casi viciosa. Porque es evidente que no hay otro diario que tenga información más crítica y bien fundada en nuestro tan difícil entorno.
En estos días no he podido atender las invitaciones con motivo del aniversario. Lo siento en el alma, pero la profesión es muy exigente y no me da tiempo para dedicarme a cosas más personales. Me habría gustado mucho ver a Carmen Lira y a Carlos Payán para poder darles un abrazo de feliz cumpleaños. Ambos se lo merecen, como también su grupo de colaboradores directos que han hecho de nuestra La Jornada un medio insuperado.
Seguimos en la pelea. Ya habrá temas externos que tratar para el número que me corresponda. La verdad es que escrito entre miércoles y jueves, no dejo de pensar en el tema probable. Y me pregunto cómo le harán los columnistas de todos los días.

DE VICTORIAS CULTURALES

ROLANDO CORDERA CAMPOS

Las cifras del Inegi sobre el comportamiento del producto bruto interno confirman lo anunciado: en el primer semestre la caída de la actividad económica fue brutal y así debe haber ocurrido con el empleo y los ingresos de la gente. Ojalá y pronto contemos con mejores cuentas del instituto sobre las realidades del mundo laboral mexicano, porque la división entre formalidad e informalidad se ha vuelto convencional y poco útil para evaluar el desempeño económico y proyectarlo al estado de la sociedad en medio de la crisis. Las categorías al uso se desdoblan o superponen y las prácticas de sobrevivencia de las familias se vuelven cada vez más imaginativas, pero no logran dejar atrás el panorama de carencia y penuria que anunciaron las estimaciones del Coneval para 2008, antes de que la crisis estallara.
Volver sobre las implicaciones sociales de la tormenta desatada por la avaricia de Wall Street y alimentada por la necedad de los expertos en finanzas y la miopía de los economistas profesionales, no sobra. Advertir sobre el estado de la cuestión social mexicana y reclamar del Estado y de las fuerzas políticas su reconocimiento, es un paso obligado para trazar rutas que permitan capear el temporal, buscar puerto de auxilio y diseñar nuevas maneras de entender la economía y de actuar racionalmente sobre ella, buscando modular sus veleidades y suavizar sus oscilaciones, sobre todo cuando éstas se vuelven olas destructivas.
Las prédicas gubernamentales sobre el patriotismo, la solidaridad con los pobres o la salud amenazada, no pueden sustituir lo que el gobierno no ha querido hacer a la luz del día: admitir que la estrategia neoliberal del priísmo tardío, adoptada con peculiar alegría por el panismo pasmado, ya dio de sí, trátese del TLCAN tal y como está, o de la política monetaria de un solo mandato, o de la política fiscal obsesionada con evitar un déficit por demás inevitable.
Junto con esto, el grupo gobernante tendría que empezar a leer algo más que sus encuestas y tomar nota de que, tal vez por primera ocasión, muchos ciudadanos, tanto en el campo como en las urbes, articulan sus rezongos y descontentos en torno a la desigualdad, que remite indefectiblemente al tema mayor de la injusticia.
Si los pobres piden o no al gobierno es secundario, y no debe servir para insistir en el paternalismo irredento del mexicano y otros culturalismos baratos. Hay en curso un sentimiento compartido por amplias capas de la sociedad de que la desigualdad no sólo es nuestra vergonzosa marca histórica, heredada de la Colonia, sino la clave del actual malestar con una cultura que se pretendió imponer como dominante y que el panismo adoptó como parte de su ilusoria victoria cultural: un individualismo feroz, imitador del peor de los ensayados por los amos del universo en Manhattan, poco o nada funcional para aceitar las máquinas y válvulas de los animal spirits mexicanos.
Éstos, como hemos podido percatarnos hasta el bochorno en estos años de la victoria neopanista, siguen de modo exacerbado la vieja maña patrimonialista y de la empleomanía en el Estado, sin que pueda detectarse una auténtica fiebre empresarial, de riesgo e inversión, en la ribera productiva o innovadora de la economía. Más que triunfo cultural, habría que hablar de una restauración infructuosa.
Han sido los servicios, muchos de ellos epidérmicos y sin conexión con la producción, o la chamba o el contrato con el sector público, las arenas preferidas, casi únicas, de herederos o recién llegados a la riqueza, casi siempre gracias al usufructo de los despojos que el panismo descubrió en un abrir y cerrar de ojos una vez que el PRI desalojase Los Pinos.
Guste o no, el panismo triunfante se acorrientó y pronto hizo su propia conversión al culto de Mamón. Allá, quién sabe dónde, quedaron las prendas republicanas o solidaristas, o del bien común. Cambio de piel o simple acomodo despojado de cualquier consideración ética, el alma panista real, gobernante y encuestívora, es ciertamente diferente de la que nos dejara el PRI en el recuerdo o la documentación del pesimismo, pero no encarna avance cultural o moral alguno.
La oferta del Presidente de vacunas por impuestos lleva esta cuestión al extremo. El gobierno no tiene por qué ni con qué, ni debe, ofrecer este intercambio de bienes y dones. Una táctica como ésta busca enfrentar sin mediaciones a los partidos y sus legisladores con la ciudadanía, y podría dar al traste con lo poco de República que como hábito o empeño nos quede.
De aquí la importancia crucial de que en el Congreso se sobrepongan a este clima, rechacen la otra idea funesta de que se vive una normalidad peculiar y asuman la emergencia económica y social como punto de toque para un esfuerzo real de cambio de la política y revisión de sus contenidos poniendo a lo social en el centro.
Si pudiéramos ir en esta dirección, tal vez sí podríamos hablar algún día de una transformación cultural debida a la democracia. No antes.

LOS SIMBOLOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE

MIGUEL ANGEL GRANDOS CHAPA

Las sesiones de las cámaras del Congreso de la Unión el jueves 24 de septiembre fueron insólitas hasta convertirse en simbólicas, emblemáticas. Como si se tratara de una pieza dramática –o una tragedia, sería mejor decir–, en Xicoténcatl y en San Lázaro se desplegaron protagonistas y modos de ejercer el poder en México que lo mostraron al desnudo, en su cruda fealdad carente de afeites.En el Senado fue ratificado el nombramiento de Arturo Chávez Chávez como procurador general de la República. Por la insolencia con que fue designado el nuevo funcionario, por la fuente real del nombramiento, por el desdén a la ciudadanía chihuahuense y mexicana, así como a la opinión pública internacional, por la forma en que se fraguó la aquiescencia senatorial y por sus imaginables y perniciosos efectos, la designación de Chávez Chávez es autocrática. El poder se sirvió a sí mismo, en vez de ser ejercido en beneficio de la sociedad.El origen de ese nombramiento está en la fragilidad del gobierno encabezado por Felipe Calderón. Tiene que compartir el mando político y administrativo del país con Elba Esther Gordillo y con Diego Fernández de Cevallos. El ISSSTE, la Lotería Nacional, la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP y ahora un cargo en el IFAI son las posiciones más visibles del gordillismo, constituyen la parcela gubernamental que fue escriturada a la presidenta del SNTE para que la explote como cosa propia. Es el pago por los servicios prestados a la causa calderonista. De no ser por ella, por el Consejo Coordinador Empresarial, por Vicente Fox y por las autoridades electorales, Calderón no sería presidente.Fernández de Cevallos, pese a su aparente retiro de la política activa, es un factor poderoso dentro del PAN. Constituye, además, el vínculo entre ese partido y Carlos Salinas de Gortari –que actúa en diversos espacios–, así como con un sector importante de los empresarios. Eso lo puso en posición de reclamar un coto de poder, que comenzó a ser habitado por Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación tras la muerte de Juan Camilo Mouriño. A partir de allí, muy poco tiempo después de su arribo al gabinete, el dieguismo pretendió ocupar otro ámbito, singularmente suculento para litigantes de relevantes casos penales: la Procuraduría General de la República. La decisión de echar a Eduardo Medina Mora y sustituirlo por el chihuahuense Chávez fue asumida por lo menos en enero de este año. Cuando supuse que era inminente, anuncié el relevo en la Plaza pública de Reforma. El aviso falló sólo en cuanto al momento, pues se demoró considerablemente. Pero al fin septiembre trajo lo que se atoró en los meses anteriores. Designar a Chávez fue una decisión admitida por Calderón, no concebida por él. Chávez será procurador a despecho de su fama pública, especialmente opaca y hasta turbia en los dos años en que fue procurador de Chihuahua. No es asunto de maledicencia pueblerina, de enconos entre grupos aldeanos. Los hechos que configuraron esa mala reputación constan en documentos elaborados al cabo de investigaciones escrupulosas. Entre ellos sobresalen una recomendación de la CNDH cuando la encabezó la doctora Mireille Roccatti y un rotundo informe de la Comisión de Expertos Internacionales de la Oficina de la ONU Contra la Droga y el Delito, que realizó una investigación sobre los feminicidios en Ciudad Juárez. En este documento no se menciona a Chávez Chávez por su nombre pero se citan dos casos de averiguaciones iniciadas en 1996, siendo él titular de la procuraduría estatal. Cuando dejó ese cargo, más de dos años después, continuaban abiertos los procesos respectivos, lo que denota la flojedad del impulso ministerial. En uno de ellos, por si fuera poco, a sabiendas de que cinco detenidos por la comisión de varios crímenes formaban parte de una pandilla enorme, de casi cien miembros, no se les inició proceso por asociación delictuosa ni continuaron las investigaciones hasta detener al resto de la banda.Como símbolo señero del desdén del poder a los gobernados, el Senado no recibió a las agrupaciones, algunas de ellas formadas por familiares de las víctimas de Ciudad Juárez, opuestas a que su antiguo procurador local lo fuera de la República. Escuchó al funcionario, que contaba además con valedores en el PRI y el PAN, pero rehusó oír los motivos por los cuales se consideraba que Chávez incumplía el requisito constitucional de contar con buena reputación. Los senadores priistas, que inicialmente parecían tocados por la mala fama de que llegaba precedido el funcionario a ratificar, lo avalaron acríticamente, acaso por un eventual o ya pactado canje de apoyos con el PAN en vista de las varias designaciones en que participará su cámara en las semanas y meses siguientes. Al confirmar así al procurador, los legisladores del PRI hicieron que el Senado retrocediera y perdiera en los hechos un atributo que, por aminorar el peso de la institución presidencial, había sido bien calificado por la sociedad. Cuando se convierte en mero trámite para el que bastara un acuse de recibo, la designación de procurador nos vuelve al presidencialismo arbitrario del pasado.Una evidencia de esa misma índole corrió a lo largo de la comparecencia del secretario Genaro García Luna en la Cámara de diputados. La obligación del presidente de presentar un informe ante el Congreso, puesto que carece de consecuencias, se ha vuelto una práctica engañosa. La porción correspondiente a las competencias del compareciente en el tercer informe, presentado por escrito, es notoriamente insuficiente. Es parcial, pues no se ocupa de varios meses de 2008 y otros más de 2009. Y su contenido no se corresponde con la justificación para el gasto solicitado para 2010, del que es antecedente obligado.Ya en vivo, García Luna se abstuvo, casi sin excepción, de contestar las preguntas de los legisladores. No fue extraño, por eso, que nunca agotara su tiempo en los 17 tramos, de cinco minutos cada uno, que tuvo para ese propósito. Como tenía poco que decir, como quería decir nada, le bastaban dos o tres minutos para ese insulso propósito. El resultado fue que no rindió cuentas, no completó la información deficiente del informe escrito. Y a pesar de ello no queda sujeto a ninguna responsabilidad.Voces hipócritamente pudibundas se escandalizan por la severidad de los juicios que no pocos diputados profirieron sobre García Luna, sobre la insistencia en su renuncia, sobre la grave calificación de asesino que le asestó Gerardo Fernández Noroña. Debe ser un trance difícil ser el blanco de tal enjuiciamiento. Pero es un costo ligero por ejercer el poder sin ningún otro gravamen democrático, como sería estar sujeto a un escrutinio riguroso del que dependiera mantenerse en el cargo.El jueves 24 de septiembre vimos, como en una película, como en un escenario, el modo de ejercer el poder en México.

CARTA ABIERTA A ARTURO CHAVEZ CHAVEZ

DENISE DRESSER GUERRA

Estimado procurador Chávez Chávez:¿Y si su hija o su madre o su hermana desapareciera un día cualquiera? ¿Y si pasara semanas y meses sin saber de ella? ¿Y si colocara fotos y descripciones y peticiones de ayuda –“delgada de pelo largo”– en lugares públicos? ¿Y si después encontraran su cuerpo tirado en un lote baldío? ¿Y si fuera evidente que ha sido violada y mordida y estrangulada y mutilada? ¿Y si la hubieran acuchillado 20 veces? ¿Y si le entregaran los restos de su ropa en una bolsa de plástico? ¿Y si las autoridades no le prestaran atención? ¿Y si, aunque usted contara su caso cientos de veces, prevaleciera el silencio? Estas son las preguntas que las madres de las muertas de Juárez hacen desde años y que usted y 75 senadores desoyeron. Estas son las preguntas que la sociedad mexicana debería presentarle, ya que durante su ratificación en el Senado nadie se las formuló. Preguntas cuya falta de respuesta debió haberlo inhabilitado para el puesto al que arriba.Pero en su caso pesaron menos las muertas y más las fichas de negociación; pesaron menos las acusaciones en su contra y más los acuerdos partidistas en su favor. El PAN cerró filas ante el recomendado por su presidente, y el PRI cerró filas para cobrarle el favor, ignorando omisiones con tal de obtener comisiones. Ignorando errores con tal de participar en la costumbre del canje. Ignorando que en Ciudad Júarez –cuando usted era procurador– quienes buscaban a mujeres desaparecidas encontraban huesos en el desierto. Ignorando que en Ciudad Júarez nadie tuvo voluntad política para resolver los crímenes ni capacidad para prevenirlos. Al ratificarlo a usted, el Senado también se ratifica a sí mismo como una institución ciega, sorda y sexista. Como usted y quienes lo avalaron prefieren olvidar, desde 1993 cientos de mujeres salieron de su casa y no regresaron a ella; terminaron de trabajar y nadie las volvió a ver; tomaron un camión y acabaron en un ataúd. Eran estudiantes y amas de casa y meseras y secretarias. Tenían entre 15 y 25 años. Solían ser pobres y de pelo largo. Trabajaban por seis dólares diarios ensamblando radios. Emigraban de distintas partes del país a Ciudad Juárez pensando que podrían vivir mejor allí. De pronto se volvieron desechables, anónimas. Pero no es así. Sus madres y sus hijos y sus esposos y sus hermanos las conocen, las recuerdan, las extrañan. Saben que se llamaban Paloma Angélica, Érika Noemí, Érika Ivonne, Lilia Alejandra, Irma Rebeca, Laura Georgina, Laura Alejandra, Flor Idalia. Saben que eran delgadas y bonitas. Saben que eran el sostén económico de sus familias.Y saben que las investigaciones sobre su desaparición –que usted encabezó– fueron una farsa, una broma, una tragedia de errores. La corrupción y la complicidad llevaron a desaparecer pruebas y dejar en libertad a sospechosos, a ignorar información de testigos y a amedrentarlos, a encarcelar inocentes y a fabricar culpables. Más que perseguir, las autoridades de las cuales usted formó parte se dedicaron a encubrir. Más que investigar, diversos funcionarios públicos a su cargo se abocaron a tapar. Y ahora usted nos dice –lacónico, evasivo, esquivo– que “encaró el problema con los instrumentos institucionales que en ese momento tenía la procuraduría”. Nos dice que la culpa fue de los Ministerios Públicos. Nos dice, palabras más, palabras menos, lo mismo que alguna vez respondió Vicente Fox: “¿Y yo por qué?”.Difícil creer que, ahora sí, usted combatirá la impunidad, cuando forma parte de su legado. Difícil creer en el reporte que quienes lo defienden hicieron circular en el Senado, cuando hay tantas investigaciones nacionales e internacionales que contradicen la supuesta eficacia de su trabajo descrita allí. En Ciudad Juárez no ha habido muchos criminales condenados, pero sí muchas autoridades condenables. Procuradores como usted que atribuyeron la muerte de múltiples mujeres a la “doble vida” que llevaban y a la ropa “provocadora” que usaban. Los peritos que, por descuido, dejaron huesos, pelo y ropa en el sitio donde fueron encontrados los últimos cuerpos. Los policías que mataron “accidentalmente” al abogado defensor de uno de los acusados, cuya confesión había sido extraída con base en la tortura. Los investigadores que quemaron más de mil libras de ropa de las víctimas, acumulada durante 10 años. Los expertos que le hicieron pruebas de ADN al cadáver equivocado. Los errores que llevaron a la CNDH a emitir una recomendación en su contra. Las omisiones que condujeron a una delegación de expertos enviados por la ONU a hablar de los “horrores” y los “abusos” y las “peores prácticas internacionales” asociadas con su gestión.Fernando Gómez Mont –uno de sus principales promotores– asegura que usted es un hombre bueno, sereno, valiente, responsable, respetuoso de la ley. Pues tendrá que probarlo porque esa no es la impresión que queda después de su desempeño en Chihuahua. Esa no es la imagen que lo acompaña dado lo que dejó tras de sí. Usted llega adonde está hoy por un pacto político promovido por los partidos y los senadores y los gobernadores y los policías y los hombres. Usted asume su puesto gracias a una constelación de intereses distante de las demandas de la sociedad. Usted ha logrado convertirse en el primer abogado de la nación porque la clase política aún está poblada por personas a las que no les quita el sueño una muerta más u otra mujer faltante. No les preocupa la impunidad rampante y la ineficacia gubernamental que hace posible su institucionalización. Ahora usted salta de la provincia al centro, trayendo prácticas y actitudes cuestionables consigo. Arrastrando un problema no resuelto y con muchos esqueletos en el clóset. Por eso allí están los fantasmas que ojalá lo acompañen a lo largo de su paso por la procuraduría; en busca de voz, en busca de justicia, en busca de descanso. Fantasmas de los cuales no dejaremos de hablar. Casos cuyo esclarecimiento no dejaremos de exigir. Mujeres cuyos nombres no dejaremos de repetir. Para que algún día usted logre entender que los derechos de las mujeres no son diferentes ni de segunda clase. Para que usted desarrolle la sensibilidad que lo lleve a escuchar a quienes siguen marchando afuera de su oficina, vestidas de luto, vestidas de negro. Para que la próxima vez que una madre se arrodille frente a usted y le ruegue que encuentre a su hija desaparecida, usted le tienda la mano en vez de negársela.

¿UNA DERECHA MODERNA EN MEXICO?

ARNALDO CÓRDOVA

La derecha en México siempre ha sido una posición ideológica desde la que se buscan defender los privilegios de la riqueza y el abuso del poder, con muchas justificantes: la religión, la propiedad, la cultura y, ante todo, la libertad (de empresa, de pensamiento, de iniciativa y muchas más). Desde luego, tal como sucede con la izquierda, es muy difícil definir a la derecha, pero creo que entre las dos es la más fácil. Los datos de la realidad asoman por todos lados. Yo, en lo personal, siempre he buscado enfrentar a la derecha en sus propios principios y en sus principales exponentes. A la derecha, creo yo, hay que desenmascararla tal como es y no como ella se presenta.
En mi trabajo han sido mi enseña dos autores a los que venero por su inteligencia: el inglés Edmund Burke (nacido en Dublín), contemporáneo de la Revolución Francesa y uno de sus más punzantes críticos, e Isaiah Berlin, un judío de Riga que se aclimató en Inglaterra en el siglo XX y se convirtió en uno de sus más brillantes pensadores. Berlin, en particular, hizo esfuerzos por encontrar la esencia de lo que eran la izquierda y la derecha, admitiendo siempre la dificultad para definirlas. La izquierda busca la igualdad, la derecha la libertad. A mí ése me pareció un método mezquino e hipócrita de definir. Tanto la derecha como la izquierda, en la realidad, son mucho más.
Entre los días 3 de marzo y 28 de abril de 2008, mis colegas del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Roger Bartra y Francisco Valdés, organizaron un seminario invitando a estudiosos y exponentes de la derecha a discutir la posibilidad en México de una derecha moderna. Este año, Bartra editó las ponencias de los participantes en el libro Gobierno, derecha moderna y democracia en México (Herder y Konrad Adenauer Stiftung). Valdría la pena que los interesados en el tema lo leyeran con cuidado. Aunque debo decir que en él busqué algo que me indicara que en México es posible una derecha moderna y no encontré más que buenos deseos.
En el libro hay aportes valiosos. Uno es el de Fernando González sobre las sociedades y grupos secretos que detentan el poder en la derecha y que no son de ahora, sino que nos vienen de hace mucho. Bartra señala los puntos esenciales que definirían a una derecha ilustrada en nuestro país: respeto al Estado de derecho, respeto por las reglas democráticas, respeto de las leyes, vale decir, ser moderna. Hay una derecha social, atrasada, y una derecha política, ligada a los intereses económicos. El autor nos dice que los intereses económicos son referentes importantes para definir la noción de derecha; pero no le parecen suficientes. Los parámetros religiosos de la derecha son comunes a ambas. Concluye que la polaridad entre izquierda y derecha puede desaparecer.
Esa misma conclusión saca Francisco Valdés partiendo de la experiencia chilena donde izquierda y derecha se unieron para batir a Pinochet. Cita al poeta chileno Nicanor Parra: La izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas. Para Soledad Loaeza, no se trata sólo de intereses económicos, pues se debe admitir que hay un electorado de derecha, amplísimo, que es el que ha dado sus triunfos a los candidatos derechistas y que, por lo visto, está resultando imbatible. Creo que los primeros son estimulantes para quienes hoy en Oaxaca, en el PRD y otras fuerzas, buscan una alianza de la izquierda con la derecha. La advertencia de Loaeza les debería servir para algo más.
Hubo en el seminario participaciones de derechistas declarados y confesos. Carlos María Abascal, el que se indignó porque a su hija una maestra la había hecho leer Aura, de Fuentes, no hace más que refreír lo que los viejos derechistas ultramontanos (como su padre) aprendieron tan mal de la doctrina social de la Iglesia, sobre todo, aquello de que el valor supremo de la vida social es la persona humana (nunca fueron capaces de definir en qué diferían la persona humana asalariada y explotada y la que explota a y vive de los demás). Junto a su nombre aparece el del que supongo es su hijo y se llama Salvador, pero habla siempre en primera persona: “… como explicaré en esta reflexión…”
Otro es Juan Molinar. A éste lo conozco desde que era estudiante. Jamás pude saber a qué credo ideológico se debía, pero ahora resulta, lo confiesa en su breve participación, ser de derecha. No se si haya leído a Berlin (recientemente se publicó una antología de ensayos de este autor que está pésimamente impresa y abunda en errores tipográficos: El estudio adecuado de la humanidad, Turner, México, 2009). En su ensayo La búsqueda del ideal, como lo referí al principio, el autor británico define a la derecha y a la izquierda por sus valores supremos, la libertad y la igualdad; sólo que confiesa que, para él, vale la pena luchar por ambos. Molinar dice que tiene un amor entrañable por la igualdad, pero que, como es de derecha, se queda con la libertad.
De Enrique Krauze, francamente, me esperaba mucho más. Recurre al viejo truco de descalificar el término de derecha porque siempre se emplea para insultar a los oponentes y no dice absolutamente nada en sí mismo. Extraña, por ello, que se largue con una tirada como ésta: “… no me cuesta trabajo alguno decir que el cardenal Rivera es de derecha... De igual manera, no tengo empacho alguno en aceptar que el actual gobernador de Jalisco también lo es… Tampoco tengo inconveniente en catalogar de esa manera a los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, a El Yunque, a los Legionarios de Cristo y a un sector del Partido Acción Nacional… Sin embargo, la gran pregunta es: ¿De qué nos sirve llamarle a todo aquel conjunto ‘de derecha’? Creo que aún entre todos estos protagonistas colectivos de la vida mexicana hay diferencias. A mí lo que me interesa conocer son esas diferencias”.
Aparte su obstinada petición de principios, a Krauze vendría de preguntarle qué piensa de Televisa, de TvAzteca, de los treinta y tantos monopolios dueños de la riqueza nacional (de los 300 de Legorreta), de los gobiernos panistas y de los dos últimos priístas, de los que nunca dice nada. Se que es un lector asiduo de Berlin (y conoce también a Burke). ¿Por qué no se sitúa a su nivel e intenta, él también, definir a la derecha, cosa que no hace en su ensayo? Le agradezco, empero, que confiese que no le cuesta trabajo definir de derechistas a ciertos sectores. Sus derechistas son sólo pequeñas excrecencias de un poder mucho mayor y más dominante en nuestro país y él lo sabe.
Parafraseando a mi querido Monsi, al que encuentre una derecha ilustrada, moderna y bonita: ¡favor de devolverla!

LAS MASCARAS DE SALINAS

JENARO VILLAMIL

o buena fe son las dos únicas cualidades que no se le pueden atribuir a las constantes apariciones de Carlos Salinas de Gortari.Convencido que transformará las máscaras que lo inmortalizaron como un Chupacabras político para convertirlas en los rostros de un gran negociador, de un socialité (según la revista Quién ), de un salvador de la patria ante la "década perdida", de estadista y hasta padrino de bodas y de destapes a modo que puede influir sobre los destinos del país, el exmandatario reapareció en el mismo estado donde decenas de jóvenes anónimos hicieron mofa de su figura, echando mano de las mismas botargas que lo inmortalizaron como El Innombrable.Veracruz forma parte de la nueva gira de rehabilitación pública que Salinas arrancó el 1 y 2 de agosto, cuando se placeó en plan "turístico" por Oaxaca, acompañado por el gobernador Ulises Ruiz.En esa entidad fue a dictar una conferencia ante empresarios pertenecientes a la comunidad libanesa, a recibir alabanzas de comensales "sembrados" en el café La Parroquia y a demostrar que él sigue siendo no sólo un economista enterado, sino un factor de poder político ineludible.Sueña con seguir ejerciendo las facultades metaconstitucionales que lo convirtieron en un presidente poderoso y temido, pero ahora desde su máscara de académico, conferencista y exmandatario que busca la reconciliación. A Salinas no le interesa sólo hacer gala de sus buenos oficios. Los gobernadores salientes de Veracruz, Oaxaca y Puebla forman parte del corredor de mandatarios estatales que pretenden competir al interior del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por la nominación presidencial del 2012.Fidel Herrera, Ulises Ruiz y Mario Marín –el "club de los feos" los llaman algunos-- forman parte de un grupo informal que rivaliza con Enrique Peña Nieto, el "guapo" y el delfín más aventajado de la nueva generación salinista que pretende recuperar el poder. Para quien sabe leer entre líneas –y los priistas son expertos en eso--, Salinas está demostrando que puede ser juez y parte en la contienda interna del PRI, que él es el único jefe máximo que les queda –por eliminación, por exilio o por "súbito envejecimiento"-- entre los expresidentes vivos o moribundos del PRI.Sin embargo, sus dulces palabras para apoyar el proyecto fiscal del presidente panista Felipe Calderón, más que a respaldo suenan a un recordatorio de la capacidad que tiene aún Salinas para vetar, restar o sumar votos en la Cámara de Diputados."Hay un esfuerzo del presidente (Calderón) al que todos, desde los distintos ámbitos que estemos, tenemos que sumar. Más que señalamientos de lo que falta, hay que sumar", afirmó en tono doctoral Salinas después de reunirse con cerca de 400 empresarios veracruzanos.La palabra clave fue "sumar". Y Salinas sabe sumar. Con sus 32 diputados federales, Veracruz es la segunda entidad con mayor número de diputados del PRI. Sólo la supera el Estado de México, donde el "carro completo" aplicado sobre la base de mucho dinero e infomerciales en Televisa y TV Azteca, le permitieron al Grupo Atlacomulco computar 38 diputados federales.Las otras dos entidades clave son Oaxaca y Puebla, que aportaron 11 y 16 legisladores del PRI a la bancada que coordina Francisco Rojas, un antiguo amigo y excolaborador de Salinas. Entre las cuatro entidades suman casi cien diputados federales.Por si fuera poco, Salinas también lleva puesta la máscara de asesor informal de la Secretaría de Hacienda.Pieza clave en la asignación de recursos presupuestarios para los estados es su concuño José Antonio González Anaya, coordinador de asesores del titular de esta dependencia, Agustín Carstens.Este personaje tiene la "cartera" o la chequera abierta para todas aquellas entidades que ahora reclaman recursos para cubrir los faltantes provocados por la crisis económica y el despilfarro en los comicios del 2009.Y una última máscara que siempre le queda bien a Salinas es la de revirarle a sus críticos con el "beso de la bruja". Convencido que devolverá "golpe por golpe", le declaró al periódico Milenio que le extrañaban las críticas del diputado panista Javier Corral, pues en varias ocasiones se reunió en privado con el legislador chihuahuense para recibir "apoyos".Durante la comparecencia del secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, en la Cámara de Diputados el jueves pasado, Corral recordó las agrias acusaciones del expresidente Miguel de la Madrid en contra de su sucesor, difundidas por Carmen Aristegui en MVS. En aquella ocasión, Salinas operó de inmediato y decretó que De la Madrid padecía ciertas lagunas mentales que le impedían entender las preguntas que le formularon los reporteros. De paso, Salinas también regañó a Aristegui por haber "abusado" de las malas condiciones de un pobre anciano.La máscara del derecho de réplica no le queda muy bien al licenciado Salinas. El expresidente pretende silenciar e 'invisibilizar' a sus críticos –"ni los veo ni los oigo"--, a través de sus acuerdos con Televisa y TV Azteca, las dos empresas más beneficiadas durante su sexenio con concesiones, prebendas fiscales y publicidad.Por supuesto, nadie le ha preguntado a Salinas dónde estaba él, un gran economista enemigo de los monopolios, cuando se quiso imponer la Ley Televisa en marzo de 2006.Frente a eso, la insidia contra Corral suena más a un golpe bajo para luego recetarnos lo que siempre ha sido su respuesta ante muchos de los expedientes abiertos en su contra: "Todo es política ficción".

IFAI, EL PEOR ESCENARIO

JESUS CANTU

El presidente Felipe Calderón está dispuesto a acabar con la autonomía de los llamados órganos autónomos, al llenarlos de sus incondicionales servidores, y con la transparencia y el acceso a la información pública gubernamental, al dar otro paso en firme para blindar al máximo la información vinculada con el combate al narcotráfico y la delincuencia organizada. Con la designación de Wanda Sigrid Arzt Colunga y María Elena Pérez-Jaén como nuevas comisionadas del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) se confirmó que para la ocupación de las vacantes en las que participan el Ejecutivo (como ponente) y el Legislativo (como poder que designa, ratifica o no objeta), las cuotas partidistas prevalecen sobre los requisitos de idoneidad de los candidatos.La pareja designada deja claro que el presidente y los personeros del Partido Revolucionario Institucional acordaron repartirse los dos puestos: “uno para ti (Pérez-Jaén) y otro para mí (Arzt Colunga)”. El periodo que cubrirán en el IFAI será del 12 de septiembre de 2009 al 11 de septiembre de 2016, con lo cual estarán en su cargo los últimos tres años de este gobierno y los cuatro primeros del siguiente.Aparte de los puestos otorgados a estas dos comisionadas del IFAI, en los próximos tres meses se ocuparán otras cuatro posiciones cruciales para la vida nacional: las correspondientes a dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y a la dirección o gubernatura del Banco de México, que tendrá efectos desde enero. Por lo pronto, la ratificación en el Senado de Arturo Chávez Chávez como procurador general de la República, impulsado por Felipe Calderón, confirma que panistas y tricolores ya acordaron repartirse los puestos entre sus incondicionales.Por lo que se refiere a los órganos autónomos, salta a la vista que, para ocupar las vacantes, en todos los casos, Calderón se decide por sus incondicionales, sin importar sus credenciales en la materia. Privilegia la lealtad sobre la capacidad; pero se le olvida que uno de los requisitos indispensables (aunque no suficiente) para lograr la confianza ciudadana y preservar la neutralidad política de los órganos autónomos es la idoneidad de sus integrantes. Calderón interpreta que la idoneidad de los funcionarios depende de que le sirvan a él y a sus propósitos, no a las instituciones ni al país, como ya lo mostró al ocupar plazas previas en Banxico y en el mismo IFAI, así como al proponer a su secretario de Economía, Eduardo Sojo, para la presidencia del Inegi. Obviamente, lo mismo hacen los priistas, como ocurrió con toda claridad al designar a los integrantes del Consejo General y al contralor del Instituto Federal Electoral (IFE). Con la designación de Arzt Colunga, Calderón procuró tener, aparte de una comisionada de su entera confianza, alguien que le permita cerrar todavía más el acceso a la información vinculada con el combate a la inseguridad. Tal es el sentido de echar mano de la exsecretaria técnica del Consejo de Seguridad Nacional.Para Calderón y su gobierno, la lucha contra el narcotráfico es lo que para Bush fue el combate al terrorismo: el pretexto ideal para violar flagrante, pública e impunemente los derechos humanos, incluyendo el derecho a la información. Cabe al respecto recordar que el acceso a la información de la PGR y de la Secretaría de Seguridad Pública han sido motivo de conflicto permanente entre el IFAI y los titulares de dichas dependencias.Las resoluciones del IFAI lograron que la PGR abriera las averiguaciones previas en las que se había decretado el no ejercicio de la acción penal, es decir, aquéllas en las que el Ministerio Público (MP) consideraba que no existían elementos para consignar ante un juez. Y es que, mediante la mala integración de un expediente o la interpretación sesgada de lo que consta en el mismo, el MP –que en México tiene el monopolio de la acción penal– puede proteger a culpables decretando el inejercicio de la acción penal.Acceder a los expedientes que no se consignan ante un juez tiene la mayor importancia porque constituye la única rendición de cuentas a la que puede sujetarse el MP, aunque la sanción que sus integrantes pueden recibir por conductas indebidas se reduzcan al ámbito de la opinión pública, pues rara vez se inicia un procedimiento administrativo o penal en contra de un agente del Ministerio Público.Para contrarrestar dicha apertura, el 23 de enero de 2009 se reformó el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, que ahora asienta: …Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, únicamente deberá proporcionarse una versión pública de la resolución de no ejercicio de la acción penal, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal, sin que pueda ser menor de tres ni mayor de 12 años, contado a partir de que dicha resolución haya quedado firme.Si la resolución de no ejercicio de acción penal resulta de la falta de datos que establezcan que se hubiese cometido el delito, el Ministerio Público podrá proporcionar la información de acuerdo a las disposiciones aplicables, siempre y cuando no se ponga en riesgo indagatoria alguna.En ningún caso se podrá hacer referencia a información confidencial relativa a los datos personales del inculpado, víctima u ofendido, así como testigos, servidores públicos o cualquier persona relacionada o mencionada en la indagatoria.El Ministerio Público no podrá proporcionar información, una vez que se haya ejercitado la acción penal, a quien no esté legitimado.Al servidor público que quebrante la reserva de la información de la averiguación previa o proporcione copia de los documentos que contenga, se le sujetará al procedimiento de responsabilidad administrativa o penal que corresponda…Sin embargo, pareciera que, para garantizar la opacidad en este campo, dicha reforma no era suficiente y se requería tener además, dentro del órgano de transparencia, a alguien que pudiera conseguir que la información en materia de seguridad fuera inaccesible. Para ello, qué mejor que una experta en seguridad que dispone de todas las confianzas del presidente.El PRI, por su parte, buscó a alguien que en el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal comprobó que puede ser un incómodo y eficaz persecutor de un gobernante, papel que jugó María Elena Pérez-Jaén en contra del entonces jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador. Ahora, durante tres años, será una tozuda y molesta comisionada para Calderón, y, como los priistas ya se ven en Los Pinos nuevamente, a partir del 1 de diciembre de 2012 se transformará en una leal y dócil funcionaria pública.Tales decisiones dañan seriamente a otra de las pocas instancias (una más sería la electoral) que han representado avances en la construcción de una institucionalidad democrática, aunque esto parece secundario para los actores políticos involucrados (Calderón, panistas y priistas), pues primero están sus intereses particulares.